El agua es un bien escaso. Y lo será cada vez más en regiones, como Andalucía, tan expuesta a efectos del cambio climático como la desertización, la disminución de las lluvias o el aumento de las temperaturas.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez planea ya una ley de transición hidrológica, es decir, una política de aguas que tenga en mente que el agua es finita, el Partido Popular y Ciudadanos han cerrado un acuerdo de Gobierno para Andalucía en el que hablan de construcción de “infraestructuras hidráulicas” para “minorar el déficit hídrico”. Es decir, construir trasvases teniendo en cuenta la demanda de agua de, por ejemplo, los regadíos, en vez de adaptarla a la escasa oferta. El propio Gobierno de España admitió en noviembre que España dispondrá en los próximos años de entre un “20% y un 30%” menos de agua.
“Minusvalorar el impacto del cambio climático”
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica le señalan a eldiario.es Andalucía que “si no han reparado en que el cambio climático obliga a replantearse las políticas clásicas de gestión del agua, o es que están instalados en el negacionismo, o es que minusvaloran conscientemente su impacto”.
En una respuesta parlamentaria, el gabinete de Pedro Sánchez afirmaba que “sería irresponsable seguir manteniendo los mismos mecanismos de gestión de los recursos” y ya avanza que, con menos agua “será cada vez menos viable recurrir a las transferencias externas de recursos”. Es decir, la política de trasvases entre cuencas como el Tajo-Segura o, en el caso de Andalucía, el de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir.
Un trasvase firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy y apoyado por la Junta de Andalucía. El anterior Gobierno andaluz también instó al Gobierno a que ampliara la presa de La Concepción (Málaga) y a reconducir agua hacia la zona de la Axarquía, rica en cultivo de frutas tropicales.
Por esa razón, el Gobierno, según declaraciones a eldiario.es del Ministerio de Transición Ecológica, planea una ley de gestión del agua que sea coherente con un escenario de lucha contra el cambio climático y se base en “trasvases limitados, más agua desalada y regenerada además de ajustar la demanda a los recursos y no al revés”.
El experto en Nueva Cultura del Agua, el catedrático Leandro del Moral, recalca que la prioridad de las infraestructuras hidráulicas o la interconexión de recursos son conceptos y terminología de la política hidráulica tradicional en el programa de los 90 puntos. Aquí no ha habido que esperar a Vox: el ideario estaba ya en el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Es la agenda política de agua de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores)“.
Desde ASAJA defienden que se puede trasvasar agua siempre y cuando no se desabastezca el origen y que debe haber una planificación para que no se creen regadíos que luego no cuenten con el suministro de agua necesario. “Hay bastantes cosas con las que estamos de acuerdo (del pacto), entre ellas que se suministre el agua que sea necesaria y se hagan los trasvases que haga falta”, le señalan a este diario.
Por su parte, la organización agraria COAG afirma que “en cada caso, se deben buscar las mejores opciones para compatibilizar el equilibrio medioambiental con la actividad productiva: aguas regeneradas, aguas desaladas. Si la mejor opción es el trasvase, estaremos de acuerdo. Pero siempre que la finalidad no sea la especulación, sino el interés general”.
WWF: “El agua es un recurso muy limitado”
Desde la organización ecologista WWF señalan que los partidos políticos siguen sin tener conciencia de que el agua “es un recurso muy limitado. Las políticas desarrolladas por el PP o el PSOE siguen apostando por más regadíos y más consumo, cuando los datos señalan que tenemos que ir en el sentido de reducir la demanda”.
Según Jaime Martínez Valderrama, experto en desertificación del CSIC, controlar el agua siempre es una medida impopular. “Regular los recursos naturales, que son la base de la producción de casi todas las actividades, es muy poco exitoso, porque los políticos tienen un horizonte de cuatro años. No van a hacer algo que de manera inmediata ralentiza el desarrollo económico de una región”, señalaba.
Ademas, recordaba que la agricultura era a la vez víctima y verdugo de estos procesos. “Es verdugo, porque las prácticas extensivas se han fomentado a base de subvenciones de las políticas agrarias europeas, pero también es víctima, porque los agricultores son los primeros en sufrir las consecuencias”, indicaba.
La agricultura sigue siendo la principal consumidora de agua en España, en la que el 70% de los recursos hídricos (20.500 hm3) se destinan a la agricultura. El 73% de los regadíos bajo plástico (48.500 hectáreas) se encuentra en provincias de Andalucía como Almería, Granada y Málaga.
Agricultura y Medio Ambiente: ¿una sola consejería?
En materia ambiental, también ha llamado la atención entre las fuentes consultadas que el acuerdo une agricultura y medio ambiente bajo el mismo epígrafe, dejando en el aire si, en su apuesta por fusionar consejerías, Agricultura y Medio Ambiente volverían a estar bajo la dirección de un mismo consejero, como ya ocurrió en la época del socialista Luis Planas.
Según Juan José Carmona, portavoz de la ONG WWF, se trata de un “error, ya que son dos de las consejerías con más competencias y, en el caso de la agricultura, con un peso específico en la economía andaluza. Ya se demostró que en Andalucía esto no funciona y resulta inviable”.