EDUCACIÓN

El Parlamento reabre el debate de la bajada de alumnos por aula impulsado por la firma de 40.000 andaluces

Desde abril de 2018, hace dos legislaturas, el Parlamento andaluz no registraba una iniciativa legislativa a instancias de la sociedad civil. Lo habitual es que sean los partidos políticos o el propio Gobierno autonómico quienes determinan el debate público, quienes eligen e impulsan las leyes, pero existe una normativa que deja en manos de la ciudadanía la posibilidad de tomar la iniciativa, a cambio de recabar el aval de 40.000 ciudadanos registrados en el censo electoral andaluz.

En paralelo al inicio de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Andaluces para 2023, el Parlamento acaba de validar esas 40.000 firmas necesarias para debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa que reclaman una bajada de la ratio escolar, esto es, el número máximo de alumnos por aula.

Un asunto conocido en la Cámara, que ya se ha tratado en numerosas ocasiones desde la perspectiva del Ejecutivo y de la oposición: existe cierta unanimidad en el mundo educativo al señalar la ratio escolar como uno de los principales índices de calidad en la enseñanza. Menos estudiantes para cada docente equivale a proporcionar una educación más personalizada y, por tanto, más efectiva.

La propuesta popular obligará a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Juan Manuel Moreno a abordar en la Cámara legislativa una reforma de la Ley de Educación de Andalucía para bajar el límite legal de alumnos por maestro en cada una de las etapas escolares. En Infantil y Primaria, el tope actual son 25 niños por clase, y se pasaría a 20; en Secundaria, de 30 a 25 alumnos; y en Bachillerato, de 35 a 30.

16 años sin antecedentes de una prórroga denegada

La iniciativa se registró en el Parlamento el pasado 11 de agosto, con la presentación de 52.846 firmas, precedida de una cierta polémica después de que la Mesa hubiera denegado a sus promotores una prórroga para lograr alcanzar las 40.000 rúbricas que exige la ley. No había antecedentes del rechazo a una prórroga en los últimos 16 años: ocho ILP registradas desde 2006, todas con una prórroga autorizada por el Parlamento andaluz.

Los colectivos que impulsaban la propuesta de bajada de la ratio escolar -asociaciones, sindicatos y partidos políticos- se movilizaron a las puertas del verano para recopilar firmas, incluso a pie de playa, logrando el objetivo previsto a tiempo para llevarlas ante la oficina del Censo Electoral, sita en el Parlamento.

Desde entonces hasta ahora se han verificado, una a una, las rúbricas presentadas y sus respectivos DNI para cotejarlas con el censo electoral. Carmen Yuste, portavoz del sindicato Ustea y responsable de la comisión promotora, cree que es un “éxito” de movilización ciudadana que forzará al Parlamento andaluz y al Gobierno de Moreno a “revisar las plantillas de profesores”.

Justo en este momento, la Junta ha enviado a la Cámara un proyecto de Presupuesto “expansivo” en materia educativa, que alcanza los 8.524 millones de euros, un 15,3% más que en las cuentas de 2021, prorrogadas en el presente ejercicio. Más del 80% del gasto lo absorbe la plantilla docente, que también alcanza una cifra récord de 108.122 profesores en todas las etapas [106.137 con plaza consolidada].

De ser aprobada, la bajada de la ratio que propone la iniciativa legislativa popular obligaría al Gobierno de Moreno a aumentar el gasto de personal y repensar la planificación escolar en aquellas ciudades, barrios y distritos donde el número de alumnos excede el tope legal establecido por aula.

En realidad esos límites no siempre se corresponden con la realidad de las escuelas de Andalucía, que es muy heterogénea. Hay colegios donde el número de alumnos por aula está muy por debajo del límite legal, en zonas rurales o más despobladas, donde incluso un maestro imparte clases a niños de distintas edades y etapas educativas juntos bajo el mismo techo.

Luego hay escuelas que sobrepasan el tope y apuran el margen excepcional autorizado por ley, que termina siendo regla porque la sobredemanda de plazas suele rebasar la oferta. Ocurre, sobre todo, en las grandes ciudades, en un puñado de colegios que inician el curso con hasta 28 alumnos por clase en Infantil y Primaria; 33 en Secundaria y 38 en Bachillerato (la ley permite flexibilizar la ratio hasta tres niños más de lo permitido).

En los últimos diez años, el desplome de la natalidad ya ha actuado como factor determinante para reequilibrar el reparto de alumnos por clase en muchas escuelas de la comunidad, un dato al que se aferra la Consejería de Desarrollo Educativo para desestimar la iniciativa popular.

La consejera Patricia del Pozo, igual que hacían sus predecesores en el departamento -y como hacen sus homólogos en otras comunidades-, esgrime el dato de la ratio media andaluza o la ratio media por etapas, subrayando que en ambos casos el número de alumnos por aula está por debajo del límite legal.

A los sindicatos de profesores, esta media siempre les ha parecido “tramposa” o “engañosa”, porque mete en el mismo saco la realidad de colegios en zonas despobladas o de etapas donde el impacto de la baja natalidad es mayor con otra realidad, la de centros saturados por el exceso de demanda y una cuestionable política de planificación escolar.

Seis meses para iniciar el debate

La modificación presupuestaria que podría acompañar una bajada de la ratio legal en Andalucía no afectaría, en ningún caso, a las cuentas previstas para 2023, porque la tramitación parlamentaria de la ILP se demorará previsiblemente más allá del mes de diciembre, fecha en la que la Cámara aprobará los próximos Presupuestos Autonómicos. PSOE y Por Andalucía han anunciado enmiendas a la totalidad, pero el proyecto de ingresos y gastos de la Junta cuenta ya con la mayoría absoluta del PP.

La ley que regula las ILP da un plazo máximo de seis meses para iniciar la tramitación parlamentaria de una iniciativa, desde la validación de las firmas [hoy]. El debate sobre la bajada de la ratio escolar podría adelantarse si alguno de los grupos parlamentarios la hace suya y la introduce en el orden del día de los próximos plenos dentro de su cupo de iniciativas legislativas.

Lo normal sería que lo hicieran Por Andalucía o Adelante Andalucía, cuyos partidos miembros están entre los firmantes que han promovido la iniciativa, pero también son los que menos margen legislativo tienen (los primeros tienen cinco diputados, los segundos dos y forman parte del grupo mixto). Otra posibilidad es que el PSOE-A se ofrezca a impulsar la iniciativa popular, aunque los socialistas no forman parte de la comisión promotora, pero sí le han dado apoyo públicamente. Si ninguna de estas cosas ocurre, será la Mesa de la Cámara la que ponga fecha al debate, de oficio, antes de los seis meses estipulados por ley.

La última iniciativa ciudadana

El Parlamento andaluz no registraba una iniciativa legislativa ciudadana desde abril de 2018, en la X legislatura, aunque aquella terminaría siendo debatida meses después, en el mandato pasado. Se buscaba entonces “resolver la situación de 30.000 interinos de la Junta en fraude de ley”, reformulando la aplicación del sistema de concurso, consistente únicamente en la valoración de méritos, que regía en “la convocatoria de procesos selectivos para la definitiva estabilización del empleo público temporal en la Junta de, de funcionarios interinos en la Administración General, Administración de Justicia y Administración Educativa, así como del personal eventual de la Administración Sanitaria”.

El pasado abril, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, presentó otra iniciativa legislativa popular, esa vez con los ayuntamientos como promotores, para impulsar una Ley de Cultura en Andalucía. Ninguna de las dos salió adelante.