La vicesecretaria general del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Beatriz Jurado, ha exigido este sábado al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que “diga la verdad” y aclare “cuántos socialistas andaluces están implicados, presuntamente, en el caso Koldo, además del cordobés Cristian Corvillo, señalado en los informes de la UCO”. De paso, también siembra dudas con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, una estrategia que vaticina que esta cuestión se va a instalar con fuerza en la agenda política andaluza estos días. A esta reclamación, el PSOE de Andalucía ha señalado que “no tiene ninguna explicación que dar” al respecto “por cuanto desconoce que se esté siguiendo investigación alguna que implique a ningún militante” del partido.
Según la documentación de la Guardia Civil que obra en el sumario, este cargo ejecutivo del PSOE de Córdoba “tiene vinculaciones empresariales con el comisionista del caso, el empresario Víctor de Aldama, incluso podría haber sido testaferro de éste en la adquisición de un inmueble en Madrid”. El Instituto Armado señala que “Koldo se reunía con cargos socialistas cuando viajaba con el ministro Ábalos a Andalucía, bien por motivos institucionales o bien por razones políticas y electorales con ocasión de algún mitin de la campaña de Juan Espadas a la presidencia de la Junta en 2022. Lo hizo tanto en Córdoba, como en Málaga, en Jaén y en Sevilla”.
En el auto del juez también aparece el hermano del citado socialista cordobés, Rubén Corvillo, vinculado a compañías utilizadas por Aldama, presidente del Zamora CF, en la trama.
Jurado defiende que “los andaluces merecen una explicación” por parte de aquellos que son sus representantes públicos. En su opinión, Espadas tiene de nuevo la oportunidad de “ser transparente y honesto con las andaluzas y los andaluces, contar lo que sabe y, en su caso, dar ejemplo y depurar las responsabilidades que correspondan”.
Además, ha puesto de relieve que “estamos viendo cómo la trama se hace cada vez más amplia y enrevesada, con la presunta implicación de otros ministros actuales como la andaluza María Jesús Montero o la propia presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, quien debería de presentar su dimisión inmediata”.
Fuentes del PSOE-A han replicado que la federación socialista andaluza “desconoce que se esté siguiendo investigación alguna que implique a ningún militante” del partido en el marco del 'caso Koldo'. En cualquier caso, “el procedimiento a seguir en el caso de que hubiera en adelante cualquier investigación que así lo determinara es el marcado en nuestros estatutos, con la apertura de un expediente informativo y la depuración de responsabilidades a que hubiere lugar en su caso”.
Por su parte, la diputada popular ha recordado que “si por algo se ha caracterizado hasta ahora el Partido Socialista andaluz ha sido por sus silencios cómplices ante cualquier caso de corrupción en los que se han visto envueltos”. “Nunca han sido capaces de dar explicaciones sobre el caso de los ERE, el mayor episodio de corrupción de la historia, como tampoco lo fueron hace un año con en caso Mediador”.
Jurado ha afirmado que “es lamentable que el nombre de Andalucía tenga que verse manchado de nuevo por la vinculación del PSOE con la corrupción” y “lo peor de todo” –ha puntualizado– es que “esta vez se trata de un caso de magnitud aún imprevisible en el que unos cuantos han llegado a enriquecerse con dinero público aprovechándose de la necesidad de proteger a la población durante los peores meses de la pandemia”. Todo ello “con la presunta colaboración necesaria del ex asesor del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, incluso del propio ministro y otros altos cargos del Gobierno de Sánchez”.
Por otro lado, desde el PSOE-A han llamado la atención acerca del “interés del PP” y de su vicesecretaria general en Córdoba, Beatriz Jurado, “teniendo en cuenta el proceder que tuvo su partido en esa provincia respecto al caso de los maletines Covid que fue objeto de instrucción por un juzgado de Sevilla hace un año”. Entonces, según abundado las fuentes del PSOE andaluz, “la Junta tardó casi tres meses en denunciar ante la Fiscalía el intento de cobro de comisiones por parte de un asesor del entonces consejero de Salud, actual presidente del Parlamento”, Jesús Aguirre (PP-A).
“La presunta mordida por la que no asumió responsabilidad política nadie, ni en el Gobierno andaluz ni en el PP de Córdoba, donde el asesor tenía cargo orgánico, fue denunciada por un empresario que aseguró ante el juez que le dijeron que para poder proveer de bienes a la Junta «el único camino era presentar la factura con un incremento de cinco millones»”, según han remarcado desde el PSOE-A. De paso, se recuerda que en esa investigación “fueron llamados a declarar Elías Bendodo, Antonio Sanz y el citado Jesús Aguirre”.
Asimismo, desde el PSOE-A también han considerado “sorprendente que ni el PP ni Moreno Bonilla se hayan preocupado de depurar responsabilidades aún sobre el 'caso mascarillas' que se instruye en un juzgado de Almería y que implica a la cúpula de la Diputación Provincial de Almería gobernada por este partido”, según han remarcado las fuentes del PSOE andaluz para concluir que el PP “no está en condiciones de pedir a ningún otro partido ninguna aclaración en materia de corrupción con sus antecedentes”.
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