Algo se mueve contra el sistema de oposiciones a Secundaria en Andalucía. No es la primera vez que los aspirantes denuncian el desarrollo de un proceso, ni que se oyen críticas a un modelo que muchos consideran caduco, poco orientado a la realidad de las aulas y que pivota en exceso sobre la capacidad memorística del opositor. Pero ahora, los aspirantes están encontrando apoyos desde dentro.
Esta semana se ha hecho viral la carta de Ismael Ramos, vocal del Tribunal 37 de Geografía e Historia en Granada, en la que pide perdón a los opositores de su tribunal. Denuncia un sistema de selección “injusto y opaco”. Un sistema que, según cuenta, exprime a los miembros del tribunal haciéndoles evaluar 500 páginas cada día en varias jornadas consecutivas de hasta 14 horas. “¿Es posible calificar ese volumen de ejercicios con rigor y equidad en ese plazo?”, se pregunta en la nota: “Si a ello sumamos que, en ningún momento del proceso existe un control externo, ¿quién garantiza que todos los ejercicios se han corregido con el detenimiento y precisión que este proceso exige?”
La carta de Ramos, profesor de Geografía, ha recibido el apoyo no solo de opositores, sino también de una presidenta de tribunal en las oposiciones del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP). Como Ramos, ella también ha pedido perdón a los aspirantes de su tribunal.
La Consejería de Educación resta importancia a un par de críticas entre “casi 3.000 miembros” de tribunales, y asegura que “no responde a la realidad”.
Una plataforma de aspirantes, Opositores Reclaman, está acumulando quejas para interponer un recurso administrativo y, eventualmente, un contencioso-administrativo contra el proceso de este año. María José Palanca, su presidenta, asegura que han recabado doscientas adhesiones a ese futuro recurso, en cuya elaboración ya trabaja un abogado. Denuncian “irregularidades y una falta integral de transparencia” en el concurso-oposición de profesores de educación secundaria en Andalucía. Ponen en cuestión el último proceso, pero quieren modificar el sistema.
La plataforma sospecha que las notas en el supuesto práctico de muchas especialidades se han ajustado artificialmente para encajarlas en un número de plazas preasignado por tribunal. “Creemos que, una vez cubiertas, los demás debían ser suspensos”, señala Palanca. De ser cierto, pondría en cuestión el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
“Los bajos porcentajes de aprobados en la primera prueba se repiten en muchos tribunales de distintas especialidades y el motivo casi siempre es el mismo: la baja nota en el supuesto práctico, que impide hacer media”, señalan los opositores, en una petición en Change.org que ya ha tiene más de 5.000 firmas.
Para superar la prueba práctica se exigía una puntuación mínima de un 2,5 sobre diez. La plataforma está recabando los listados de todos los tribunales y calcula que el porcentaje de aprobados en la prueba práctica en la mayoría de ellos es de apenas un tercio del total de aspirantes. Ponen como ejemplo el examen práctico en la especialidad de Francés, donde en torno al 85%-90% de los opositores habría obtenido menos de un 2,5: “Es harto improbable que el grueso del cuerpo de opositores de una especialidad no esté cualificado para conseguir una calificación superior a un 2,5 en un examen práctico”. Este medio ha podido comprobar que en varios tribunales la mitad o más de quienes realizaron la prueba práctica obtuvieron menos de un 2,5.
La Consejería, que niega que haya porcentajes preasignados de aprobados y resalta que los tribunales son “soberanos”, no ha facilitado el porcentaje de aprobados en las pruebas prácticas, alegando que los dará a conocer cuando finalice el proceso.
Esta queja colectiva, que empezó a fraguarse a comienzos de mes, ha encontrado apoyo en la carta de Ismael Ramos. Por teléfono, este profesor de Geografía e Historia cuenta que su protesta surgió de un “conflicto interno”. Después de haber sido “obligado” a participar en el tribunal ha descubierto en estas semanas sus graves deficiencias. Durante unos días, pensó en renunciar, exponiéndose a una posible sanción disciplinaria. Finalmente se mantuvo como vocal, pero decidió hacer público su malestar. Además, está preparando un informe técnico que presentará ante la Dirección General de Recursos Humanos.
