Cuestión de imagen, de confianza y también de leyes. Varios sindicatos policiales coinciden en señalar que la solicitud de Mercedes Alaya de querer apartar “de inmediato” a los agentes de Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la investigación por los cursos de formación de la Junta “perjudica la imagen” y traslada a la sociedad una “pérdida de confianza” en la actividad de la Policía Nacional. También coinciden representantes de SUP, SPP, UFP y SIPE en asegurar que la jueza, que quiere dejar en exclusiva el asunto en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no puede distribuir las competencias policiales, ya establecidas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Portavoces sindicales del Cuerpo Nacional de Policía consultados por eldiario andalucia muestran en cualquier caso su respeto al oficio librado por Alaya si bien no se posicionan en la misma línea. Del escrito de la jueza, que se dirigía directamente al director general, Ignacio Cosidó, aún no tienen contancia en la Dirección General de Policía por lo que, aseguran desde Madrid, “aún no tenemos nada que decir”. La UDEF lleva semanas recibiendo testimonio en varias provincias por parte de alumnos de cursos sospechosos, una cuestión que tomó cuerpo a raíz de una operación en Málaga que trascendió el pasado abril y que ha derivado en una docena de diligencias abiertas por las ayudas de delegaciones provinciales de la Junta. Se da la circunstancia de que este lunes se ha conocido que los servicios jurídicos de la Junta han pedido la nulidad de la causa iniciada por Alaya al entender que se vulnera el principio de “juez natural”.
Alaya, cuando a finales de julio abrio la causa, afirmaba que se basaba en el testimonio ante la Guardia Civil en agosto de 2013 del director general de Formación Profesional para el Empleo, que ha declarado como testigo en los últimos días y cuyas diferentes versiones han puesto en entredicho la validez de su relato. Las actuaciones de la Policía en este tema “se iniciaron casi hace dos años y dejarlas en este momento supone una pérdida de información evidente”, consideran desde la Unión Federal de Policía (UFP). Algín juzgado ya se ha inhibido en favor de Alaya, que aspira a centralizar la investigación, mientras que imputados como el exconsejero Ángel Ojeda pone en duda la competencia de la jueza sevillana para asumir diligencias situadas en otras provincias y trata de evitar que investigue a sus empresas.
La UDEF, que ya fue apartada del caso de los ERE cuando en junio de 2011 iba su trama política ya iba tomando forma, es la unidad policial que ha sacado a la luz pública buena parte de los temas de corrupción en el Partido Popular, entre ellos el intento del Ministerio de Interior de cambiar a la cúpula de la unidad o la denuncia de Juan Cotino a un agente por elaborar un informe sobre sus presuntas corruptelas. Alaya emitió hace ya más de tres años un auto en el que pedía a la Policía Judicial que entregara la documentación a la Guardia Civil, que desde entonces lleva adelante la investigación de los ERE.
En cualquier caso, el “malestar” y la “extrañeza” entre los sindicatos policiales por el último oficio de Alaya es bastante generalizado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su apoyo a la investigación de la Policía Nacional en el caso de los cursos, denunciando en una nota la “falta de rigor constante” a la hora de aplicar la citada Ley Orgánica 2/86 y advirtiendo de que el Ministerio del Interior es “el primero que la incumple, con su predilección constante, no legitimada, en beneficio claro de la Guardia Civil y en detrimento del Cuerpo Nacional de Policía”.
Argumentación “absurda e infundada”
Para la UFP, la decisión de Alaya supone “una vulneración de la ley orgánica” mencionada ya que en ella se establecen los ámbitos territoriales de investigación y reparto de competencias entre las fuerzas y cuerpos de seguridad “que la juez se ha saltado”. Señalan que la motivación de Alaya es “del todo ilógica” al indicar que se invaden ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas, una argumentación que ni siquiera entran a valorar “por absurda e infundada”.
“Si retiramos a la UDEF es tiempo e investigación que se pierde, pero sobre todo eficacia e información, al ser el primer cuerpo policial que comenzó el trabajo. Alaya no es quien para distribuir las competencias policiales, esperemos que esta lamentable decisión no conlleve otro tipo de consecuencias procesales”, lamenta el portavoz nacional de UFP, Serafín Giraldo.
En similar sentido se pronuncia Álvaro Perdiguero, secretario general y portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), quien entiende que los agentes que iniciaron la investigación “deben seguir haciéndolo hasta que la finalicen”, aludiendo a que la jueza “quizás no tenga mucha confianza en el trabajo de la Policía” y que, además, se trata de una decisión que podría redundar negativamente en “la imagen de la Policía entre los ciudadanos”.
Al portavoz del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José María González, le “entristece” y la resulta “llamativo” el oficio de la jueza, mostrándose igualmente en desacuerdo acerca de que la Policía no deba tener competencias en el caso y poniendo especial énfasis en que lo que trasciende es una “falta de confianza” en el Cuerpo Nacional de Policía, algo que “perjudica la imagen”. “No es una guerra entre cuerpos y fuerzas de seguridad”, sentencia.
A su juicio, hay que poner “un punto de racionalidad a las cosas” y los aspectos presuntamente delictivos puestos en relación “tienen que ser lo suficientemente significativos” para que la Guardia Civil pueda absorber la investigación, lamentando que el Juzgado de Iinstrucción número 6 de Sevilla pueda llegar a ser “un agujero negro” en el que todas las investigaciones terminarían “porque todo tiene relación con todo”.
“Es el Cuerpo Nacional de Policía, y más concretamente la Comisaría General de Policía Judicial, quien tiene atribuida la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales”, explica en una nota el comité ejecutivo nacional de la Alternativa Sindical de Policía (ASP).
Este sindicato, además de coincidir en que las competencias vienen marcadas en la ley 2/86, señala que esta circunstancia “es consecuencia de la no adscripción, como ya se viene demandando, de las Unidades de Policía Judicial a los propios juzgados, de quienes dependerían orgánica y funcionalmente; y de la dualidad de competencias de cuerpos policiales. Incluso va algo más allá y lamenta en ese sentido que no se da cumplimiento ”al mandato establecido por la Unión Europea de la prohibición de que un cuerpo de carácter militar como es la Guardia Civil asuma competencias en materia de seguridad ciudadana, pagando una sanción (como otros países europeos) por el mantenimiento de un cuerpo policial militarizado“.