La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha abierto diligencias previas por las subvenciones presuntamente irregulares que recibieron varias empresas con cargo al fondo de los ERE, entre ellas, las percibidas por el Grupo Joly de comunicación por valor de ocho millones de euros para financiar 36 prejubilaciones, según informa este miércoles ABC de Sevilla.
En el auto de apertura de la pieza separada referida al Grupo Joly, la jueza vuelve a emplazar a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para que le remita el atestado sobre dichas ayudas, al igual que hizo el 14 de junio a varias comandancias, según las fuentes citadas por ABC.
Como ya se informó, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Javier Guerrero envió en 2004 una carta a José Joly, presidente del grupo de comunicación, donde manifestaba su “compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años”.
En aquella misiva la cifra se fijó “en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros”, aunque el ingreso final fue de algo más de ocho millones de euros para el pago de un seguro de prejubilación de 36 trabajadores, según informó ABC. El Grupo Joly, según estas informaciones, creó la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz para recibir la ayuda.