“Pido perdón, y necesito hacerlo, a todos y cada uno de los opositores de mi tribunal. Antes que nada, sabed que muchos de quienes no habéis superado la primera prueba, ni tampoco superaréis la segunda, no tenéis la culpa de ello. El responsable último es un sistema de selección injusto y opaco que os ha centrifugado”, comienza su carta.
Ramos critica el proceso porque no es garantista con los opositores. Los miembros del tribunal acumulan una ingente carga de trabajo en pocos días y en esas circunstancias no es posible garantizar que lo desarrollan con el rigor suficiente para que se respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, según opina.
En su carta, Ramos habla de la “suerte” de superar la primera fase del examen, tras la cual los opositores deben presentar y defender la programación didáctica. “El tribunal, en el mejor de los casos, cuenta con un día y una tarde para calificar todas la programaciones antes de empezar las pruebas orales”. Los miembros del mismo dedican entonces siete u ocho horas, insertas en jornadas de entre 12 y 14, para escuchar reiteradamente exposiciones metodológicas sobre aspectos alejados de lo que ocurre en “un día normal en un aula real”: “A mi juicio, este es un proceso tan absurdo como sería seleccionar a cocineros a partir del relato de sus recetas o a pianistas contando, ante cinco personas extenuadas, cómo interpretarían una partitura sin acercarse a su instrumento”.
Ramos explica a elDiario.es/Andalucía que este proceso agotador tiene su colofón en la imposibilidad de que los opositores revisen su examen. “¿Quién garantiza que se ha corregido su examen? No digo que no se corrija, pero yo tenía 500 hojas diarias. Hay una duda razonable. Si en la práctica diaria estamos obligados a enseñarlos, ¿por qué la inspección nos dicta expresamente que no se puede sacar un ejercicio de una oposición?” Según la administración, este año no se pudo sacar el cuaderno de ejercicios por protocolo COVID.
La Administración niega que en esta convocatoria hubiese una carga excesiva de trabajo sobre los tribunales que pudiera repercutir en su desempeño. Al contrario, “el fuerte descenso de candidatos presentados frente a los matriculados ha hecho que la presión sobre los tribunales haya bajado”, señalan fuentes oficiales.
“Los exámenes los corrigen cinco funcionarios de carrera de forma independiente y anónima”, señala un portavoz de la Consejería de Educación, que añade: “Se atiende a los opositores el día de publicación de calificaciones, pero no se permite que los miembros del tribunal puedan ser sometidos a presiones para variar las calificaciones, más allá de posibles errores formales o materiales que deban subsanarse”. Sin embargo, distintos testimonios y el propio Ramos aseguran que en varios tribunales se alegó la imposibilidad de mostrar los exámenes a los candidatos que lo solicitaron.
De hecho, las bases del concurso-oposición no recogen el mecanismo de revisión de los exámenes. Un derecho básico de quien se examina en cualquier proceso y en cualquier etapa educativa. La Consejería de Educación no ha respondido a la pregunta de por qué ocurre esto y si es habitual. Además, los opositores tampoco conocen cuáles son las “rúbricas” o “ítems” de los exámenes, aquellos aspectos, contenidos y conceptos que el tribunal valora.
La carta de Ramos ha generado un notable revuelo en círculos de opositores y ha abierto una espita: Marta Guillén, presidenta de tribunal del cuerpo de Profesores de Formación Profesional, ha escrito otra carta pública pidiendo perdón. Guillén incide en las “jornadas maratonianas” de los tribunales y en la falta de contacto de las pruebas con la realidad diaria. “Lamentablemente, al final este proceso parece más una lotería que otra cosa”, señala. “Los tribunales no tenemos tiempo suficiente para valorar si seréis buenos profesores o no; se trabaja contrarreloj, siguiendo indicadores impuestos en muchos casos poco justificados”.
Ramos explica que ha recibido más apoyos docentes en privado. “Hay personas que han dedicado tiempo, dinero y preparación y me sentía mal por ser partícipe de esta pantomima. El sistema no es garantista de que se valore con equidad y de manera rigurosa sus méritos y capacidad”, concluye el docente, que admite que el problema no es nuevo, pero sí urgente: “Hay que abrir un debate y replantear qué sistema queremos”.
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