El PP y el PSOE llevan este jueves al Parlamento andaluz dos iniciativas distintas que apelan al consenso y la unidad en torno a la Constitución Española y que, en la práctica, funcionan como espacios de confrontación y garrotes para aplastarse mutuamente.
Los de Juan Manuel Moreno traen una proposición no de ley de rechazo a la supuesta amnistía que negociará Pedro Sánchez con los independentistas catalanes a cambio de apoyar su investidura: una moción diseñada por la dirección nacional del PP y replicada en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos donde tienen mayoría. Los de Juan Espadas traen una iniciativa para meter a Andalucía de lleno en el debate territorial -abierto en canal con las demandas de máximos de catalanes y vascos-, y para ello proponen crear una ponencia de estudio para profundizar y mejorar el autogobierno de esta comunidad.
Este lunes, el PSOE andaluz ha calificado el Pleno de esta semana como “el más importante de la legislatura” (que apenas tiene un año de vida). En ambos debates, que tendrán lugar uno detrás de otro el próximo jueves, populares y socialistas buscan “retratarse” en medio de un conflicto político de alto voltaje, horas después de la primera votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Todo está conectado. Ambos se presentan como defensores del orden constitucional y ambos demonizan la propuesta del otro como una suerte de “tacticismo de partido”, bajo la alargada sombra de una legislatura atascada desde su inicio.
La vida parlamentaria andaluza está sometida a la hipotensión arterial de la mayoría absoluta de Moreno. El PP gobierna con comodidad y sin ataduras: ninguna ley, decreto u orden del Ejecutivo corre peligro de estamparse contra el legislativo. La crispación se filtra, desde Madrid, por los orificios de Despeñaperros y la política nacional. Los únicos chispazos del mandato provienen de la contienda electoral -municipales y generales- y de la estrategia de confrontación permanente de Moreno con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Una escalada de tensión heredada de la larga etapa de gobiernos socialistas -que pivotaron contra los Aznar y los Rajoy- y que encuentra su peldaño más alto en el “agravio territorial”: “Cataluña y País Vascos fueron privilegiados por el franquismo”, dejó dicho el presidente andaluz el pasado viernes, en esa espiral de presión que su partido ejerce contra el PSOE y aliados nacionalistas.
Las iniciativas que traen esta semana al Parlamento andaluz -aunque una de ellas sea la revisión misma de la ley orgánica que regula el autogobierno autonómico- no pueden disociarse de la confrontación nacional y del debate de investidura. El PP de Moreno quiere hurgar en las inseguridades y recelos del socialismo andaluz respecto a la hipótesis de una amnistía -que las hay (más en el partido, que en el grupo parlamentario)-. El presidente de la Junta hizo el viernes -y ha reiterado este lunes- un llamamiento explícito al transfuguismo dentro del PSOE, apelando a la conciencia y los principios de sus diputados en el Congreso, para que apoyen la investidura de Feijóo.
En el PSOE y singularmente en el PSOE andaluz, que ocupa 21 escaños de los 122 que arropan a Sánchez en la Cámara baja, hay antecedentes de “rebelión” interna. En 2016, el partido se resquebrajó cuando una parte de la bancada, liderada desde fuera por Susana Díaz (entre otros), se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Aquella grieta política y sentimental del socialismo se saldó con la caída en desgracia de Pedro Sánchez -repudiado por sus barones- y se cerró en falso con su resurrección como secretario general y presidente del Gobierno. Ni los vencederos ni los desclasados en aquel cisma se han amnistiado mutuamente.
De esta, la mayor crisis orgánica vivida por el PSOE en democracia, el PP extrajo el relato apropiado para intentar recuperar el poder: la invención del “sanchismo” con un reverso tenebroso del “socialismo real”, un relato al que los populares llevan abonados los mismos años que Sánchez lleva gobernando, y que explotaron con relativo éxito en las elecciones generales del 23 de junio: mayoría relativa, insuficiente para gobernar junto a la ultraderecha de Vox.
Cuando se vote el jueves la moción del PP andaluz contra la hipótesis de una amnistía a los líderes independentistas, Feijóo ya habrá comprobado en el Congreso si su estrategia de zamarrear al PSOE para que caigan “cuatro socialistas buenos” -léase tránsfugas- ha tenido éxito. El diputado socialista en el Parlamento andaluz Mario Jiménez ha asegurado este lunes en los pasillos de la Cámara que “no existe ningún temor” a que alguno de sus compañeros en el Congreso rompa la disciplina de voto. “Todos van a estar en la defensa de sus valores y sus principios, que no son los del PP”, afirma.
