El Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles en el pleno la toma en consideración de la proposición de ley del PP para reformar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y, entre otras cosas, conceder la condición de autoridad pública a los docentes, como se ha hecho en otras nueve comunidades autónomas. Con esta condición proponía regular también la presunción de veracidad para los docentes en supuestos de agresiones, el apoyo psicológico a las víctimas, la creación de un registro de casos y la garantía de representación jurídica para los afectados.
Sin embargo, tanto el PSOE como Podemos e IU han votado en contra de que comience la tramitación parlamentaria, lo que ha hecho insuficientes para el PP los votos que sí le ha brindado C's después de que la popular Marifrán Carazo defendiera esta propuesta para “fomentar” la responsabilidad y respeto a los profesores, “que le son de interés debido al ejercicio de sus funciones con el fin de mejorar la convivencia, la calidad del sistema y el derecho a la educación”.
Puntos en los que ha coincidido el diputado de C's José Antonio Funes, si bien ha recalcado que el hecho de plantear esta ley supone “reconocer el fracaso de una sociedad incapaz de dar protagonismo y reconocer el valor de quienes educan a los niños”. En este sentido, pese a que ha comentado que la autoridad “no es una etiqueta”, ha opinado que el desarrollo de una propuesta como la elevada por el PP podría mejora la situación de la docencia, fruto de “la pérdida de prestigio del profesorado”.
La proposición de ley partía ya con el criterio contrario a su toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno. El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, explicó que la LEA, vigente desde 2007, señala entre los derechos del profesorado el “reconocimiento de su autoridad magistral y académica”. Igualmente, “en su condición de funcionario”, el profesor tiene “los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública”. También recordó que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece que “los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública”. Sin embargo, para los populares, se trata de un reconocimiento “exiguo” y “vago” y por eso proponían esta modificación.
“No compartimos el concepto de autoridad que tiene el PP, partiendo de la base de que el profesorado ya tiene una autoridad por su estatuto dentro de la función pública. Para nosotros, la autoridad debe estar dentro de un marco de convivencia que ya está previsto en los centros escolares”, ha convenido por su parte la diputada del PSOE Adela Segura. Ésta ha apostillado que este concepto “mal entendido” puede derivar en “autoritarismo”.
Mientras, desde Podemos, Teresa Rodríguez ha recordado que en su partido “hay una mayoría de docentes”, y “tras un largo debate”, han llegado a una conclusión: “O el PP tiene pocos o hace tiempo que no pasan por un aula. ”El problema del profesorado no es la falta de autoridad, sino de recursos“, ha expuesto. Tras incidir en que para Podemos ”la escuela es un espacio para compensar desigualdades y crear ciudadanos libres, felices y respetuosos con el resto“, ha considerado que la propuesta del PP busca imponer la vía de la disciplina en lugar de educar en la convivencia. ”Como no hay voluntad de incrementar los recursos en educación, como para por ejemplo reducir la ratio, la alternativa que proponen es más autoridad“, ha interpretado.
Por último, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha censurado que el PP “tiene una prioridad desenfocada sobre cuáles son los problemas” de la educación. Es más, ha rechazado que se pretendan “recuperar modelos autoritarios, reaccionarios y clasistas” y ha apostado por abordar el debate sobre la convivencia en las aulas desde una “perspectiva colectiva” en lugar de con una iniciativa que “huele a rancio”.