El doctor Fernando Paul, médico de familia, ha sufrido varias agresiones verbales y también físicas durante sus jornadas en Urgencias del Hospital de Jerez de la Frontera. Ayer viajó a Madrid para contar su testimonio en un acto organizado por la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de España, y que bajo la etiqueta #StopAgresiones quiso poner voz al Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios. En su periplo dice sentirse “agradecido por la ayuda recibida por el Colegio de Médicos de Cádiz, en especial, por la asesoría jurídica, que le ha acompañado en todo el proceso judicial. Para él, ”la denuncia es la mejor forma de seguir trabajando, a pesar del miedo, y demostrar a las Administraciones y a la sociedad en general que agredir e insultar a un médico no puede salir gratis“.
Las cifras globales de agresiones, físicas o verbales, a médicos andaluces bajaron durante 2015 con 66 casos, tras el repunte de 2014 en el que los colegios contabilizaron 90. Son datos positivos respecto al global de toda España, donde los casos han aumentado de 344 en 2014 a 361 en 2015. Pese a ello, la lectura de estos datos no es optimista para colegios y sindicatos. Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla, cree que este descenso es “un motivo de satisfacción e indica que algo estaremos haciendo bien”, pero “no nos sentimos respaldados por la administración” y creen que la reforma del código penal les ha perjudicado. Además, indica que “estamos lejos de contar con cifras verdaderas y creíbles”. El 36% de las agresiones a médicos en Andalucía en 2015, produjeron lesiones. Entre los médicos agredidos con lesiones, el 58% correspondió a lesiones físicas y el 42% restante a lesiones psíquicas. Contreras ha pedio al SAS más esfuerzos para el seguimiento de los casos, desarrollo de protocolos para reducirlos y asignar vigilantes de seguridad en los centros más conflictivos.
En este sentido, sus cifras recogen las agresiones que han sido denunciadas o notificadas a los servicios jurídicos de los colegios pero no todas las que se producen; y animan a los profesionales a denunciar. El Servicio Andaluz de Salud ha trasladado a los colegios por primera vez los sucesos registrados en sus centros durante el pasado año y eleva a los casos a 256, cifra sensiblemente mayor pues también recoge agresiones a celadores, enfermeros o personal de administración. Para contribuir a este baile de cifras, CSIF-Andalucía indica que el año pasado se produjeron en el SAS un total de 935 denuncias por agresión. De ellas, 290 fueron por desacuerdo con el trato o conducta en el acto del profesional, 81 por demandar tratamiento distinto al prescrito y 71 por disconformidad con el tiempo de atención en el centro, por citar algunas de las causas más comunes. De los datos aportados por esta central sindical, 204 fueron agresiones físicas, mientras que 731 fueron verbales.
Desamparo legal para coacciones o insultos leves
“Lo que antes era un delito menos grave, se consiguió calificar como delito de atentado, pero la reforma del código penal finalmente no nos ha ayudado”, explica Santiago Pedro Campo, responsable del departamento jurídico del Colegio de Médicos de Sevilla. Desde 2009 los profesionales de la salud, igual que a los de educación, del sector público estén recogidos en el delito de atentado. Pese a que fue un paso importante, “la reforma del código penal ha sido parca e insuficiente” y ha traido aparejada la supresión de las faltas. “El 90% de estas agresiones son injurias o calumnias que se quedan en injurias de caracter leve; así no tenemos capacidad juridica para denunciar la coacción, la amenaza o el insulto leve porque no tiene categoría penal”. Alghunas Comnunidades Autónjomas han creado un atajo. En Extremadura, por ejemplo, existe una norma específica para considerar a los profesionales autoridad. Así se consigue que puedan ampararse en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana que es aplicable a la autoridad. “Por eso pedimos una normativa para reconocer ese caracter de autoridad a los profesionales que trabajan en servicios públicos, lo que nos podria permitir solicitar por la vía administrativa esas sanciones”. Es decir, aunque los galenos hayan podido elevar las agresiones a la categoría de atentado, las agresiones verbales o coacciones más leves podrían quedar impunes.
La mayor parte de las agresiones, en los Centros de Salud
En torno al 60% de las agresiones a médicos se dan en Atención Primaria, que por ser la puerta de acceso al sistema se considera más vulnerable. Para Carmen Blanco, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Sevilla, “nos sentimos a veces en segundo plano, enfrentándonos a situaciónes muy delicadas”. Asimismo, cree que “existen expectativas en la ciudadanía de que todo se resuelve inmediatamente. Esto desborda muchos momentos en los que palabras, malos modos o nervios pueden acabar en situaciones de agresión. Pese a existir algunos protocolos, al final aqui no pasa nada”. Además, Blanco expuso el denominado síndrome post agresion que resume las dificultades para poder reincorporarse tras sufrir una agresión. Por último, Blanco alude a la posibilidad de excluir al paciente del cupo, una opción que permite que un médico solicite el cambio y que a un paciente se le asigne otro médico. “Es un derecho que tenemos pero que es bastante complicado ejercer”, afirma.