En medio de un entorno de descrédito de la política, el Partido Socialista quiere subir la apuesta en la carrera por ganar el crédito de los ciudadanos proponiendo como medida de transparencia a PP, IU y PA adoptar el modelo estadounidense de validación de todos los aspirantes a estar en la cúpula del Gobierno Andaluz y en los órganos de extracción parlamentaria (que emanan del parlamento) mediante el interrogatorio de los diputados del Parlamento. Esta medida no es nueva en el caso de quienes ocupan la presidencia o son consejeros del Consejo de administración de la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual o la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ley, tienen que comparecer en la Comisión de Interior parlamentaria. Pero lo que se persigue es romper ese pacto no escrito entre los partidos por el que en esas audiencias no hay preguntas.
Otra cosa bien distinta es en lo respecta al Ejecutivo, si finalmente se opta porque también se aplique a este nivel. Hasta ahora, quienes ostentan una Consejería no han tenido nada que hacer más allá de dar un sí al presidente de la Junta y jurar o prometer el cargo. El salto cualitativo de esta propuesta es que tengan que comparecer y verse en la tesitura de ser sometidos a un cuestionario por diputados de todos los grupos. El juego de mayorías no tiene por qué frenar un nombramiento, pero sí se conseguiría algo importante: que quien vaya a ser consejero se retrate ante el ciudadano.
Como explican fuentes socialistas, el mejor ejemplo para justificar la necesidad de esta medida es el caso del magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, ex diputado del PP, miembro del Opus Dei y declarado antiabortista, que tiene en sus manos resolver la sentencia del recurso de los populares contra la ley del aborto en vigor. Fue elegido en virtud de ese pacto de reparto entre PSOE y PP, pero en su comparencia ante la Comisión de Nombramientos del Congreso, ningún parlamentario le preguntó por su posición sobre el aborto, lo que habría sido interesante de cara a la labor que tiene ahora por delante (Ramón Jáuregui sólo le preguntó de manera indirecta sobre su postura contraria el matrimonio homosexual, planteándole qué haría si se le propusiera reformar el artículo 32 de la Constitución para incluirlo).
El bloqueo
El factor del bloqueo está ahí, pero parece secundario. En los órganos de extracción parlamentaria, tanto los directores generales como los consejeros tienen que ser aprobados por tres quintos de la Cámara y, hasta el momento, salen adelante por esa complicidad y por las cuotas entre partidos. Pero esa permisividad podría romperse cuando se tratase del Gobierno autonómico. Como así está pasando en el Senado de EEUU. El Gobierno de Obama está bloqueado en la elección de su secretario de Defensa, Chuck Hagel. Logró ya el visto bueno del Comité de Fuerzas Armadass del Senado con los votos demócratas, pero en el siguiente paso y definitivo, su aprobación por el pleno del Senado está paralizada. Los demócratas tienen sólo 55 escaños de los 100 de que consta la Cámara, y para lograr los 60 que son necesarios necesitan del apoyo de los republicanos. Estos se lo deniegan porque no les gusta la postura de Hagel respecto a las armas nucleares e Israel.
Otra de las propuestas en materia de transparencia que los socialistas sugerirán en esa mesa de partidos del Pacto por Andalucía es que, ahora que los ciudadanos están lupa en mano revisando qué tienen y cuánto cobran los políticos, se debería implantar una nueva obligación: dar a conocer su patrimonio y declaración de la renta “al entrar y al salir”.