Cinco años después del que fuera bautizado periodísticamente como ‘caso deslindes’, tras el polémico acuerdo entre los ayuntamientos de Marbella y Benahavís- ambos gobernados por el PP- para entregar 300.000 metros de terreno del primer municipio al segundo, el expediente administrativo sobre la segregación de los suelos, abierto por la Junta de Andalucía, sigue vivo.
Entre diciembre de 2008 y enero de 2009 la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y su homólogo de Benahavís, José Antonio Mena, acordaron el inicio del expediente de deslinde. En el momento del acuerdo entre ambos regidores 120.000 metros cuadrados, del total de la superficie en litigio, eran propiedad de sociedades inmobiliarias del marido de la alcaldesa marbellí, Lars Broberg y el hermano de éste, Jim Broberg.
Los suelos de la familia de Muñoz pasaron de ser no urbanizables en Marbella a urbanizables en el municipio limítrofe. Tras la alteración del lindero, el PGOU de Benahavís contempla la construcción de 60 nuevas viviendas de lujo en los suelos que antes estaban en Marbella y en los que no se podía construir, basándose en el PGOU marbellí.
Se da la circunstancia de que la propia mansión de Ángeles Muñoz, valorada en casi 5 millones de euros, se vio beneficiada por el deslinde que ella acordó con su par benahavileño, al quedar legalizada por completo y pasar a terrenos urbanizables.
La Consejería de Administración local que dirige el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Diego Valderas, mantiene abierto el expediente debido a la falta de colaboración de ambos ayuntamientos, a la hora de remitir a la Junta la información solicitada desde 2010. Todo ello según el informe firmado por el propio Valderas el 5 de noviembre de 2013 y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia
En su informe de noviembre de 2013, Valderas expone que el Ayuntamiento de Marbella facilitó “cierta documentación” el 20 de septiembre de 2010, “pero se advirtieron muchas carencias”, sin que se pueda considerar -acota el vicepresidente- que “con ella se haya dado una respuesta mínima a las exigencias” requeridas.
El alto cargo de Izquierda Unida sostiene que los requerimientos de la Junta a Marbella se iniciaron el 4 de marzo de 2010 y se reiteraron el 3 de mayo y el 25 de noviembre del mismo año.
Salvo los dos escritos enviados al Ejecutivo autonómico por el alcalde de Banahavís, “de los que no cabe extraer ningún dato relevante”, el Consistorio benahavileño “no ha facilitado ninguna documentación para la elaboración, por la Dirección General de Administración Local, de la memoria de la alteración territorial”. Así reza el documento de cuatro folios de extensión rubricado por Valderas.
El también consejero reconoce que, una vez abierto este procedimiento, transcurrido el plazo de 18 meses que marca la legislación, la Junta podía haberlo cerrado por silencio administrativo, devolviendo el lindero a su estado original, en contra de las tesis de los regidores del PP. Sin embargo, Valderas esgrime que “sin la colaboración de Marbella y Benahavís no se podrá culminar este expediente, con la trascendencia que tiene para cualquier Ayuntamiento el hecho de contar con la delimitación precisa de su término municipal, para el válido ejercicio de sus competencias en general y de las urbanísticas en particular”, concluye.
IU pide una comisión especial para velar por el interés general
El grupo municipal de IU-CA en el Ayuntamiento de Marbella ha solicitado este domingo la creación de una “comisión especial”, ante el Pleno del Consistorio, que “garantice la defensa del interés general en la polémica de las lindes con Benahavís”.
En un comunicado difundido por los ediles Enrique Monterroso y Miguel Díaz la coalición de izquierdas anuncia que en la próxima Comisión Informativa de este lunes, previa a la sesión plenaria ordinaria del 25 de abril, pedirán “iniciar un nuevo expediente de alteración de los términos municipales”.
Pretenden que el interés general “prevalezca sobre cualquier interés particular como viene ocurriendo hasta el momento”, afirma Díaz en clara alusión a los intereses inmobiliarios del marido y el cuñado de la alcaldesa en los terrenos objeto del deslinde.
Díaz alude al “poco rigor y seriedad” con que, a su juicio, la alcaldesa pretendía un cambio de lindes que “parece solo beneficiar a intereses particulares, pero que perjudica claramente a los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara”, según denuncia.
En agosto de 2009 la alcaldesa marbellí esgrimió a su favor un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Sin embargo, dicho informe no es vinculante sobre lo que decida finalmente la Junta de Andalucía.
Monterroso recalca en el comunicado remitido este domingo que el órgano consultivo que preside Juan Cano Bueso estimó que “los planes generales no pueden modificar las lindes de un municipio”. Ante un conflicto de esta índole debe acometerse -acota el edil- el correspondiente expediente abierto por la Junta desde 2010. Algo que podría entenderse como “fallido”, tras más de cuatro años sin resolverse.
Finalmente, la federación de izquierdas considera que actualmente no cabe otra solución que la modificación del PGOU de Marbella a su estado inicial, previo al acuerdo de deslinde entre alcaldes del PP. Tal medida propiciaría que los linderos coincidieran con lo establecido siempre por el Instituto de Cartografía andaluz desde el 14 de noviembre de 1873. Con tal pretensión se recuperarían 300.000 metros “cedidos irregularmente a Benahavís”, sentencia IU.