Tras tres años de secuestro, José Morales y Mª Carmen de Matos han enviado una misiva al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que intervenga en el secuestro de la ciudadana española Maloma Morales en el Sáhara.
Le solicitan “su intervención para que nuestra hija pueda expresar en España, libremente y en pleno ejercicio de sus derechos, dónde, cómo y con quién quiere vivir”.
Maloma Morales, española de origen saharaui, fue secuestrada el 12 de diciembre de 2015, durante una visita a sus familiares biológicos en el campamento saharaui de Tinduf (Argelia). Poco antes de su regreso a España, varios familiares la metieron a golpes en un coche, ante los ojos y la impotencia de su padre adoptivo, Pepe Morales, que es quien relata estos hechos.
Los mismos hechos, denunciados ante las autoridades españolas, han sido corroborados por la propia Maloma en al menos dos ocasiones: en una sede de la ONU y ante el periodista de El País Semanal, Pablo Mediavilla.
Los padres adoptivos de Maloma denuncian que el 23 de enero de este año, Pedro Sánchez les prometió “entrevistarse” con ellos. Explican que “tras numerosos intentos de formalizar esa reunioÌn a traveÌs del Sr. HeÌctor GoÌmez, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, nunca se programoÌ”.
Durante este tiempo de cautiverio, los padres denuncian que Maloma ha sido víctima de un matrimonio forzado y se ha convertido en madre de una niña de ya diez meses. Como le recuerdan los padres al presidente, tanto la ONU como el Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre este caso de “violación de derechos humanos”. El de la ciudadana española, que residía en Mairena del Aljarafe (Sevilla), no es el único. Existen otros casos similares, que han sido denunciados ante las autoridades españolas e internacionales.
Pocos de ellos han logrado regresar a España, tras la presión pública de las familias, como es el caso de Mahyuba Mohamed Hamdidaf (2014), Azman Mohamed Yahya (2017) o Ljadra Said Hannuha (2018).
“Un secuestro en toda regla”
Durante una intervención en el Parlamento Europeo de Elisa Pavón, portavoz del colectivo La libertad es su derecho, explicó que todas las mujeres “llegaron a España siendo niñas en el marco del programa solidario 'Vacaciones en Paz' en torno al año 2000 y tuvieron que prolongar su estancia en España por motivos meÌdicos o por decisioÌn de sus padres bioloÌgicos, que quisieron darles mejores oportunidades de futuro a sus hijas”.
Y añadía que “sin embargo, una vez cumplida la mayoriÌa de edad, sus familias bioloÌgicas hicieron valer sobre ellas un derecho de propiedad inexistente e ilegal y, aprovechando una de sus visitas a los campamentos, las secuestraron con pretextos netamente machistas, propios de una sociedad radicalizada, patriarcal y tribal”.
Durante el debate en la Comisión, Peter Jahr, eurodiputado del Partido Popular europeo, afirmó que había que “intervenir, sacar a estas ciudadanas de allí, es un secuestro en toda regla. Han sido trasladadas a un lugar del que no pueden salir. Hay que pasar a actuar, imaginen que cualquiera de nosotros está en el desierto y no pasa nada. Necesitamos una respuesta contundente y pido que se recurra a todos los cauces políticos y, si es necesario, amenazar con retirarle los fondos (de ayudas al Frente Polisario). Son nuestras ciudadanas, no podemos dejarlas en la estacada”.
Ante la gravedad de la situación, los padres de Maloma le piden a Pedro Sánchez que tome medidas económicas y políticas contra los responsables del Frente Polisario en España, por pesar sobre ellos “una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por complicidad y connivencia”.
Le solicitan que hay antecedentes de “decisiones poliÌticas expeditas y contundentes” por parte del Gobierno español. Como en 1985, “cuando el expresidente Felipe GonzaÌlez expulsoÌ a los responsables del Frente Polisario en España por los atentados cometidos contra pesqueros canarios. Ahora, indiscutiblemente, el secuestro de Maloma amerita reacciones similares por parte del Gobierno”.
“Falta de voluntad política” del Frente Polisario
Durante su secuestro, Maloma Morales ha sido casada en matrimonio forzado y ha tenido un bebé, fruto de dicho matrimonio, según denuncian su padres adoptivos. Su caso ha sido denunciado por el Ayuntamiento de Sevilla que exigió en su pleno “la liberación y repatriación” de la ciudadana española y ha sido reconocido por el expresidente Mariano Rajoy y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien comparó su caso con el de los corresponsales de guerra españoles secuestrados en Siria Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre.
Además, la ONU ha interpelado a las autoridades saharauis por su caso y el de otras mujeres retenidas ilegalmente, el Parlamento Europeo le ha exigido a España que intervenga para poner fin a su secuestro y organizaciones como Human Rights Watch ha exigido que se respete la libertad de Maloma y ha responsabilizado al Frente Polisario de la situación, por su falta de “voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre”.