El padre adoptivo de Maloma avisa: “Mañana casan a Maloma en matrimonio de conveniencia”
Con impotencia y dolor. Así anuncia Pepe Morales “el matrimonio de conveniencia” al que se someterá este sábado a Maloma, su hija adoptiva, que lleva secuestrada desde hace 14 meses en el Sáhara por su propia familia biológica.
“No podemos creer que Maloma esté aceptando este matrimonio por voluntad propia, por muchos vídeos y fotografías que mañana inunden las redes sociales, en un claro gesto de victoria. Maloma no es libre y no se casa, la casan”, sentencian.
Morales denuncia que la boda se celebrará en el municipio de Smara, uno de los campamentos de refugiados saharauis de de Tinduf (Argelia), “para someter a Maloma definitivamente y para siempre”. Insiste en que “la familia biológica prometió que Maloma volvería antes de diciembre pasado, pero que antes ”tenía que recuperar su reputación“ para salvar el ”honor“ de la familia y de la tribu”.
La familia Morales de Matos denuncia que, con tal fin, “le han encontrado un hombre dispuesto a colaborar a destruir su pasado, a borrar cualquier huella de su vida en España y, por supuesto, a modelar su presente y su futuro a conveniencia”.
El movimiento prosaharaui español, en el que la familia española de Maloma ha encontrado contados apoyos desde que el secuestro (descrito así por la ONU y Human Right Watch) tuvo lugar en diciembre de 2015, se encuentra en estos momentos en los campamentos de refugiados saharauis. Morales denuncia que “todos son conocedores de los hechos, y lejos de denunciarlos, van a participar de esta nueva violación de los Derechos Humanos de Maloma. Muchos de ellos lo harán, además, de manera presencial, participando plenamente de este atroz delito de manera cómplice y cobarde”.
Exigen intervención del Gobierno
La familia de Maloma apela a que el Gobierno intervenga ante esta nueva violación de los derechos fundamentales de una ciudadana española, privada de libertad contra su voluntad, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones organismos como Naciones Unidas o Human Rights Watch. La propia Maloma ya expresó el pasado verano su deseo de regresar a España en una sede de la ONU en Rabuni (Argelia).
De ese modo, señalan que “el Gobierno debe actuar con contundencia y cumplir también su obligación de salvaguardar los Derechos Humanos de Maloma, haciendo todo lo necesario para acabar con el martirio a la que la someten sus secuestradores. La presión ahora sí debe ser efectiva sobre las autoridades del Frente Polisario, responsables cómplices de esta muerte en vida de mi hija, para que hagan cumplir sus propias leyes y la liberen de una vez por todas. No se puede tolerar tanta impunidad”.
El Frente Polisario, “incapacitado” para liberarla
Maloma Morales de Matos, nacida Maaluma Takya Hamda como recuerda HRW, es una ciudadana española de origen saharaui. Tras pasar una década acogida en una familia española de Mairena del Aljarafe (Sevilla), decidió que quería ser adoptada por ésta cuando cumplió la mayoría de edad. Cuando obtuvo la nacionalidad y el pasaporte español, Morales viajó a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) con su padre adoptivo, José, para visitar a su familia biológica. El último día de la visita, su familia la introdujo en un coche y la secuestró, según el testimonio de su padre adoptivo.
Según señala Human Rights Watch, la familia biológica de Maloma “asegura que ella desea quedarse con ellos en el campamento. Sin embargo, Morales no ha podido llegar a una zona neutral para manifestar allí libremente su preferencia”.
Human Rights Watch ya criticó en su momento que el Frente Polisario, la autoridad gubernamental que gobierna los campamentos, “ha asegurado reiteradamente que está trabajando para resolver el problema, ”hasta ahora no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse“.
Desde diciembre, el Congreso de los Diputados prepara una iniciativa no de ley para respaldar tanto a Maloma Morales, como al medio centenar de mujeres saharauis que, según datos no oficiales, han sido privadas de libertad por sus familias siendo mayores de edad.
