Más de 10 años después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara los hechos, a raíz de diversos informes del Tribunal de Cuentas del Estado (TdC), la Audiencia Nacional (AN) ha condenado este miércoles al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al exbrazo derecho de Jesús Gil, Pedro Román y al exgerente municipal de Urbanismo Juan Antonio Roca, a la pena de seis años de prisión como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Son absueltos de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social. Se trata de la sentencia por el llamado ‘caso saqueo 2’.
Otras diez personas, en su mayoría exediles y cargos del partido GIL, también han sido condenados. La cifra de absueltos se eleva a 15, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe, que se enfrentaba a 3 años y medio de cárcel. Ella ni siquiera era teniente de alcalde durante el periodo juzgado (1991-1999), porque asumía la concejalía de Sanidad. También ha sido absuelto el exconcejal de Deportes Tomás Reñones, exfutbolista del Atlético de Madrid.
El núcleo duro de Gil y Gil deberá hacer frente a indemnizaciones por responsabilidad civil, frente al Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular, que rondan los 40 millones de euros. Así se estima el desfalco que sufrieron las arcas públicas.
La resolución de la Seción Tercera de la AN, compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, relata a lo largo de 208 folios, todo el modus operandi ejecutado por los condenados para desviar fondos públicos del Consistorio marbellí y más de una veintena de sociedades municipales, que escaparon a cualquier control durante más de una década.
Dicha sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, considera probado que los condenados “dispusieron de fondos y patrimonio en perjuicio del erario público”. Además, los concejales que intervinieron en las operaciones “se concertaron a tal efecto”, si bien-acota el fallo- “no constan las instrucciones permanentes” de los entonces tenientes de alcalde Pedro Román, Julián Muñoz y el exgerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., Juan Antonio Roca.
Se acredita también la “asunción por parte del Ayuntamiento de Marbella de deudas ficticias de las sociedades, que no respondían a operación alguna, sin estar contabilizadas en las mercantiles”.La Sala aprecia la existencia de “un ámbito de consorcio para favorecer el desvío de bienes y fondos públicos, centrado en Julián Muñoz, Pedro Román, Modesto Perodia y Juan Antonio Roca”, que contaba con la “colaboración episódica” de María Dolores Zurdo y con “mayor intensidad” en el caso de María Luisa Alcalá.
Otro de los grandes protagonistas de este caso, el arquitecto Carlos Monteverde, es condenado a tres años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de la confesión durante el juicio oral. A través de varias sociedades privadas con las que operaba facturó a las empresas municipales Contratas 2000 y Gerencia de Obras cerca de 41 millones de euros.
Los contratos “ficticios” del arquitecto Monteverde
El tribunal estima el carácter “ficticio” de la mayoría de los 70 proyectos de Monteverde, que “no guardaban relación con los contratos municipales”. Además utilizó trabajos de otros arquitectos ya realizados, que no fueron siquiera visados por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Por tales hechos también es condenado a indemnizar a la administración marbellí con más de 37 millones de euros, de forma solidaria y conjunta con otros condenados.
Antonio Calleja, contable de Gerencia de Obras, una de las empresas municipales que contrató con Monteverde, es condenado a cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de malversación de caudales públicos agravado, así como la mencionada indemnización de 37.7 millones de euros.
El nombre del ‘saqueo 2’ para este sumario se produjo precisamente cuando la Agencia Tributaria, en el marco de lo que originariamente se dio en llamar ‘caso Tribunal de Cuentas’, detectó el desfalco de Monteverde. Durante la vista oral celebrada meses atrás, dicho procesado aseguró que Gil le “obligó” a firmar los proyectos y contratos para cometer el fraude, “si quería cobrar una serie de deudas atrasadas”.
La penas son muy inferiores a las solicitadas por los fiscales José Grinda y Belén Suárez, quienes pidieron una condena de 15 años y 6 meses para Muñoz, así como 13 años y 6 meses para Roca.
En la vista oral se enjuició el desvío de más de 74 millones de euros de las arcas municipales que salieron del Ayuntamiento de Marbella a través de las sociedades municipales, de los cuales 41 correspondían, según el fiscal, a pagos para Monteverde.
Anticorrupción denunció también en 2003, cuando presentó dicha querella ante la AN un fraude de 90 millones de euros a la Seguridad Social, por cuotas impagadas durante el periodo fiscalizado (1991-1999). Sin embargo, sólo uno de los encausados, Rafael González Carrasco, exconcejal delegado de Hacienda es condenado por delito contra la citada administración estatal, además de por malversación de caudales públicos, a un total de 6 años y 9 meses de prisión. Así pues se convierte en el procesado sobre el que recae la mayor pena.
La sentencia alude al impago de las cuotas con la Seguridad Social como “algo incuestionable” y recuerda que la deuda ascendió a más de 190 millones de euros, con respecto a los 90 inicialmente denunciados por Anticorrupción.