La Mesa del Parlamento ha rechazado la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular (ILP) que registró Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Andalucía a mediados del mes de junio en la que se proponía una modificación de la Ley Electoral de Andalucía.
Según publica el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) del pasado jueves, la Mesa de la Cámara decidió, en su sesión del 26 de junio, no admitir a trámite la citada iniciativa popular presentada por la citada formación, que pretendía recoger más de 40.000 firmas a favor de la reforma de la Ley Electoral andaluza y poder introducir esta “necesidad de regeneración democrática” en el debate parlamentario.
Así lo anunciaron el pasado mes de junio en Sevilla la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, y el líder regional, Martín de la Herrán, quienes calificaron esta iniciativa no sólo como una medida para “garantizar la igualdad de voto de todos los ciudadanos” sino como “una oportunidad para aquellos que, por olvido, dejación de funciones, falta de interés o falta de compromiso político” no han puesto aún en marcha esta reforma de la Ley Electoral que la formación magenta considera urgente para que los ciudadanos puedan “ejercer su derecho al control político”.
En la ILP, consultada por Europa Press, UPyD justifica su iniciativa en que las leyes electorales del país se aprobaron en un contexto en el que había que “favorecer las estructuras políticas de los partidos políticos, dotando al Estado de un sistema de formaciones fuertes que garantizaran la gobernabilidad”, pero que “sacrificaron la libertad de elección de los ciudadanos y limitó la proporcionalidad”.
Tras lamentar que en estas más de tres décadas de democracia apenas hayan sufrido cambios significativos porque “nunca hubo intención de cambiar los paradigmas que le sirvieron de inspiración”, la formación reclama impulsar leyes electorales, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, que favorezcan la representación del pluralismo político existente, permitiendo una participación política real de todos los ciudadanos.
El texto que registró UPyD en la Cámara defendía que es “imprescindible” contar con un sistema electoral que garantice “una proporcionalidad elevada, una coherencia en el reparto” de los votos y, por tanto, “equidad”. Para ello, planteaban la “máxima igualdad del valor del voto” y proponían que se modificaran los artículos 17 y 18 de la Ley Electoral Andaluza para que, entre otras cosas, y aun manteniendo los 109 diputados, a cada provincia le corresponda un mínimo inicial de cinco de ellos, y que los 69 restantes se distribuyan entre las provincias en proporción a su población.
UPyD también quería abrir las listas electorales para mejorar la participación de los electores en la designación de sus representantes, de manera que todos los candidatos que aparezcan en una lista tengan las mismas posibilidades de salir elegidos. Además, pretendía que el ciudadano también pueda calificarlos, si lo desea, como excelentes, muy buenos, buenos, aceptables, malos o muy malos y, en función de estas 'notas', ordenar las listas.
Reforzar el régimen de incompatibilidades de los diputados; reducir los gastos electorales de los partidos mediante la supresión de la subvención para el envío directo y personal de papeletas, propaganda o publicidad institucional; y mejorar la distribución de tiempos durante el periodo electoral en los medios de comunicación, eran otras de las propuestas de esta ILP.