SEDICIÓN
El Parlamento andaluz ha solicitado a sus letrados un informe, a instancias del PSOE, ante el volumen de iniciativas del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En lo que va de legislatura, los populares han presentado 20 proposiciones no de ley (PNL) y 19 de ellas versaban sobre competencias exclusivas del Estado, que derivaban en debates críticos contra las políticas del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Una PNL es una figura legislativa menor que no comporta una acción del Ejecutivo, sino un posicionamiento político del Parlamento respecto a algún asunto competencia del Estado o de un Ayuntamiento que, en teoría, puede afectar a los andaluces. En la práctica, todos los partidos utilizan esta figura para traer al debate parlamentario asuntos que comprometen políticamente a sus rivales.
El caso más reciente y significativo tuvo lugar en el Pleno de la semana pasada, que debatió y rechazó “la revisión de los delitos de sedición y malversación” impulsada por el Gobierno de Sánchez, en medio de una sonora bronca entre derechas e izquierdas. El diputado de Vox, Javier Cortés, terminó llamando “golfos” a los socialistas y el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, visiblemente enfadado, le ordenó abandonar la tribuna tras negarse varias veces a retirar los descalificativos del diario de sesiones.
Aquel debate fue un punto de inflexión. El PSOE andaluz acusa al PP de Juan Manuel Moreno de usar “sistemáticamente” las PNL para “confrontar” con el Gobierno central con asuntos de política nacional, siguiendo una estrategia de desgaste para beneficiar las opciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales del año que viene. “Utilizan el Parlamento como arma electoral contra Sánchez”, denuncian los socialistas.
Hace una semana, durante una reunión de la Mesa, el PSOE-A pidió amparo a los letrados de la Cámara, solicitando una aclaración sobre el artículo 171 del reglamento, que regula estas iniciativas, para saber si tienen margen de cortocircuitar la estrategia de confrontación del PP. El pasado miércoles, en la Junta de Portavoces, el presidente del Parlamento solicitó formalmente a los servicios jurídicos un informe específico sobre este asunto.
El artículo 171 del reglamento de la Cámara dice así: “Las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma”.
Es decir, la Junta de Portavoces, donde están representados todos los grupos parlamentarios, puede someter a votación la entrada de una PNL en el orden del día de un Pleno si ésta trata un asunto de competencia estatal, como ha ocurrido con 19 de las 20 iniciativas registradas por el PP en lo que va de mandato. Este artículo ha estado en desuso durante muchos años porque, en la práctica, los partidos aceptaban tácitamente la inclusión de estas PNL cuando votaban a favor del orden del día del siguiente Pleno.
Los servicios de la Mesa siempre advierten, antes de cada reunión, de que una de las iniciativas que se debatirá en la siguiente sesión afecta al artículo 171. En la reunión del pasado miércoles, el PSOE rechazó votar a favor del orden del día y Aguirre comunicó que había solicitado al letrado mayor de la Cámara un informe jurídico “para saber cómo aplicamos el 171”.
El texto no se conocerá hasta la semana que viene, pero la práctica parlamentaria de los últimos diez años sobre el citado artículo anticipa una pequeña victoria política para el PSOE. Efectivamente, los socialistas pueden invocar el 171 y exigir que la Junta de Portavoces vote la calificación de las proposiciones no de ley de PP y Vox que atañen a las competencias exclusivas del Estado.
Los populares tienen mayoría absoluta, pero para sacar adelante su iniciativa necesitan “dos terceras partes de la Cámara”, es decir, 73 diputados de los 109. PP (58) y Vox (14) suman 72 escaños. Con exactitud, dos tercios de los 109 escaños equivalen a 72,6666, pero fuentes parlamentarias confirman que, cuando se ha usado esta votación, siempre se ha redondeado por arriba.
El orden del día de un Pleno se elabora en la Mesa, órgano rector de la Cámara, pero luego quien lo aprueba es la Junta de Portavoces, donde están representados todos los grupos con voto ponderado. Si el PSOE quiere tumbar una iniciativa de PP y Vox contra el Ejecutivo de Sánchez, necesita el respaldo de Por Andalucía, pero también del grupo mixto Adelante Andalucía, que lidera Teresa Rodríguez.
