El consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, prevé viajar a Bruselas para reunirse con las autoridades de la Unión Europea (UE) en la materia y hacer presión contra el Gobierno de España para que haga una evaluación del impacto del proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana “en su conjunto y no pieza a pieza”. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, el día que IU ha remitido a la presidenta, Susana Díaz, una carta exigiéndole que pida la paralización cautelar del proyecto en el Tribunal de Justicia Europeo y mientras Greenpeace paralizaba las obras con una acción de protesta a primera hora.
“El Gobierno de Andalucía trabaja por activa y por pasiva para que ese proyecto no sea una realidad”, ha insistido el vicepresidente por las críticas vertidas en torno a que en su día la comunidad autónoma le otorgó la autorización ambiental unificada a la empresa para que pudiera operar, dado que ésta es su competencia. Sin embargo, Manuel Jiménez Barrios ha recordado que el proyecto autorizado por el Gobierno de España se troceó en cuatro partes y la que afectaría al parque natural no tiene dicho permiso de la Junta de Andalucía.
Sobre la propuesta de IU, ha comentado que “se estudiará”. En este sentido, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, firma la carta a la presidenta, en la que le plantea esta opción como máxima medida de presión contra el Gobierno de España y como “muestra de su compromiso” en la defensa del espacio protegido.
Preguntado por ello, dado que la presidenta estaba este martes de viaje en Bruselas, su número 2 ha remarcado que hay que esperar a conocer la propuesta de IU. “El Gobierno de Andalucía está dispuesto a cualquier tipo de diálogo que lleve a la paralización de una iniciativa que no comparte”, ha enfatizado.
Mientras, Gas Natural y Enagás han presentado sendas denuncias ante la Guardia Civil por la irrupción de activistas de Greenpeace en una de sus instalaciones situadas en el término municipal de Almonte (Huelva). Fuentes de Gas Natural han explicado a Europa Press que estas denuncias se presentan contra la “ocupación” de estas instalaciones, que son de propiedad privada. Cabe recordar que las dos empresas lideran este proyecto: Gas Natural Fenosa se dedicaría a explotar y sacar el gas del pozo, mientras que Enagás sería la transportista del mismo.