Vacío legal, inspecciones que no se hacen o se ignoran, formación en manos de “piratas” y como resultado, socorristas que a veces “no saben nadar”. La radiografía de la profesión de socorrista es la de un cuerpo abandonado por las administraciones al mejor postor: la profesión se ha precarizado mientras se convertía en refugio temporal de aspirantes a pagarse la carrera y en nicho de empresas que lo mismo venden cloro que los servicios de quien debe salvar una vida.
Mientras, los ahogados son más de 400 cada año, y la cifra aumenta. “Te puedes encontrar todas las problemáticas que quieras. Es nefasto”, resume Marcos Pérez, que al frente de la Asociación de Socorristas de las Islas Baleares está intentando crear conciencia.
El primer problema es el caos legislativo. “A nivel nacional no hay normativa que regule ningún espacio acuático y la diferencia entre comunidades es brutal”, explica Ana Domínguez, coordinadora de la comisión de prevención de ahogamientos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Hay normas que establecen cuántos socorristas debe haber en una piscina, pero no hay ninguna que fije un mínimo para playas y ríos, donde se producen el 87% de los ahogamientos.
Lo más cercano es una norma dictada en los albores del landismo: la orden de 31 de julio de 1972 establece una tipología de playas y, en función de esos tipos, fija los servicios de auxilio y salvamento, sin mención alguna al número de socorristas que deben vigilarlas o su formación, o al número, la distribución y las características de las torres de vigilancia. El material al que se refiere la norma es el propio de los años 70.
Alfonso Pastor, de la Federación Andaluza de Socorrismo, cree que la Junta de Andalucía debería tipificar, pero desde la Consejería de Justicia e Interior se remiten a la orden de 1972. “Estas carencias, en la práctica, dan lugar a que existan playas de gran afluencia de bañistas de cuya seguridad ninguna autoridad se hace responsable”, escribe Félix Luy, presidente de la Fundación Salvamento y Socorrismo, en un artículo publicado en su web.
¿Cuál es la formación adecuada?
En materia de formación, la confusión normativa es total: se puede ser socorrista con certificados de profesionalidad expedidos por Empleo (370 horas), como técnico superior TAFAD, o con cursos de 20, de 80, de 120 horas, o hasta online, dependiendo de cada comunidad autónoma, que regula el acceso a la profesión y reconoce o no los títulos emitidos en otras regiones. “Hay descontrol, porque quien tiene las competencias en salvamento establece quién puede ejercer como socorrista. No hay estándares”, admite el CSD, vinculado a la cuestión a través de las federaciones.
En el caso de Andalucía, no queda claro cuál es la consejería competente para establecer los requisitos formativos que debe cumplir una empresa para emitir certificados de formación en salvamento, para fijar el contenido y las horas mínimas de los cursos y para vigilar su cumplimiento. Salud, Turismo y Deporte, Empleo, Educación y Justicia e Interior (responsable de salvamento y protección civil) dicen desconocer el asunto.
Fuentes de la Consejería de Salud explican que a los socorristas se les “pregunta” por el título, pero “no se ha dado el caso” de títulos de empresas. Basta una búsqueda en Google para encontrar decenas de anuncios de cursos y títulos de empresas privadas. “No es competencia de Salud vigilar las cualidades y habilidades de los socorristas. Debería regularlo Educación”, añaden. Fuentes del sector aseguran que hay casos de homologaciones de empresas por silencio administrativo.
Falla la vigilancia
En otras ocasiones lo que falla es la vigilancia. “Se supone que cada comunidad autónoma se encarga de auditar a esas empresas, pero hay de todo”, explica Domínguez.
El presidente de una federación de socorrismo se apuntó a un curso en Madrid la pasada Navidad: 70 alumnos por clase (se recomienda 25); las 80 horas de formación (el mínimo) no se cumplieron; de los ocho días, faltó cinco; fijó la fecha de una de las tres pruebas. Finalmente, aprobó el curso sin problemas y documentó las carencias ante la administración correspondiente. No hubo sanción alguna. En algunas comunidades han existido denuncias por la posible circulación de títulos falsos emitidos en Perú.
Alejandro Reyeros, director de Araspe, asegura que ha denunciado ante dos subdirectores generales el incumplimiento sistemático de los requisitos establecidos por la Consejería de Sanidad de Madrid para impartir cursos y emitir certificados: “jamás” ha habido una inspección. “Hay una normativa que marca los mínimos para la docencia, pero luego nadie comprueba que se hayan dado las horas, que los profesores están ahí… Nadie comprueba nada”.
Su descripción es cruda: “Yo empecé como socorrista en el 71 y lo que estoy viendo estos años no lo he visto jamás”.
José Luis Revuelta, presidente de la Federación madrileña, confirma que el único control sobre las empresas formadoras (más de un centenar en la comunidad) son los informes que ellas mismas emiten. “Problema: que el papel lo puede todo, y yo puedo decir que he hecho un curso donde no lo he hecho”.
“La zorra cuidando de las gallinas”
Hasta hace unos años, las federaciones y Cruz Roja copaban la formación, lo que generó fricciones con las empresas, que llegaron a solicitar un pronunciamiento del Defensor del Pueblo en el caso de Andalucía. Ahora, el vacío legal y la falta de inspecciones han facilitado la incorporación de empresas de mantenimiento o de servicios, que forman socorristas para “rellenar huecos”, según Marcos Pérez, en comunidades, hoteles y playas.
