El PSOE de Andalucía ha registrado este lunes en el Parlamento andaluz una propuesta para “revisar, profundizar y mejorar” el Estatuto de Autonomía y la capacidad de autogobierno. La federación socialista más numerosa irrumpe así en el debate sobre el modelo territorial que, estos días, monopolizan las demandas y exigencias de los partidos independentistas catalanes y vascos a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez para reeditar su Gobierno.
El vehículo que propone el PSOE-A es el mismo que se usó para iniciar la reforma estatutaria de 2007, y que contó con el consenso de PSOE, PP e IU: una “ponencia de estudio” al amparo del artículo 54 del reglamento de la Cámara, es decir, la creación de un grupo de trabajo integrado por todos los partidos que elabore un informe para evaluar “tanto el despliegue de las competencias” autonómicas como “el ejercicio de las mismas” por parte de la Junta en los últimos 16 años -11 bajo gobiernos socialistas y los últimos cinco del PP-, “así como posibles propuestas y líneas de desarrollo para profundizar al máximo en la capacidad de autogobierno de la comunidad”.
El informe se elevará a la comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento, que podrá ampliar o continuar su trabajo, antes de remitirlo al Pleno para su aprobación final “con el mayor consenso, a ser posible por unanimidad”. Los socialistas quieren que esta iniciativa entre en el orden del día del próximo Pleno (27 y 28 de septiembre) dentro de su cupo de proposiciones no de ley (PNL), que coincidirá con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.
Lucha por la iniciativa política
Ni la propuesta ni el calendario previsto para abordar este asunto en el Parlamento andaluz son frutos del azar. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha comparecido este lunes frente al busto de Blas Infante, denominado “padre de la patria andaluza” en el Estatuto de Autonomía, para conectar su propuesta con la historia de lucha por la autonomía andaluza. El líder de la oposición ha mencionado la movilización civil de 1977, el referéndum del Estatuto de 1980 y la reforma de la misma ley orgánica de 2007. Hoy, igual que en las tres fechas anteriores, la política andaluza se agita a rebufo de los autogobiernos catalán y vasco.
Con este movimiento, Espadas persigue un objetivo claro: arrebatar la iniciativa política al presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, erigido estas últimas semanas en heredero de la lucha por la autonomía plena de Andalucía y gran valedor de la igualdad de todos los territorios, frente a las “concesiones” de Sanchez a Junts, ERC y PNV que denuncian al alimón PP y Vox.
La propuesta de Espadas es muy similar, en fondo y forma, a la que el presidente Moreno hizo la semana pasada a los portavoces de los grupos parlamentarios, convocados a una ronda de entrevistas en el Palacio de San Telmo [sede del Gobierno andaluz] para la apertura del curso político. Moreno, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, pidió a la oposición unidad de acción para defender los intereses de Andalucía por encima de diferencias partidistas, y evitar que se quede descolgada de una negociación bilateral de “privilegios” con los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes.
“Si él me hizo un envite desde San Telmo, hoy se lo hago yo en el Parlamento”, ha advertido el socialista. En la Cámara legislativa están representadas todas las fuerzas políticas, en el Ejecutivo sólo está el PP y, según sus rivales de izquierdas, “en una estrategia de confrontación institucional con el Gobierno de España”.
Es, por tanto, una disputa entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición por abanderar las reivindicaciones autonómicas andaluzas en un debate territorial que parece pivotar exclusivamente entre Madrid, Barcelona y Bilbao. Un debate tensionado, además, por las negociaciones de Sánchez para ser investido presidente, y las presiones del PP para dinamitar ese acuerdo, tras constatar que Feijóo carece de apoyos necesarios para cumplir con el mandato del rey Felipe VI la semana próxima en el Congreso.
“Riesgos de desigualdad”
Con este giro de guión, Espadas también ha endurecido su discurso contra las reivindicaciones de los aliados que necesita Sánchez en lograr la investidura. Hasta ahora, el dirigente socialista andaluz se veía respondiendo con argumentario del partido las preguntas sobre “amnistías, privilegios financieros y referéndum de autodeterminación”: “Todo se hará en el marco de la Constitución; Eso no toca ahora; Ahora es el momento de la investidura de Feijóo”, ha reiterado siempre, cuidándose mucho de no separarse un milímetro de la estrategia de Ferraz. Moreno le ha afeado la “falta de voz propia” y que “antepusiese la lealtad a Sánchez al interés de los andaluces”.
