La Junta reclama otros tres millones a UGT-A por ayudas indebidas
El titular de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha arrancado el curso político compareciendo de nuevo en comisión parlamentaria para dar cuenta del estado del análisis de los 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 26 millones de euros, al objeto de restituir en las arcas públicas las cantidades indebidamente percibidas por el sindicato. Como novedad a su última aparición relativa a esta investigación interna, del pasado junio, Sánchez Maldonado ha informado de tres nuevos expedientes de reintegro ya firmados, correspondientes a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por valor de 3,1 millones de euros. Sumados a los dos completados, el valor de los cinco expedientes con propuesta de resolución de reintegro en firme alcanzan casi los cinco millones de euros.
El consejero, que ha asegurado que los otros 16 expedientes están en un proceso de reintegro muy avanzado, se ha comprometido a que en la próxima comisión parlamentaria, prevista dentro de uno o dos meses, podría informar de manera definitiva de todos los expedientes analizados, que sumarían un valor total de 26 millones de euros. Pronto “estará todo solucionado”, ha dicho Maldonado, quien ha agradecido el trabajo de los funcionarios de la Administración en el análisis de los expedientes, y a quienes ha pedido “un nuevo esfuerzo” para concluir la investigación interna.
Además, ha presumido de ofrecer datos “de manera transparente y clara” y de haber trasladado a la Justicia ordinaria la documentación estudiada, si bien no se ha salvado de las crítica del representante del Grupo Popular, Rafael Carmona, quien ha lamentado la información “parca” que ha traído Maldonado a la Cámara andaluza y que los socialistas “hayan incumplido la normativa” en la Junta. El consejero ha opinado por contra que pocas veces se ha visto en una Administración un ejercicio de transparencia como el que lleva adelante su departamento y el hecho de que se estén estableciendo este tipo de reintegros.
Revisión de oficio del 90% de expedientes ligados al caso ERE
Por otro lado, el consejero ha sido interpelado por el Grupo Popular sobre los expedientes administrativos abiertos y concluidos relacionados con el caso de las ayudas sociolaborales a empresas y ayuntamientos otorgadas al amparo del programa 31L. En este sentido, Sánchez Maldonado ha informado de que la Junta ya ha reclamado el reintegro de 71 millones de euros tras finalizar la revisión de oficio de más del 90% de los expedientes.
La cantidad devuelta en periodo voluntario asciende a 1,2 millones de euros y en providencia de apremio se encuentran 22 millones de euros. Un número importante de expedientes, por valor total de 24 millones de euros, están suspendidos o paralizados cautelarmente en distintas instancias judiciales, según la información ofrecida por el consejero.
Los expedientes finalizados con dictamen y orden final son 195 (de un total de 211), de los cuales 178 son expedientes finalizados con dictamen del Consejo Consultivo donde se planteó la revisión de oficio y quedó declarada su nulidad. Otros cinco están finalizados con dictamen del Consultivo, que estima que no procede la revisión, otros doce concluidos con dictamen de archivo, un expediente con orden final de archivo, once expedientes pendientes de reinicio por parte de la Consejería y otro cuatro en los que el Consultivo plantea que debe esperarse a la resolución de la vía penal.
Pese a que el consejero ha destacado que en más del 90% de los casos el Consejo Consultivo ha dictaminado en línea con la propuesta de nulidad de las ayudas formulada por la Junta, derivando en el reintegro de la ayuda, el Grupo Popular ha lamentado precisamente eso, que los expedientes sean considerados nulos de pleno derecho “por ausencia de procedimiento”. “Esa es la barbaridad. Esa es la clave en este asunto y en el anterior (el de UGT-A)”, ha criticado Carmona, quien considera que “hay ilegalidadades e irregularidades” pero que “lo peor de todo es la impunidad” con la que ha trabajado la Junta de Andalucía.
