El secuestro de Maloma Morales desata la polémica en el seno del movimiento prosaharaui
Ni Najhiba, ni Koria, ni Maimouna, ni Aisah, ni Hurria, ni el centenar de mujeres que aún siguen retenidas contra su voluntad en el Sáhara han tenido su 'suerte'. El pasaporte español ha salvado a Maloma Morales de permanecer secuestrada durante más tiempo. Su propia familia biológica la mantenía retenida desde el 12 de diciembre.
El pasado jueves por la noche, el Frente Polisario irrumpió en la casa de Bahl Hamda Mijek donde se encontraba recluida y arrestó a su madre biológica, su tía, uno de sus hermanos y otros familiares.
“Se han utilizado todos los procedimientos para una solución amistosa, pero esto no ha sido posible y la justicia saharaui ha tenido que intervenir”, ha declarado a este diario Abidin Bucharaya, representante del Frente Polisario en Andalucía.
De este modo, se ponía fin así a un “calvario” de más de cuatro meses, palabra con la que su pareja, Ismael Arregui, definía “la angustia y el nerviosismo vivido durante estos meses”.
Arregui, quien, bajo las indicaciones del gobierno español, se ha mostrado muy cauteloso en sus declaraciones a eldiario.es Andalucía, ha confirmado que Maloma había llegado este mismo viernes a Rabuni, capital del Sáhara Occidental bajo dominio del Frente Polisario, y que estaba deseando “que todo esto acabe pronto para tenerla ya entre mis brazos”.
Si todo sale como está previsto, Morales, de 22 años de edad, llegará este fin de semana a Mairena del Aljarafe, donde residen tanto ella, como su pareja y sus padres adoptivos.
“Un reflejo del drama humano” del pueblo saharaui
Fue precisamente su padre, José Morales, el último en verla. Al igual que ha ocurrido con otras mujeres, Maloma fue secuestrada por su familia durante un viaje a tierras saharauis, algo que Bucharaya considera “un reflejo del drama humano que vive mi pueblo”.
Apenas una hora antes de regresar a España, la joven fue llamada para despedirse de una familiar, mientras su padre permanecía en la tienda. Una vez fuera, la cogieron entre varios familiares y la montaron contra su voluntad en un coche.
Maloma, quien mantenía una “buena relación” con su familia biológica, se veía así separada por la fuerza del que era su padre, con todas las de la ley, desde abril de 2014. “Siendo ella mayor de edad, decidió que nosotros la adoptáramos. Hay que respetar la decisión de una persona adulta”, remarca José.
Diana Fernández, secretaria de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, ha criticado a la familia adoptiva, de quienes ha asegurado que “si no cumples con tu parte, pueden pasar estas cosas. El resto de niños de acogida no tienen problema, porque los niños van y vienen en el verano. Algunos se quedaban para estudiar (durante el resto del año) y era algo que pactabas con su familia”.
Según Fernández, el problema estriba en que “no se ha mantenido el arraigo con su familia (biológica). Se supone que la adopción es algo que no hay que hacer”. La secretaria de la asociación, que se encarga de gestionar la acogida de niños saharauis, defiende que la situación se ha alargado, porque la familia adoptiva “ha hecho acusaciones muy graves y allí se han sentido dolidos. Estas cosas pasan y pasarán, pero se arreglan con un diálogo entre familias”.
Cuestión de derechos humanos
En el comunicado de la campaña de Change.org, la familia adoptiva mantenía que “defender los intereses del pueblo saharaui no es incompatible con exigir el derecho a la libertad de una mujer española. No es una cuestión de riñas entre familias, como algunas asociaciones quieren hacer creer a través de comunicados claramente tendenciosos. Es una cuestión del derecho a ser libre que tienen las personas”.
El representante del Frente Polisario en Andalucía asegura que “los saharauis mayores de edad tienen el derecho de ver adónde quieren ir, pero esto no deja de ser una guerra entre dos familias. Nosotros apoyamos el libre movimiento de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo”.
La familia de Maloma ha logrado desplegar una intensa campaña social, mediática y política para exigir que su hija fuera liberada. Además de haber conseguido recoger casi 75.000 firmas (“casi el aforo del Santiago Bernabéu”, como señala el texto en Change.org), han logrado recabar el apoyo de sus vecinos y del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Su alcalde, el socialista Antonio Conde, les facilitó un encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía y la suspensión de la ayuda humanitaria al Sáhara planeó durante estos meses como medida de presión, emulando la amenaza lanzada por la Generalitat valenciana con el caso de Mahyuba Mohamed Hamdidaf.
