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35 detenidos y tres imputados en otra operación por el fraude en las ayudas a la formación en Andalucía

Archivo / EP

Javier Ramajo

  • Algunos de los detenidos, incluidos exdelegados de la Junta, ya pasaron por el juzgado a finales de marzo por orden de la jueza Alaya en el marco de la 'Operación Barrado' mientras que otros fueron imputados incluso posteriormente por la propia jueza hace menos de una semana y estaban citados a declarar a partir de este mismo martes.

La tercera fase de la 'Operación Edu' contra el supuesto fraude en las ayudas a la formación en Andalucía se ha saldado, de momento, con un total de 35 detenidos y tres imputados. Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional están desarrollando un nuevo operativo, denominado 'Eduende', en Sevilla, Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Cádiz. En concreto se trata de directores, jefes de servicio y jefes de departamento de las delegaciones de Empleo de la Junta como responsables de la concesión de subvenciones presuntamente irregulares, así como empresarios beneficiarios de las mismas.

Algunos de los detenidos, incluidos exdelegados de la Junta, ya pasaron por el juzgado a finales de marzo por orden de la jueza Alaya, que también investiga el presunto fraude en cursos de formación, en el marco de la 'Operación Barrado' de la Guardia Civil, mientras que otros fueron imputados incluso posteriormente por la propia jueza hace menos de una semana y estaban citados a declarar a partir de este mismo martes. El conflicto de competencias entre los cuerpos policiales por centrar la persecución por el supuesto fraude no es nuevo y viene de atrás.

La UDEF investiga desde hace meses la intervención de estas personas en los expedientes de concesión de ayudas irregulares para la formación los años 2010 y 2011, y que ya generaron sendas operaciones policiales el pasado febrero (operación Edu Costa) y el pasado marzo (operación Edu Centro). Según la información que hasta ahora ha trascendido, en Málaga son siete personas las detenidas este lunes, según informan a Europa Press y Efe fuentes cercanas al caso, entre ellas el que fuera delegado de Empleo Juan Carlos Lomeña, mientras que en Sevilla se han registrado cinco detenciones, según indican a eldiario.es Andalucía fuentes de la Policía Nacional en Madrid.

Las fuentes citadas por las agencias explican que Lomeña fue citado el pasado viernes para comparecer este lunes. Tras prestar declaración, como detenido, ha quedado en libertad. Lomeña ya fue detenido y puesto igualmente en libertad el pasado marzo por la Guardia Civil por orden de Alaya en un operativo, la citada 'Operación Barrado', por la cual fueron arrestados varios exdelegados de la Junta.

Por otro lado, en Cádiz, el exdelegado de Empleo de la Junta en Cádiz Juan Bouza, el exjefe de servicio de Formación en Cádiz Antonio Juan Vidal y otras dos personas han quedado también en libertad tras declarar ante la Policía Nacional en Cádiz en el marco de la nueva operación Edu en calidad de imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los ex delegados de Empleo en Jaén (Irene Sabalete), Córdoba (Antonio Fernández) y Granada (Marina Martín), también arrestados en aquella 'Operación Barrado, han sido detenidos en este operativo, según apunta El Mundo.

En el caso de Sabalete, protagonista de un polémico audio que trascendió tras su detención en marzo, ha vuelto a quedar en libertad con cargos tras ser citada a declarar en calidad de imputada por la UDEF. Tanto la exdelegada como otros responsables de la Delegación de Empleo, incluidos funcionarios, empezaron a ser citados el pasado viernes para declarar en calidad de imputados a lo largo de esta semana. Sobre las 8.20 horas de este martes Sabalete llegó a la Comisaría de la Policía Nacional, donde permaneció detenida durante algo más de dos horas hasta que finalmente, y acogiéndose a su derecho de no declarar, salió en libertad con cargos de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos.

En Sevilla las acciones policiales se han centrado en los administradores de empresas que presuntamente se beneficiaron de las ayudas de forma irregular. La mayoría recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros, según se informó ya durante el desarrollo de anteriores operativos. Según adelantó esta mañana El Confidencial, la nueva operación 'Eduende' se podría prolongar incluso durante las próximas dos semanas con la detención de más de 130 personas, entre ellas 37 responsables directos de la Administración autonómica.

Un responsable del Gobierno andaluz ya se ha pronunciado al respecto. El vicepresidente de la Junta en funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha expresado respeto del Ejecutivo a la nueva operación y ha destacado que no hay ningún miembro del actual Gobierno imputado. “Si la hubiera, que no lo hay, actuaríamos con diligencia, como siempre”, ha apuntado en rueda de prensa preguntado por la nueva fase del operativo policial.

Dos exconsejeros ya imputados

Según Europa Press, entre los implicados en la operación que se desarrollará en Huelva y Sevilla estaría de nuevo implicado el empresario y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, imputado desde septiembre por este presunto fraude tras ser detenido en agosto del año pasado en Cádiz. Por el momento Ojeda no ha sido arrestado otra vez, pero las fuentes consultadas no descartan que su detención se produzca en los próximos días.

La jueza Mercedes Alaya, en el auto de imputación de Antonio Fernández en julio de 2014, acusaba concretamente a éste de dictar resoluciones de exoneración de la justificación de las subvenciones a las beneficiarias entre 2008 y 2011, “contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones” y “permitiendo que tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico”, concediendo “con ausencia de procedimiento” diferentes subvenciones a la formación y contratación a la multinacional Delphi “sin convocatoria ni bases reguladoras” por valor de 70 millones de euros. Alaya fue más allá y en ese primer auto señalaba que la Junta habría permitido la no justificación de casi mil millones de euros en subvenciones para la formación.

La presencia de Ángel Ojeda ya consta de alguna manera en aquel auto. La jueza se refería entonces a un expediente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi en el que constaba la subcontratación a entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente). Algunas de estas entidades ya apuntadas también recibieron cinco millones del Ministerio de Empleo para formación, según adelantó eldiario.es/andalucia.

En el auto de imputación de Ojeda, Alaya señaló que, “en poco más de año y medio”, las entidades de Ángel Ojeda integradas en el Grupo Prescal habrían recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación“. Dichas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido ”gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos“.

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