De “quitarse el sombrero” a ser “un residuo” en Andalucía: las ONGD creen que “la política de cooperación no le importa a la Junta”

La cooperación internacional fue la primera política pública andaluza víctima de los recortes derivados de la pandemia. La reunión de este miércoles entre la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD) y la Viceconsejería de Igualdad y Políticas Sociales no depara, a priori, un cambio de rumbo. Al menos eso intuyen las entidades andaluzas de ayuda al desarrollo, que prevén que los presupuestos de la Junta para el año que viene supongan definitivamente el “completo desmantelamiento” de esta politica, que lleva años viendo cómo las cuentas van en descenso pese a que se trata de un mandato para el Gobierno Andaluz contemplado en el Estatuto de Autonomía. No solo eso, sino que tiene unos compromisos propios marcados por el vigente Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023), que indica que la ayuda al desarrollo debe crecer al menos en el mismo porcentaje en que lo haga el presupuesto de la comunidad autónoma.

Precisamente, los presupuestos para el año próximo, que ya han empezado a negociar PP y PSOE, motivaron el encuentro entre representantes de la coordinadora andaluza de ONGD, que representa a 64 entidades, y la titular de la Viceconsejería, María del Carmen Cardosa. La CAONGD quería saber cómo se afrontaba presupuestariamente la cuestión tras tres años de recortes en la actual legislatura de PP y Ciudadanos. La conclusión que sacan las oenegés es que el hecho simbólico de quitarse el sombrero el pasado mes de junio por la labor que hace la cooperación andaluza fue solo un espejismo: “La política de cooperación no le importa a la Junta”, zanja Héctor Rivero, presidente de la CAONGD.

No hay datos aún de cómo está pintada en los presupuestos autonómicos la partida de ayuda al desarrollo para 2022 pero todo son “malas sensaciones”, explica Rivero a elDiario.es Andalucía. Fuentes de la Consejería de Igualdad señalan en el mismo sentido que “la negociación de los presupuestos aún no está cerrada”. Pero la falta de información concreta no despeja las dudas de las entidades, que ya vieron cómo la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) suprimía al inicio de la pandemia la cooperación directa y las convocatorias para universidades, reduciendo a la mitad el presupuesto para los proyectos solidarios. Apunta Rivero que “no esperábamos que se pusiera en duda el presupuesto”, teniendo en cuenta las cuentas expansivas que se prevén en la comunidad autónoma gracias a los fondos europeos con motivo de la Covid-19, con más de 43.800 millones de euros. “Las cantidades que se vienen dando, o las que se pueden prever, son irrisorias”, comenta Rivero. Este año 2021 son 35,1 millones de euros en los presupuestos de la Junta. Durante la pandemia (2020) le restó fondos en pleno ejercicio, como ya informó este medio, dejándola en 30 millones, según cifran desde la CAONGD.

De quitarse el sombrero a otro “retroceso”

Sin cifras cerradas a la vista, la “tradicional opacidad” en la tramitación presupuestaria y el precedente “histórico” en la materia no ofrecen buenos augurios, argumenta Rivero, que denuncia que “los tres años de recortes no eran económicos sino ideológicos”. Cabe recordar que uno de los puntos del acuerdo suscrito el 9 de enero entre PP y Vox para investir a Juan Manuel Moreno como presidente andaluz decía esto: “Trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos”. Según explica Héctor Rivero, la intuición es que se le va a dar “un golpe mortal al tejido asociativo netamente andaluz”, lamentando que la labor solidaria desde Andalucía puede quedarse apenas en alguna delegación en el territorio autonómico de organizaciones estatales o internacionales.

Con ese panorama, las cifras reales de los útimos tiempos arrojan poca certidumbre al futuro de la cooperación andaluza, que en los últimos años “ha perdido un tercio de su fuerza de trabajo”, reduciendo “drásticamente su capacidad de mejorar la vida de millones de personas en países del sur”, según ha denunciado la coordinadora. En 2017, las entidades de la CAONGD realizaron intervenciones de cooperación destinadas a 17,5 millones de personas. El último informe de la CAONGD, con datos relativos a 2020, deja esta cifra en 5,5 millones, apenas un tercio de las cifras previas a la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta. Por otra parte, el número de personas contratadas en las ONGD andaluzas ascendía a 1.180 en 2020 mientras que en 2018 eran 1.851, lo que implica una disminución superior al 36%. “El retroceso de la financiación pública se presenta como la principal causa de este descenso”, considera la CAONGD, que concluye que la viceconsejera durante la reunión del miércoles no les ofreció información sobre una ruptura de la inercia de recortes y, mucho menos, sobre la posibilidad de incrementar la dotación de la ayuda oficial al desarrollo en 2022.

Desde la coordinadora entienden que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, “debería poner al frente de la cooperación andaluza a personas que defiendan la presencia de la comunidad en el ámbito de la ayuda al desarrollo, con firmeza y aumentando los presupuestos como marcan los compromisos públicos”. A su juicio, “la realidad muestra otra cara completamente distinta”, ya que Andalucía cuenta con “un Gobierno más preocupado por bonificar a las élites, con reducción de impuestos o medidas como las deducciones a la educación privada anunciadas este miércoles que por atender a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad”. “No hay mejor camino para dinamitar las políticas sociales, incluida la de cooperación, que una fiscalidad pensada para quienes más ingresan”, argumentan.

Incumplimientos de lejos

La coordinadora recuerda que, durante la mencionada presentación de la campaña #MeQuitoElSombrero por la cooperación andaluza, la consejera Rocío Ruiz destacaba su apuesta por la cooperación para el desarrollo como política pública en Andalucía, poniéndose, según sus palabras, al frente de la defensa de la solidaridad como parte del ADN andaluz, junto a la AACID y las organizaciones sociales andaluzas. “El silencio, cuando no los indicios de lo contrario respecto a cómo se traducirá esa apuesta de la Junta de Andalucía por esta política, hace prever lo peor: la comunidad pasará de ser un referente en solidaridad a convertir la defensa de los derechos humanos y la justicia social en un residuo del conjunto de su actividad. Más allá de la foto, el compromiso se diluye”, sentencian desde la CAONGD.

En 2018, la ayuda al desarrollo por parte de la Junta suponía el 0,14% de las cuentas públicas. En 2020, la política de cooperación llegó a sufrir un recorte durante el propio ejercicio, quedando en el 0,07%. Pero los incumplimientos en la materia en Andalucía se remontan 16 años atrás. El artículo 15 de la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 estableció que “la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía fijará anualmente los créditos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo que tenderán progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía”. Para colaborar a la erradicación de la pobreza en el mundo hasta alcanzar el 0,7% en 2012, sólo se llegó a poco más del 0,2% al final del periodo.

Mucho más habría que remontarse para ver los orígenes de la reivindicación del 0,7%. Tanto como medio siglo, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó, el 24 de octubre de 1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en el informe final de la 'Comisión Pearson', en 1969, la ONU hizo un histórico llamamiento para que los países desarrollados ofrecieran un nivel mínimo del 0,7% de su producto interno bruto (PIB) en Ayuda Oficial al Desarrollo.