La recalificación de la fábrica de Altadis en Sevilla como ejemplo de un modelo cuestionado

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, en vigor desde 2006, describe la antigua fábrica tabacalera de Altadis, a orillas del Guadalquivir, como un “valioso ejemplo de arquitectura industrial con importantes hallazgos formales que la convierten en referente dentro del paisaje del río”. La factoría está clausurada desde 2007 y ahora el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido cerrar un convenio con la multinacional para recalificarla y permitir usos comerciales y hoteleros. El caso es que este convenio cerrado por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y el consejero delegado de la multinacional, Juan Arrizabalaga, ha quebrado la unanimidad de había en el Ayuntamiento de Sevilla para evitar “usos especulativos” en la antigua planta de esta empresa que deslocalizó en 2007 su producción.

El proyecto de convenio ha sido respaldado sólo por el PP, mientras que el PSOE e IU lo han rechazado. Contrasta esto con lo ocurrido en 2003 cuando Altadis comenzó a anunciar su retirada de la ciudad y las cuatro formaciones con representación entonces (PSOE, PP, PA e IU) adoptaron el acuerdo que blindaba de usos especulativos la fábrica para evitar lo que había ocurrido en otras industrias de la ciudad que iban marchándose -dejando a sus trabajadores en paro- y convirtiéndose en solares donde brotaban viviendas con el boom inmobiliario. Esta ruptura, entre otras cuestiones, es la que ha llevado al sindicato CCOO de Sevilla a organizar unas jornadas con expertos que este miércoles debaten sobre el futuro de Altadis y sobre la manera de gestionarlo.

Para entender la trascendencia de este proyecto hay que recordar que se habla de una superficie de más de 25.000 metros cuadrados, enclavada en el barrio de Los Remedios y ligada a la historia de las últimas décadas de la ciudad (se construyó en 1954). La ficha del PGOU de esta edificación incide en su valor como muestra de “la pervivencia de una actividad ligada a Sevilla durante casi cuatro siglos”. Y dice expresamente que “el alcance del nivel de protección exigido”, con un grado de C, se refiere a “la totalidad del conjunto”. Recoge en “obras permitidas” las siguientes: “conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación”, por un lado, y “reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta”, por otro.

El convenio, por su parte, contempla que la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 que quedarían a modo de espacios libres de dominio público, toda vez que el Ayuntamiento de Sevilla contaría además con el edificio principal y la capilla que usa la Hermandad de las Cigarreras. Altadis se quedaría con el resto: 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad de 8.000 y 3.000, respectivamente, donde no podrá haber usos residenciales, pero sí terciarios. Una recalificación que, en todo caso, está pendiente de que la Junta de Andalucía la autorice y por eso el propio alcalde se ha reunido con la presidenta, Susana Díaz, para intentar desbloquearlo.

De espaldas a la ciudadanía

El presidente del Colegio de Geógrafos de Sevilla, Enrique Hernández Martínez, uno de los invitados, subraya que con esta decisión “tomada detrás de la cortina” se hurta el derecho a la ciudad, es decir, a la participación ciudadana para decidir sobre la misma. Este concepto, que no es nuevo porque “viene de mayo del 68”, se está implantando en muchos países. Se ha incorporado por ejemplo a las constituciones de Ecuador o Brasil, y hay países europeos que están trabajando en ello, junto organismos como la Unesco. Tiene dos vertientes: por un lado, recibir todos los servicios que son inherentes a una ciudad y, por otro, la participación ciudadana para determinar cómo se transforman éstas.

“No es sólo Altadis. En el caso de Sevilla está luego la Gavidia, la Alameda de Hércules y otras importantes intervenciones que modifican el modelo de ciudad y por tanto influyen en sus habitantes ya sea de manera positiva o negativa”, recalca. De este modo, independientemente de que no comparte lo que se está eligiendo para Altadis porque supone volver a un modelo “obsoleto de recalificaciones en función sólo de la lógica del mercado”, insiste en que lo “más grave” es que se hace de espaldas a la ciudadanía y se está modificando un PGOU que “por primera vez se elaboró con importante participación ciudadana”. En su opinión, cuando la ciudadanía está exigiendo otra forma de hacer política, es un “retroceso” volver a estas fórmulas.

En este sentido, otro de los participantes en el foro, Julián Sobrino, profesor de Historia y Teoría Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, apunta: “Claro que está protegido. Está un catálogo de patrimonio que no se había cuestionado, pero de la noche a la mañana hay un giro de 180 grados”. Tras precisar que no ha trascendido todavía cuál es el proyecto completo, para conocer la envergadura de la intervención, sí muestra su temor por lo que supondrá sobre este patrimonio. Por eso, destaca la celebración de estas jornadas, pero recalcando que “debería ser una práctica habitual y que los grandes proyectos pudieran debatirse”.

Desde CCOO de Sevilla reconocen que la situación de crisis obliga a una reflexión general, y el urbanismo no debe ser ajeno a esto, pero no comparte que ninguna administración local pueda modificar “por decreto” el principal instrumento de planificación a largo plazo. Entienden por ello que es lógico pensar que no habrá industria manufacturera en ese espacio, pero sí abogan por opciones productivas. La industria del siglo XXI ofrece ejemplos en ciudades europeas de reutilización de estos espacios en clave industrial (I+D+i, centros de investigación, conexión con las universidades...).

Reniegan de “negociaciones privadas con empresas o grupos de interés”, en lugar de abrirse espacios de debate público. “Altadis cerró su empresa dejando en la calle a mucha gente. Hubo un acuerdo ratificado con los grupos municipales de mantener la calificación de suelo industrial, precisamente para impedir que Altadis hiciera una operación de especulación que encima le generara enormes plusvalías. Hoy calculamos que la plusvalía sería de más de 35 millones de euros”, apunta el responsable de Acción Sindical, Carlos Ollero. Paradójicamente, el PP firmó el año pasado el Acuerdo en Defensa de la Industria Sevillana impulsado por los sindicatos y que precisamente comprometía a los partidos a no facilitar estas operaciones a las empresas que cerraran.

Las jornadas serán la tarde del miércoles 28 de mayo en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla (calle Enramadilla, s/n) a partir de las 19.00 horas.