No en todas las proposiciones no de ley se aplica el precepto del artículo 171, se debe atender “al criterio de exclusividad de la competencia del Estado respecto del listado de materias recogido en el artículo 149.1 de la Constitución [19 puntos de legislación estatal, desde Justicia a Hacienda o Relaciones Internacionales] y aquellas sometidas a la reserva de ley orgánica del artículo 81 [leyes orgánicas aprobadas en el Congreso]”.
La mayoría de este tipo de PNL utilizan la misma fórmula introductoria: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno de la Nación [...]”, que se tramita necesariamente por el procedimiento recogido en el artículo 171. Todas las proposiciones no de ley que el PP ha llevado a Pleno esta legislatura -excepto una- cumplían este criterio y, por tanto, su inclusión en el orden del día podría haber sido sometida a votación en Junta de Portavoces, de haberlo solicitado el PSOE.
Los socialistas, poco duchos aún en el ejercicio de la oposición tras 37 años ininterrumpidos en el poder, han tardado tres meses en percatarse de este recurso jurídico, que podría servirles para acotar los debates parlamentarios de PP y Vox en torno a las políticas de Sánchez. Esto dependerá, en todo caso, del informe que presenten los letrados de la Cámara.
Para los de Juan Espadas, el punto de inflexión fue el debate bronco sobre la reforma del delito de sedición, la semana pasada, en la que el diputado Mario Jiménez terminó afeando a voces a Aguirre que permitiera un debate sobre un asunto ajeno a la legislación andaluza que terminó en una cascada de duras críticas de PP y Vox hacia la bancada socialista.
Pero en realidad, el PSOE había empezado a explorar las posibilidades del artículo 171 semanas atrás, cuando la Mesa se negó a calificar una de sus preguntas al consejero de Presidencia sobre la trama criminal de Marbella. Los socialistas acusaron al presidente de la Cámara de “vetar” sus iniciativas para proteger a Moreno del caso de corrupción, narcotráfico y blanqueo en el que están procesados el marido y el hijastro de la alcaldesa marbellí, la popular Ángeles Muñoz. Aguirre, apoyado en los letrados, argumentó que se trataba de un asunto de “competencia municipal”.
Para asuntos relativos a entidades locales, las PNL requieren la misma fórmula que usan las que instan a la Junta a instar al Estado, aunque los socialistas no han usado esta vía, y han optado por meter la polémica de Marbella en el Pleno en su cupo de preguntas al Consejo de Gobierno. La semana pasada lograron irritar, sobremanera, al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que respondió con un aluvión de reproches a las políticas de Sánchez -el conflicto en la aplicación judicial de la ley del sólo sí es sí- y con el macrofraude de los ERE.
La normativa en el reglamento para las PNL que van a Pleno no es la misma que para aquellas que se debaten en comisión parlamentaria. Las segundas no pueden versar, en ningún caso, sobre competencias del Estado. En lo que va de legislatura, el PP de Moreno ha impulsado 19 debates de política nacional en el Parlamento andaluz, cuestionando y atacando duramente las políticas del Gobierno de Sánchez.
Desde las actuaciones del Estado “en materia de política de agua”; “la gestión, eficacia y ejecución” de los Fondos Europeos Next Generation; las medidas del Gobierno contra los “efectos de la inflación”; el compromiso de alcanzar “la gratuidad del primer ciclo de Infantil (0-3 años)”; la formación de los MIR; sobre la autonomía financiera -a raíz del impuesto para ricos con el que el Gobierno contraprogramó la supresión del Impuesto sobre Patrimonio en Andalucía; “contra las medidas para luchar contra la ocupación ilegal”; bajada de impuestos al sector agrario; el auxilio al sector de la construcción; las alternativas al puente de la SE-40; el cierre del cementerio nuclear de El Cabril o la citada sobre la no revisión de los delitos de sedición y malversación“.
Por eso ahora los lectores y lectoras de elDiario.es, si deciden convertirse en socios/as desde este enlace, aportan un 25% de su apoyo a la edición andaluza. Y si ya eres socio de elDiario, también puedes añadir a tu cuota una cantidad extra destinada íntegramente a nuestra redacción de Andalucía.
Así que si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio/socia y haz una aportación extra para nuestra cabecera.