Las “manadas” de menores migrantes de Rocío Monasterio llegan a la Fiscalía del Supremo por presunto delito de odio

La Fiscalía de Sevilla ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo documentación sobre la denuncia que presentó la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, contra la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. La dirigente es aforada ante el TSJ de Madrid, pero el caso se remite al Supremo y no a un tribunal provincial puesto que el artículo 11.6 del Estatuto de Autonomía de Madrid dicta que si un diputado de la Asamblea comete un posible delito fuera de la Comunidad de Madrid la responsabilidad penal será exigible por el alto tribunal.

Hace escasas fechas, la Fiscalía de Sevilla había pedido a la coordinadora general de Podemos Andalucía que aportara la “grabación completa del mitin” que Monasterio protagonizó el pasado 4 de noviembre en Sevilla junto al centro de menores extranjeros no acompañados en el barrio de la Macarena para poder “adoptar de manera motivada la decisión procedente”, que ya ha sido adoptada al remitir el asunto a la Fiscalía del Supremo.

La fiscal encargada de las diligencias de investigación había dictado un decreto por el que acordó “requerirle” dicha grabación a Rodríguez, al objeto de poder acreditar si los hechos denunciados tienen como única motivación la discriminatoria alegada en su denuncia, ya que el enlace que acompañó (que se puede ver aquí) es “demasiado corto para permitir valorarse”, siendo “esencial” la grabación y la “entrevista a la denunciada” para tomar una decisión al respecto.

Cabe recordar que la denuncia de Rodríguez que se investiga, presentada en la Fiscalía el día después del acto por si los hechos pudieran constituir un delito de odio, indicaba que las declaraciones de Monasterio constituyeron “una incitación directa a la violencia contra los menores de dicho centro” y “una clara incitación al odio”. El corte audiovisual no contiene la alusión a las “manadas de menas” que citó Monasterio pero sí se refiere a la “situación insostenible con los menas”, el “problema grave” que supone la apertura de esos centros o las “agresiones” a los asistentes de los mismos.

Queja archivada por el Defensor Andaluz

Rodríguez puso el grito en el cielo tras la convocatoria de prensa de Monasterio y lanzó un contundente alegato esa misma noche en un acto de Unidas Podemos en Pino Montano: “No se puede tener más cobardía que el que se enfrenta a un niño que vive solo, no puede haber más crueldad. Le decimos a Monasterio y a Vox que saquen sus manos de encima de nuestros niños y nuestras niñas. Que se metan con gente de su tamaño”. “Si esos son sus niños, que los meta en su casa”, le respondió Santiago Abascal al día siguiente. La líder de Podemos en Andalucía también dirigió ese mismo martes 5 una queja al Defensor del Menor y Defensor del Pueblo de Andalucía en la que acusaba a la Junta de no haber desarrollado “ninguna actuación” para “evitar el acto y garantizar los derechos de dichos menores”, la cual ha sido archivada y a la que Rodríguez ha respondido para intentar que se reabra.

Según la denuncia que ahora investgará el Supremo, las manifestaciones de Monasterio fueron “especialmente contrarias al derecho a la libre formación de la personalidad de los menores, consagrado en el artículo 10 de la Constitución Española”. Además en la denuncia se indicaba que “la exposición pública del lugar en el que están alojadas estas personas menores de edad supone, per se, un perjuicio grave a su tratamiento social y pone en peligro su correcta socialización, promoviendo el rechazo del entorno en el que se sitúan”.

Para Rodríguez, “las frases pronunciadas por Doña Rocío Monasterio San Martín tienen un claro contenido racista y xenófobo siendo el único motivo que los menores son extranjeros. Es decir se trata de una cuestión racial. Presentan a los menores y a la inmigración como un problema vinculado a la delincuencia y, especialmente, atribuyen a dichos menores acogidos en dicho centro un incremento de la delincuencia en la zona de Sevilla en la que se ubica. Incluso se le relacionan con robos con violencia, lesiones e incluso violaciones, y todo ello en la puerta de su domicilio. Al presentarlos como origen de hechos de suma gravedad provoca rechazo en su contexto habitacional, creando odio y dañando gravemente sus posibilidades de adecuado desarrollo personal”, rezaba la denuncia.

Supuesta inseguridad

La dirigente de Podemos solicitaba a la Fiscalía que, en base a las competencias conferidas para la defensa de los derechos menores, “se tomen las medidas necesarias para el cese de las acciones y de los delitos que violentan la seguridad de los menores referidos, investigue y denuncie, derivando a los órganos policiales especializados y judiciales competentes si corresponde, a los instigadores y participantes de las mismas, y en particular a Rocío Monasterio San Martín, así  como se ponga todas las medidas a su alcance para que cesen y no se repitan los hechos denunciados”. Además pedía que se practicaran las diligencias pertinentes para la comprobación de los hechos denunciados y la responsabilidad de su autora por la comisión de delitos de odio castigados en el artículo 510 del Código Penal u otros que pudieran haberse producido.

Desde que se produjera aquel acto de Vox en Sevilla, además de que los vecinos y la Consejería de Igualdad han desmentido la inseguridad en la zona denunciada públicamente por Vox, diversas administraciones y organizaciones han salido al paso en defensa de estos menores. Así lo han hecho tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el estatal, y entidades defensoras de la infancia y el Consejo General de la Abogacía Española, que llevaban el pasado jueves el asunto a la Fiscalía General del Estado, también por cuestiones similares en El Masnou en Catalunya o en Hortaleza en Madrid. Los datos, además, no sostienen el supuesto vínculo entre inmigración y criminalidad que Vox ha agitado durante la campaña electoral.