El Parlamento de Andalucía ha aprobado la ley de reconocimiento de autoridad del profesorado cuyo objetivo es el de “fomentar la consideración y el respeto que le son debidos por el ejercicio de sus funciones y competencias”. La ley ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y PSOE. Unidas Podemos se ha abstenido mientras que los diputados no adscritos de Adelante Andalucía han votado en contra.
La norma, cuya aplicación se hará en todos los centros docentes no universitarios, dota a la administración educativa de los mecanismos para que se ponga en valor la función de los docentes y que puedan desarrollar su labor “con las máximas garantías”. La ley reconoce a los profesores como “pilar fundamental del sistema educativo” y garantiza “el trato, la consideración y el respeto” a su figura por parte del alumnado, de las familias y del resto del personal educativo y no docente.
“La aspiración de esta ley es que el profesorado tenga el máximo respecto de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general”, ha dicho el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en una intervención escueta antes de la votación.
El texto contempla “la potestad y la autonomía” de los profesores para imponer medidas correctivas con el fin de mantener la convivencia en el centro educativo. Esto facilita la condición de autoridad pública ya que estas decisiones contarán con la presunción de veracidad, salvo prueba contraria. Según la consejería de Educación sólo en los centros públicos se producen casi 34.000 conductas graves cada año en España. Ante el cuestionamiento del profesorado, los insultos y las agresiones, la ley incluye protección y asistencia jurídica, así como la cobertura civil en relación con los hechos que puedan derivarse del ejercicio de su profesión. A la representación y defensa en juicio también se le une la asistencia psicológica gratuita para los docentes.
Esta ley de reconocimiento de autoridad del profesorado recoge además la responsabilidad y reparación de daños del alumnado frente a instalaciones y materiales de los centros docentes y a las pertenencias de la comunidad educativa.
Vox ha recordado que los profesores cuentan con una autoridad “muy frágil” y que según su diputado, Macario Valpuesta, “está desapareciendo”. La formación de extrema derecha ha apoyado un texto que también ha contado con el respaldo del PSOE. La diputada socialista Beatriz Rubiño ha puesto de relieve que la ley “es fundamental para el desarrollo de la función docente” ya que “fomenta la creación de un clima de respeto dentro y fuera de los centros educativos”.
Sin embargo, Rubiño ha destacado que el texto viene a “repetir normas que ya están recogidas en otras legislaciones”. En esa línea Unidas Podemos ha lamentado que el Gobierno andaluz “venda humo” con una ley que “no es necesaria” porque su articulado “ya está contemplada en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y en las modificaciones posteriores”. Su diputada, Ana Naranjo, también ha pedido “menos diplomas y más recursos” para el profesorado con el objetivo de afrontar las carencias del sistema educativo como el déficit de plantillas y la falta de inversión.
El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha acelerado su ritmo legislativo y antes del descanso estival ha incluido en el último pleno el debate a la totalidad de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y el debate final de la Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía.
La LISTA, conocida como la Ley del Suelo, es uno de los proyectos “clave” del Gobierno andaluz para sustituir a la actual Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) de 2002. La tramitación parlamentaria se ha iniciado con retraso según la hoja de ruta del Ejecutivo después de que Vox la descarrilara a finales de mayo. En esta ocasión no ha habido sorpresa en la votación a la enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos que ha contado con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE.
La confederación mantiene que el texto es una vuelta “al pelotazo urbanístico”. “Se le va a dar un vuelto al ataviaje jurídico que sostiene el urbanismo en Andalucía”, ha argumentado su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, que ha afeado que la LISTA no pase por “una tramitación reposada” sino por la vía de “urgencia”. La nueva ley, defendida por la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, busca reducir los trámites administrativos y otorgar seguridad jurídica a la situación urbanística de los municipios andaluces.
Para el avance parlamentario de la LISTA el Ejecutivo ha negociado con Vox, que ya había defendido la norma hasta la crisis migratoria de Ceuta de hace un par de meses. Ahora da vía libre a la tramitación de una ley también ha facilitado el PSOE. Las distintas reuniones entre el Gobierno y los socialistas se han enmarcado dentro del nuevo contexto de cooperación con el que Juan Espadas quiere ejercer lo que denomina como “oposición constructiva por el interés de todos los andaluces”.
Los socialistas coinciden con el Ejecutivo en agilizar la maraña burocrática que muchos ayuntamientos tienen con sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El PSOE nunca fue contrario a una iniciativa que recupera algunas de las propuestas plasmadas en la LUSA (Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía) y que se quedó en el tintero en la anterior legislatura.
Por otro lado, en el pleno también se ha aprobado la ley de Infancia y Adolescencia que sustituye a una de 1998. La consejería de Igualdad, Rocío Ruiz, ha intentado sacar adelante una iniciativa con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, pero Vox la ha rechazado. La ley busca regular los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y definir las competencias administrativas de la Junta en esta materia.
Tras la jornada de este jueves el periodo de sesiones se suspende en agosto. El próximo pleno se celebrará los días 15 y 16 de septiembre. El mandato del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ya apunta a su último tramo y pese a los tambores de adelanto electoral, el Ejecutivo tiene todavía por delante la aprobación de la LISTA y de la Ley de Tributos Cedidos, la conocida como reforma fiscal, antes de apuntalar los objetivos marcados.
Este miércoles Moreno se ha reunido con el grupo parlamentario del PP para hacer balance de este curso en el que el Ejecutivo ha aprobado 52 decretos ley y nueve leyes, tres de la cuales se ha debatido en esta jornada. El presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a recalcar su postura de “diálogo y consenso” que le ha permitido avanzar con el “ritmo reformista” de las iniciativas de su Ejecutivo “por encima de las trincheras ideológicas”.
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