La Junta de Andalucía ha sacado a escena el Plan Anual de Memoria 2019. Será un “marco de referencia orientativo” que priorizará las intervenciones en fosas comunes del franquismo, según el Gobierno andaluz. Pero queda un paso crucial: concretar la foto fija, explicar cómo desarrollará estas políticas públicas.
Al Ejecutivo de PP y Ciudadanos, sostenido por el apoyo de Vox, le toca mostrar un retrato que vende como “concordia”, cultura de paz y “pluralismo político”. La figura, sin embargo, sale desdibujada en opinión de asociaciones memorialistas que denuncian el proyecto como un “corta y pega” del diseño que dejó aprobado el PSOE.
Y el recorrido del nuevo plan es el siguiente: el Consejo de Gobierno ha aprobado su formulación. Ahora la consejería de Cultura debe elaborar una propuesta inicial. El texto será sometido a información pública, previo anuncio en el BOJA y publicación en el Portal de la Junta de Andalucía.
Pasado el trámite, y recabados “los informes preceptivos necesarios”, Cultura “formulará una propuesta definitiva”. El documento será enviado al mismo órgano ejecutivo de partida para su aprobación final, sin fecha prevista o anunciada por el momento.
Hace un año, la Junta –entonces con acento socialista– ponía a andar el I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022. El propio Consejo de Gobierno certificó la apuesta en noviembre de 2018. Por este motivo no hacía falta otro marco, dice la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, que expresa su “perplejidad” tras conocer la información difundida por la Junta.
Las prioridades de un texto “orientativo”
Las partidas destinadas a intervenciones arqueológicas en la región de España más castigada por el franquismo han crecido los últimos ejercicios. De 238.000 euros de 2017 a 413.223 euros un año después –aunque casi la mitad quedó sin gastar–. Y el proyecto que dejó sobre la mesa el cambio de color en la Junta apostaba por doblar el presupuesto para abrir fosas y cunetas: hasta 5 millones de euros en cuatro años.
El primer programa a largo plazo que ha confeccionado Andalucía pretendía activar 1,1 millones de euros en 2019 –está por ver cuánto destina el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP)–, una cantidad que subiría paulatinamente hasta los 1,4 millones de 2022. El marco presupuestario sumaría 11 millones de euros en total, contando otras partidas como investigación o reconocimiento a las víctimas de la represión franquista.
“Se aprobó –en Consejo de Gobierno– la formulación del plan, ahora tiene que hacerse”, reconocen fuentes del Palacio de San Telmo a eldiario.es Andalucía. El Plan Anual de Memoria Democrática para 2019 estará basado en las propuestas acordadas por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en su última reunión del pasado 28 de marzo, apuntan.
Las prioridades del texto “orientativo” serán las exhumaciones de fosas, la localización de restos y las identificaciones genéticas. El documento facilitará el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria, diseñará la cooperación entre administraciones, impulsará la investigación o concederá subvenciones a entidades, entre otros cometidos.
Menos presupuesto, denuncian asociaciones
Pero la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática critica que el I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 “ya pasó” por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “por audiencia pública” y “todos los trámites”.
La entidad –que agrupa a diversas asociaciones– muestra “perplejidad” porque el Gobierno andaluz tramite, y anuncie, contenidos ya aprobados en la pasada legislatura. “No era necesario” pasar el Plan 2019 “otra vez” por dicho órgano, remarca.
“Con qué objetivo” la Junta presenta “una formulación de un plan que ya ha pasado por Consejo de Gobierno”, cuestiona el portavoz de la Coordinadora, Antonio Manuel Mateos, en declaraciones a Europa Press. Un proyecto que tenía, además, “una dotación presupuestaria anual y global para los cuatro años”.
Quieren “vender la propuesta de un plan con una dotación presupuestaria muy inferior” a la prevista, calcula el representante del colectivo. El “acuerdo de Presupuestos” cerrado entre PP, Ciudadanos y Vox ya reseña una “reducción” en las políticas públicas memorialistas “del 62% respecto a lo presupuestado” en el proyecto aprobado en 2018, denuncia.
“En la partida destinada a colaborar con entidades locales, que es lo que sostiene en gran parte los convenios con ayuntamientos para llevar a cabo actuaciones como los trabajos en la fosa de Pico Reja de Sevilla, hay una reducción de un 75%”, remarca. La propuesta de las derechas es además, dicen, “un corta y pega” del reseñado I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 que aprobó el Gobierno presidido por Susana Díaz (PSOE-A) en noviembre del año anterior.
El Gobierno andaluz defiende su guía memorialista
El Gobierno de Andalucía entiende, sin embargo, que la guía memorialista servirá para “asentar la política de memoria democrática en los principios de verdad, justicia y reparación”. Y también “los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”, según el Gobierno andaluz.
El marco de referencia quedará elaborado desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Patricia del Pozo. Las “acciones”, por su parte, serán definidas desde la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Alejandro Romero.
El propio Ejecutivo subraya que en mayo quedó firmado el contrato para exhumar fosas comunes del franquismo en Alcalá del Río, Almadén de la Plata, Benacazón y Salteras, en la provincia de Sevilla; y Berrocal, Higuera de la Sierra y Cortegana, en Huelva. Ya ha comenzado, de hecho, la intervención arqueológica en la fosa de las mujeres de Zufre.
Sobre la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, la Junta sostiene que firmará un convenio de colaboración entre la consejería de Cultura, el Ayuntamiento hispalense y la Diputación Provincial por el que la administración regional aportará 265.000 euros.
Asimismo, la Junta ha iniciado “los trámites para la contratación de los servicios de indagación-localización, exhumación y estudio antropológico” de los restos óseos de víctimas de la violencia golpista en fosas situadas en Montilla (Córdoba), Cala (Huelva), Alcóntar (Almería), y Cúllar-Vega (Granada). Y pretende “ejecutar con cargo al presupuesto de este año” los trabajos en Villanueva de la Concepción (Málaga).
La institución andaluza anuncia además 363.000 euros para identificaciones genéticas en el convenio suscrito con la Universidad de Granada. En el cajón están los casos de las fosas de Puerto Real y Setenil de las Bodegas (Cádiz), Castro del Río y Monturque (Córdoba), Huelva, Cártama y Alfarnate (Málaga) o Utrera y La Campana (Sevilla). Y los familiares de La Puebla de Cazalla, en estado de espera desde hace 13 años.