“Dramática situación”. Así califica el Ayuntamiento de Sevilla la historia de Maloma Morales que desde hace dos años está retenida contra su voluntad en el Sáhara. Un secuestro, reconocido así por Naciones Unidas y el Gobierno de España, contra el que se alza ahora la corporación municipal.
En un curioso cruce institucional, el Partido Popular sevillano (la agrupación a la que pertenece el ministro y exalcalde Juan Ignacio Zoido), junto con el PSOE (el partido gobernante en la ciudad) y Ciudadanos instan al Ministerio de Asuntos Exteriores (de signo popular) y la Junta de Andalucía (gobernada por los socialistas) a que “avancen en el proceso negociador y adopten las medidas necesarias para la liberación y repatriación de Maloma Morales de Matos”. Se quedan fuera de esta declaración institucional tanto Izquierda Unida como Participa Sevilla, la agrupación local ligada a Podemos.
Lejos de los términos tibios empleados por el Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar este asunto humanitario enquistado desde hace dos años, el Ayuntamiento de Sevilla reclama la “inmediata liberación y vuelta a casa” de la ciudadana española Maloma Morales. Este diario ha tratado de recabar, sin éxito, la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La corporación local no se olvida del medio centenar de mujeres, que según la asociación 'La libertad es su derecho', permanecen retenidas contra su voluntad en los campamentos de Tindouf (Argelia), bajo el poder del Frente Polisario/República Árabe Saharaui Democrática (RASD), tras haber residido en España y que estaban vinculadas con el país, ya fuera con permiso de residencia, tutela o ciudadanía española.
En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla pide que se respeten los derechos humanos de los casos denunciados en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Elkouria (Koria) Badbad, Darya Embarek, Nadjiba Mohamed y Hyeiba El Couri (también nacionalizada española). Además, el Consistorio “expresa su solidaridad” con las familias adoptivas o de acogida de las jóvenes y “secunda” la moción del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alicante) en el que se reivindicaba la libertad de Elkouria Badbad.
Sevilla se une así, tal y como recuerda la propia moción, a las declaraciones institucionales de otros ayuntamientos de la provincia, como San Juan de Aznalfarache, Almensilla o Mairena del Aljarafe, de donde es vecina Maloma Morales.
Morales había residido en el Alfarafe sevillano durante doce años hasta el momento de su secuestro. Acogida por una familia mairenera, obtuvo la nacionalidad española poco meses antes de partir a los campamentos de Tindouf para visitar a su familia biológica, junto con su padre adoptivo, José Morales. El 12 de diciembre de 2015, horas antes de dirigirse al aeropuerto, José vio como “entre varios familiares, la agarraron, golpearon y metieron a la fuerza en un coche”. La propia Maloma así lo corroboró en una entrevista en El País Semanal.
“Privada de su libertad”
Como subraya la moción, el padre adoptivo de Maloma “denunció ante las autoridades saharauis, españolas y argelinas esta retención ilegal y por la fuerza, razón por la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores emprendió una ardua negociación para su liberación, que continúa hasta el día de hoy, ante el silencio del Frente Polisario y del movimiento solidario asociaciativo español, con las excepciones de dos asociaciones, una cordobesa y otra zaragozana, que se han posicionado abierta y públicamente en favor de la libertad de Maloma y su derecho a decidir su propia vida”.
En la moción se recuerda el calvario sufrido por Maloma, que ha incluido desde una boda forzada hasta un intento de suicidio, pasando una liberación frustrada en abril de 2015. La ciudadana española se encuentra “privada de su libertad y con sus derechos humanos conculcados, al estar incomunicada y aislada, sometida a tratos vejatorios y degradantes demostrables, como haber sido liberada en una intervención militar del Frente Polisario el 21 de abril de 2016 y entregada de nuevo a la familia biológica que la mantenía secuestrada”.
En declaraciones a este diario, José Morales manifestaba en el segundo aniversario del secuestro de su hija adoptiva que llevan “cinco meses sin poder hablar con mi hija. Su móvil no está operativo. Yo llamo al teléfono de su hermano diariamente, pero no lo cogen, descuelgan o lo apagan. Estamos muy preocupados por su salud y su seguridad. Por eso queremos hablar con ella. Cuando una persona hace eso (el intento de suicidio) es que no quiere estar allí”.
Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores siempre ha manifestado que sigue de cerca su caso y realiza las gestiones oportunas, la diputada socialista Zaida Cantera, que sigue el caso desde la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, asegura que “el problema sigue siendo el mismo: la pasividad del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores”. Las familias de las secuestradas se han reunido con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Desde el Senado, el socialista Joan Lerma cree que “diplomáticamente, el Gobierno (español) puede hacer un esfuerzo mayor”.
Mientras tanto, el Frente Polisario es acusado por organizaciones como Human Rights Watch o La libertad es su derecho de no tener “ni la capacidad ni la voluntad política para garantizar que esta mujer (Maloma) sea libre de elegir si quedarse o irse”. En el caso de La libertad es su derecho directamente tachan a los responsables políticos saharauis de “cómplices” de secuestro.