Este lunes en el Parlamento, Espadas ha recolocado al PSOE andaluz en una posición de contraataque dentro del debate territorial. “Este es un debate en el que algunos pueden mover las fichas del tablero y que pudiera haber riesgos de desigualdad” entre territorios, ha dicho, por primera vez de forma clara, en alusión a las exigencias de nacionalistas e independentistas.
Hasta ahora, el dirigente sevillano había rehusado profundizar en las demandas de catalanes y vascos, porque implicaba “pasar de pantalla” y situarse en la hipótesis de la investidura de Sánchez, cuando Feijóo aún no ha subido a la tribuna del Congreso a explicar su propuesta de modelo territorial.
Dos ponencias de estudio en 40 años
Los ponencias de estudio o los grupos de trabajo son subórganos de las comisiones permanentes del Parlamento que, a efectos prácticos, precisan idéntica tramitación y tienen la misma finalidad. Su trabajo tiene que terminar “con anterioridad a que termine el período de sesiones siguiente a aquel en el que fueran creados”.
La propuesta de ponencia del PSOE-A obligará al PP de Moreno a posicionarse en un debate sobre el modelo territorial que tendrá lugar en el Parlamento andaluz un día después de la votación de la investidura de Feijóo en el Congreso. Espadas dice que el fin último de revisar el Estatuto andaluz, tras 16 años de vigencia desde la última actualización, no es emprender otra reforma, sino “medir la calidad del autogobierno”. No se buscan más competencias, sino saber si las que ostenta la Junta están bien gestionadas y financiadas, o si hay preceptos de la Ley Orgánica sin desarrollar o no suficientemente explotados.
Los socialistas introducen en ese análisis una dura crítica al Ejecutivo de Moreno. “Tenemos un Estatuto de primer nivel y en algunos casos un gobierno de segunda”, asegura Espadas, poniendo como ejemplo la “mala gestión de la sanidad pública”, caballo de batalla de la oposición desde la crisis del coronavirus. Entre los puntos que ha mencionado para evaluar el desarrollo estatutario, Espadas pide revisar “los foros de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades; las singularidades propias de Andalucía [léase la sequía]; la participación de las comunidades en asuntos europeos donde tienen un amplio margen competencial; la cogobernanza entre los entes locales y la Junta y el impulso al modelo de financiación autonómica”.
Este último punto es capital, porque el propio PSOE federal está empujando el debate territorial hacia el asunto de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, caduco desde 2014. Del Parlamento andaluz ya salió una propuesta de modificación, impulsada por la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero, que reclamaba 4.000 millones de euros más para Andalucía. Todas las fuerzas parlamentarias de entonces, excepto Ciudadanos, suscribieron ese documento que fue aprobado por amplia mayoría del Parlamento.
Moreno, entonces en la oposición y con un liderazgo muy contestado dentro de su propio partido, tuvo la agilidad de respaldar aquella propuesta de reforma de la financiación, con el sello del PSOE y cuyo interlocutor directo era el presidente Mariano Rajoy. Los socialistas buscaban aislar al PP andaluz, pero éste se sumó al acuerdo por sorpresa. Ahora es Moreno, ya como presidente de la Junta, el gran valedor de aquel documento con el que atiza a diario a la hoy ministra de Hacienda y a todo el PSOE andaluz. Ambos se acusan de incumplir lo suscrito en aquel acuerdo.
Los populares afean a los socialistas que hayan dejado de exigir más financiación para Andalucía en cuanto Sánchez ha llegado a Moncloa. Los socialistas reprochan a Moreno que rubricase un acuerdo que denuncia explícitamente el dumping fiscal de Madrid con el resto de comunidades [competencia desleal], para convertirse en el “alumno aventajado de Isabel Díaz Ayuso” con su bajada masiva de impuestos y su llamamiento a las mudanzas de domicilios fiscales de los ricos a Andalucía. Aquel acuerdo sobre financiación también partió de un grupo de trabajo, constituido en septiembre de 2017, y que terminó con su aprobación en octubre de 2018.
En la historia parlamentaria ha habido sólo dos solicitudes de ponencias de estudio presentadas, ambas calificadas favorablemente y admitidas a trámite; una decayó por la finalización de la legislatura -sobre una reforma legislativa “para evitar que las elecciones al Parlamento andaluz puedan coincidir con otras de carácter general (V Legislatura); y la otra dio origen a lo que sería la reforma del Estatuto de 2007 (VII Legislatura). Esta última ponencia de estudio se creó el 28 y 30 de junio de 2004, aunque la iniciativa de modificar y ampliar el marco estatutario andaluz fue del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el 8 de mayo de 2002.