“Buenos días. La normalidad ha vuelto al gobierno de la Junta de Andalucía”. El coordinador de IULV-CA 'saludaba' así a la prensa de Málaga apenas unas horas después de haber transmitido a la opinión pública, en los pasillos de todo un Parlamento de Andalucía, que el pacto de gobierno regional estaba en “suspensión momentánea”. Un largo día de reuniones, el del viernes, y un decreto mediante, el sábado a la mañana, y los dos socios y el PP-A tenían sus particulares conclusiones. Diversas, claro. Para unos, el asunto se daba por cerrado y para otros, los populares, el tema era una gota más en el vaso de lo que consideran un “desgobierno”. UPyD destacaba que tanto PSOE como IU habían elegido “blindar su poder”.
El día después, más allá de las pertinentes reacciones de unos y otros, estuvo salpicado por un tuit de la secretaria general de la Vivienda, Amanda Meyer, que apenas veía la luz el decreto apuntaba que ya se estaba trabajando en el realojo de otras nueve familias de la Corrala Utopía. Tuvo que salir el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, indicando que “no se va a producir ningún realojo más” al margen de los ocho acordados. Las otras nueve “han sido suspendidas” y cinco familias han renunciado. Meyer, más tarde y de nuevo a través de Twitter, quiso aclarar por si se había creado confusión que la actuación que lleve a cabo Fomento y Vivienda sería “acorde con la declaración del Gobierno andaluz”.
Antonio Maíllo, otra vez junto al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, defendía que la actuación de la Consejería de IU motivada por el desalojo de la corrala había sido “impecablemente legal”. Lara iba aún más allá en la forma de comunicarlo: “La actuación ha sido legal, ha sido justa y ha sido verdadera. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”. Desde la formación de izquierdas se insistía en el acatamiento de la decisión judicial del desalojo: “La causa de la actuación urgente viene determinada porque un juez dice que las administraciones públicas están para esto, para atender a la gente que lo necesita”, ha reiterado el líder de IU Andalucía. “No había nada que modificar porque todo era correcto”. Caso cerrado.
Desde el PSOE-A, su secretario de Organización, Juan Cornejo, aseguraba que se había cumplido “la legalidad y la igualdad de oportunidades” tras “la anulación de nueve realojos no justificados”. Reconocía que había habido “distorsión y diferencias que se tenían que esclarecer y que han sido resueltas”, e insistía en el mensaje de Susana Díaz de estos días: hay nueve de esas 17 familias a las que no le corresponden “llaves” ni realojos de otro tipo y tendrán que ponerse en las listas de espera de demandantes de viviendas “como cualquier otro ciudadano”. “En Andalucía, todas las familias tienen igualdad de derechos y de oportunidades para acceder a una vivienda pública”, ha subrayado. En su opinión, la noticia “más importante” es que la estabilidad del gobierno ha quedado “fortalecida”. Pacto reforzado.
Por su parte, Dolores López era la cara del PP-A en el día de resaca de la crisis de gobierno. La reciente secretaria general era contundente: Susana Díaz “ha hecho el mayor de los ridículos posible”, es “rehén de un partido radical” y la autonomía andaluza “está secuestrada por un partido de radicales” con su “beneplácito”, lamentando la situación de generada. “Estamos asistiendo a una situación insólita de descontrol y desgobierno que está haciendo un daño irreparable a nuestra tierra”, ha concluido.