Los tres grupos que sustentan al Gobierno de Andalucía -PP, Ciudadanos y Vox- van a registrar este martes en el Parlamento una proposición de ley que contiene una reforma íntegra y a la baja de todos los tributos autonómicos: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones [ya bonificado al 99%], IRPF, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y la tasa al juego. Los socios del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla llevaban semanas -desde el terremoto que supuso la moción de censura fallida en Murcia- negociando este ambicioso pacto fiscal con el consejero de Hacienda, Juan Bravo. La reforma no es sólo una bajada de impuestos, incluye un “cambio en la gestión de los tributos cedidos para desburocratizar y facilitar la inversión privada”.
La presentación del acuerdo fiscal de las tres derechas en Andalucía se produce a una semana de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, donde las tres formaciones compiten a cara de perro por el mismo espacio político. Moreno Bonilla ha hecho coincidir esta imagen de entendimiento, negociación y estabilidad entre PP, Cs y Vox en Andalucía con la virulenta campaña de las madrileñas. Sin embargo, este martes no habrá foto conjunta de los tres partidos de derechas en el Parlamento andaluz: se ha descartado que los tres portavoces aparezcan juntos con la proposición de ley en mano en el registro de la Cámara, y posteriormente cada uno comparecerá por separado para exponer la letra pequeña ante la prensa. La formación naranja no quería aparecer en la foto junto a la ultraderecha en la recta final del 4M, y Vox tampoco “estaba por la labor”, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico.
El partido de Santiago Abascal ha sido quien se ha adelantado al propio presidente andaluz al anunciar este lunes este pacto fiscal que, dicen, “marca la legislatura”. Tras el anuncio, Moreno Bonilla detallaba en un acto en Córdoba que la reforma prevista busca aliviar la presión fiscal a las empresas -“la inversión exterior en Andalucía ha crecido un 64% y queremos más”- y contempla un incentivo de 5.000 euros para los autónomos que emprendan una actividad en el mundo rural.
Este plan de rebaja fiscal en Andalucía no nace de la iniciativa del Gobierno de Moreno -como proyecto de ley, como ocurre con la ley de Presupuestos Autonómicos- sino que emana del Parlamento, fruto de la negociación y el acuerdo de los tres grupos del arco conservador. No lo amortiza políticamente el presidente de la Junta, que en las últimas semanas ha multiplicado sus apariciones diarias en los medios, como si estuviera en precampaña, alentando el fantasma de un adelanto electoral. Lo amortiza el bloque conservador en su conjunto, las tres derechas, capaces de orillar sus discrepancias para dar estabilidad al Gobierno andaluz.
La tramitación de la proposición de ley será larga y compleja, pero el mensaje político de hoy es claro y rotundo: por un lado, PP, Cs y Vox pueden entenderse, porque tienen “más cosas que nos unen que las que nos separan”, a saber, toda la política económica y fiscal, que emana del mismo tronco ideológico, y que se superpone a las grietas en políticas sociales y culturales que les han enfrentado en esta legislatura. Se apuntala aquí un mensaje de unidad que impacta en medio del caos de la campaña madrileña: “Moreno Bonilla no es Isabel Díaz Ayuso, pero Vox Andalucía tampoco es tan radical como Vox Madrid”, vienen a decir desde San Telmo.
Por otro lado, si el acuerdo fiscal cristaliza -la tramitación habitual dura seis meses- se solapará con el debate final de los Presupuestos Autonómicos de 2022, los últimos de la legislatura. Esto parece despejar casi definitivamente el fantasma de un adelanto electoral este otoño, y es por ello que se ha presentado en el mes de abril una ley fiscal específica, que complementaría las cuentas autonómicas, confirman fuentes del Gobierno andaluz. Los comicios tocan oficialmente el 28 de noviembre de 2022, a más tardar. Moreno Bonilla ha reiterado a diario que no prevé precipitar la convocatoria con las urnas y si finalmente lo hace, será unos meses, en la primavera del año que viene, con los cuatro presupuestos anuales a sus espaldas y una imagen de estabilidad política y económica para afrontar la campaña.
Otras fuentes del Ejecutivo andaluz, sin embargo, advierten de que se ha separado la ley fiscal de la ley presupuestaria precisamente para que la primera “no peligre”, en caso de que se rompa de nuevo el diálogo con Vox en torno a las cuentas del año que viene, y esto justifique un adelanto electoral “técnico” a principios de 2022.
La letra pequeña del pacto fiscal se conocerá al detalle este martes, pero las líneas maestras ya se conocen porque así constan en los acuerdos suscritos por las tres formaciones previa a aprobar los Presupuestos de 2019 y 2020. En enero de 2019, PP, Cs y Vox firmaron su primer documento político, que recogía “una importante reforma fiscal como la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF y del tramo autonómico del Impuesto sobre el Patrimonio, equiparándolo a los tipos de la escala nacional, y revertir la subida del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.
Este pacto se complementó con nuevos acuerdos políticos, uno suscrito en junio de 2019, y otro en octubre del mismo año. Entre los puntos pactados había algunas reclamaciones identitarias de Vox, como el teléfono de violencia intrafamiliar -ya implantado- o el veto parental en las escuelas andaluzas, descartado por la Consejería de Educación. El diputado Manuel Gavira es el único que se ha pronunciado públicamente sobre la rebaja fiscal acordada con PP y Cs, para dejar claro que supondrá una caída en los ingresos que habrá que compensar con una “necesaria reducción del gasto público”, sin precisar cuánto y de dónde recortarán.
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