El Parlamento de Andalucía debate si considera la propuesta de Podemos para eliminar “privilegios” de los diputados
Podemos llevaba tres meses intentado que entrara su propuesta de reforma del reglamento del Parlamento de Andalucía para eliminar ciertos “privilegios” de los diputados hasta que la pasada semana entró en el orden del día para el pleno que comienza este miércoles. Lo que se hará es decidir la toma en consideración de una propuesta de la que la portavoz adjunta de Podemos, Esperanza Gómez, ha recordado las trabas que han encontrado por parte del PSOE, PP y C's para siquiera debatir sobre ello por “falta de voluntad”.
“La reforma es sensata. Estamos diciendo que se justifiquen los gastos de los diputados para cobrar las indemnizaciones”, resume la diputada sobre la medida más importante de un texto que cree que produce “alergia” a determinados grupos, pero con el que Podemos busca que sus señorías estén “más cerca de la ciudadanía” a la hora de cobrar, porque la realidad es que, por ejemplo, en el caso de los portavoces de los grupos, junto a un sueldo de en torno a 3.000 euros, reciben 500 semanales fijos en concepto de indemnización, “sin ni siquiera justificar el gasto”.
La coordinadora general de Podemos Teresa Rodríguez, ha valorado este martes que en su grupo tienen la “percepción de que hay como un pacto de omertá” y que “es un tema incómodo para los representantes públicos”, por lo que ha dudado de que la toma en consideración sea posible, lo que se verá este miércoles nada más comenzar el pleno, porque es el primer punto del orden del día.
Bautizada como Privilegios Cero, la propuesta fue registrada el pasado mes de junio y si es tomada en consideración comenzará su tramitación parlamentaria en la que se podrán incluir las pertinentes modificaciones. Básicamente busca limitar las indemnizaciones fijas por alojamiento, desplazamiento o cesantías que cobran los diputados, asimilando el funcionamiento de estos conceptos a los que se aplican al conjunto de trabajadores de la Junta de Andalucía. Éstas son las cuatro principales modificaciones del reglamento que propone:
Gastos
Con esta modificación se exige la justificación de todos los gastos que, como medida de transparencia, serían publicados en el portal de transparencia. En estos momentos, cada diputado percibe una cantidad fija que depende de su cargo o de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la cámara, sin exigir una mínima justificación. En estos momentos reciben, como mínimo, unos 1.000 euros mensuales por este concepto, y hasta 2.500 los integrantes de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos.
Desplazamientos
En el caso de los desplazamientos a la sede del Parlamento de Andalucía y de las actividades vinculadas al cargo que se realicen allí, propone que, cuando soliciten indemnización por los gastos, acrediten su estancia mediante un sistema informático de registro de presencia. Este sistema ya existe en la actualidad para controlar la asistencia del personal al servicio de la cámara, “por lo que la implantación de esta medida no supone costes añadidos”, según recuerdan los proponentes.
Kilometraje
La propuesta incluye también una bajada en la indemnización por kilometraje y su equiparación a la que cobran los trabajadores de la Junta de Andalucía. “No se abonará kilometraje si el desplazamiento se realiza en coche oficial. En el caso de viajar en trasporte público o colectivo y éste ofrezca distintas opciones de billete, el Parlamento de Andalucía sólo pagará la opción más económica. Es decir, a nadie se le pagará un billete en preferente en el AVE o en primera clase en los aviones”, reza la propuesta.
Cesantías
Podemos quiere la asimilación de las cesantías que cobran los diputados al dejar su cargo con la indemnización por desempleo. Eso sin excluir que sea incompatible con la percepción de cualquier tipo de retribución o prestación económica a que se tuviese derecho como consecuencia del cese o término del desempeño de algún cargo, actividad o empleo público o privado desarrollado simultáneamente con el cargo de diputado. También recoge que no se paguen a personas “con sentencia judicial firme por delitos contra la administración o corrupción en los negocios, ni a quienes hayan sido condenados a inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público, excepto si han cumplido la condena”.