La proposición no de ley del PP-A busca un posicionamiento político del Parlamento andaluz “en defensa del principio de igualdad de todos los españoles y rechazo a amnistía o indultos que quebranten la organización territorial de España y la unidad nacional”. El equipo de Juan Espadas aún no quiere adelantar el sentido de su voto -“esperaremos a ver cómo se sustancia el debate”, dicen en el partido-, aunque lo previsible es el “no” en bloque de toda la bancada socialista.
Jiménez ha calificado esta iniciativa como una suerte de preamnistía, una “propuesta Minority report”, dice, en referencia a la película de Steven Spielberg sobre un futuro distópico, pensado por el autor de ciencia ficción Philip K. Dyck, en el que un cuerpo de policías (los “precrimen”) detiene a los delincuentes antes de que cometan el delito, basándose en las predicciones de tres personajes que pueden ver el futuro.
Moreno tiene mayoría absoluta -58 diputados- y cuenta con la connivencia de los 15 parlamentarios de Vox en este asunto, de modo que su moción saldrá adelante aun con el voto contrario del bloque progresista. De modo que el Parlamento andaluz rechazará, de forma preventiva, cualquier “amnistía o indultos que quebranten la organización territorial de España y la unidad nacional”.
A los de Espadas no les costará desmarcarse, aferrándose al argumento de que “no pueden valorar ni censurar algo que aún no existe y que nadie ha visto”. “Podemos traer una PNL sobre los unicornios y el posicionamiento del Parlamento andaluz tendría el mismo efecto”, advierten fuentes del grupo.
En cambio, la iniciativa del PSOE-A para “revisar” el Estatuto andaluz de autonomía en aras de una mayor “profundización y mejora del autogobierno” compromete más explícitamente a los populares, que tendrán que elegir entre alinearse con los grupos de izquierdas a favor, o votar en contra junto a Vox, que defiende en su programa el desmontaje del Estado autonómico -blindado en el Título VIII de la Constitución- y la recentralización de las competencias transferidas. “Con Vox o con la Constitución”, avisan.
El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, también ha rehusado adelantar el sentido del voto de su grupo, aunque mostró gran malestar porque la propuesta que Espadas -presentada ante el busto de Blas Infante del Parlamento, padre de la patria andaluza, según el Estatuto- “es calcada” de la oferta que hizo Moreno a los grupos en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, tras una ronda de entrevistas en el reinicio del curso político.
El presidente andaluz y el líder de la oposición forcejean por la hegemonía del debate territorial desde Andalucía, con alusiones al 28F y al legado de la lucha autonomista, pero con claras resonancias a la confrontación nacional de PP y PSOE en torno a la investidura de esta semana. Ambos hablan de crear “un frente común andaluz”, pero les separan diferencias de partido difíciles de reconciliar en este momento. Ambos se tildan de traidores a Andalucía y títeres de sus líderes nacionales.
Socialistas y populares andaluces ya lograron orillar sus diferencias ideológicas en 2018, cuando firmaron conjuntamente en el Parlamento una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica -caduco desde 2014-, que reclamaba 4.000 millones de euros más para Andalucía. Aquel informe que logró el consenso de todas las fuerzas -excepto Ciudadanos- es ahora otro garrote con el que se atizan ambos partidos.
El PP acusa a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de haber traicionado aquel documento, que ella mismo impulsó siendo consejera andaluza, y que contó con el respaldo por sorpresa de los populares. El PSOE, por contra, recuerda que aquel informe también condenaba el dumping fiscal de las comunidades de mayor renta -singularmente Madrid-, una práctica que luego copió el propio Moreno, abanderando seis rebajas de impuestos desde que es presidente, y con un llamamiento explícito a las mudanzas fiscales de los ricos para que traigan su patrimonio -exento de carga impositiva- a la costa andaluza.
El debate sobre el desarrollo, la calidad y la gestión de las políticas sociales, de la sanidad, la educación y la dependencia -pilares del autogobierno en Andalucía- ocupa un segundo plano. Socialistas y populares se acusan mutuamente de apropiacionismo del espíritu del 28F. “Javier Arenas supo devolver al PP a la senda autonomista, participando en la reforma del Estatuto de 2007, de la que Moreno puede descolgarse”, asegura el PSOE-A. “Felipe González y Alfonso Guerra, dos socialistas andaluces, no ven encaje de la amnistía en la Constitución, y Espadas prefiere ignorarles y entregarse ciegamente al sanchismo”, replica el PP-A.
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