Muchos creen que las disfunciones se producen por la falta de “cultura socorrista” de las nuevas empresas y su doble juego. “No puedes abrir una piscina para 30 personas sin tener un socorrista, así que ellos mismos dan un curso como sea, titulan a la gente y ya tienes socorristas. Pones a la zorra a cuidar de las gallinas”, opina Alejandro Reyeros. Después de incorporarlos a su bolsa de trabajo, las empresas detraen una parte del sueldo para el pago del curso.
Algunas hacen público el porcentaje de aprobados, que se acerca al total de presentados. “Cuando pones un cartel que pone ”100% de aprobados“, lo que dices es ”te vendo un aprobado y trabajas para mí“. ”Se compra el certificado de socorrista. Quieren chicos para todo“, completa Alfonso Pastor, vicepresidente de la Federación Andaluza.
Por el camino, las exigencias bajan en los cursos privados: hay cursos online, en Canarias son de 20 horas, en Madrid son de 80 horas, y en Andalucía de duración desconocida (sin normativa conocida), por precios que van de los 150 a los 500 euros. Mientras, en Cantabria o País Vasco los cursos de sus respectivas federaciones suman entre 250 horas y 300 horas.
“No tiene sentido que en una profesión de tan alta responsabilidad haya tanta diversidad en los niveles de calidad”, critica José Palacios, profesor de la Universidad de A Coruña y coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo.
En mucho casos, “no hay pruebas de técnicas de arrastre, simulacros con una parada cardio o para manejar el desfibrilador. Es pagar y aprobar. El título te lo puedo dar yo: te digo que vengas, te veo nadar y te doy el título. Y no has entrado en tu vida en la playa. Luego hay una ola de metro y medio y la gente no quiere meterse porque le tiene terror”, explica Marcos Pérez, presidente de la Asociación de Socorristas de Baleares.
José Luis Revuelta, de la Federación madrileña, explica que ha impartido cursos de reciclaje a quien no había visto un tablero espinal: “Un profesor dice que les falta preguntar si se ponen delante o detrás”.
Manuel Jiménez, de la Asociación Española de Socorristas, asegura que en Canarias hay trabajadores en playa con titulación únicamente válida para piscinas o con cursos de 30 horas: “Y es legal”. “Yo he visto chavales para el reciclaje que no saben nadar, pero que dicen 'yo pagué y me dieron el título'”. Luego las empresas se declaran en concurso y los títulos siguen por ahí“.
“Al final, ¿qué quiere la gente? Que sea fácil, rápido y barato. Me enseñan en Sanidad cien títulos del online y yo voy con siete”, lamenta Reyeros. “Cuando cuentas que hay socorristas que no saben nadar, la gente se descojona. Luego le dices que se puede ahogar su hijo y se les borra la sonrisa. Nadie dice nada porque somos un país turístico, pero los que nos dedicamos a esto de manera seria estamos indignados”, concluye.
Semanas de 70 horas por 1.000 euros
La proliferación de empresas “sin escrúpulos” en un contexto de crisis económica ha provocado también el efecto perverso de precarizar el mercado de trabajo: muchos socorristas aseguran trabajar durante 70 horas semanales a cambio de sueldos que no llegan a los mil euros.
Alberto Morant gestiona desde hace dos años una web, conveniosocorrista.com, con información sobre derechos y deberes de los socorristas. Recopila convenios, legislación y jurisprudencia, y canaliza la asistencia jurídica. Alejandro Garrido ha llevado en los últimos tres años medio centenar de casos: “Visto uno, vistos todos: pagan una miseria en nómina y bajo cuerda un poquito más para que no levanten la voz; se les hace responsables del mantenimiento sin preparación; y hay gente que hace 12 horas diarias, sin descanso semanal”.
Los convenios empeoran las condiciones del Estatuto de los Trabajadores, y ni se cumplen. Morant ha llegado a ver casos de 2,9 euros por hora. Lo habitual son jornadas de nueve horas sin descanso semanal por sueldos que rondan los 1.000 euros, entre 5 y 5,5 euros por hora. Esos horarios permiten a las empresas contratar una sola persona por piscina, y a las comunidades y los hoteles pagar en torno a seis horas por cada hora de un socorrista, que también mantiene la instalación. Las horas extra no se pagan.
Los ejemplos abundan. Álvaro García trabajó en una piscina de Madrid nueve horas diarias, incluyendo domingos, durante los 93 días de la campaña de verano de 2015, por 875 euros al mes. “En el contrato ponía 40 horas. Había tres meses de prueba, y si me quejo me echan”. Explica que es frecuente que no haya cuadrantes y que la rotación sea continua para evitar que haya testigos de estas prácticas; este año, apenas comenzado agosto, ya ha pasado por tres.
Ricardo, que ha trabajado en piscinas de Madrid y Alicante, trabaja diez horas diarias de lunes a domingo. “El mercado está reventado y es el trabajador quien acepta condiciones cada vez peores”, lamenta Morant.
La otra pata del negocio son los ayuntamientos, que ahogados por la escasez de recursos económicos han privilegiado el criterio económico en los pliegos, empujando las ofertas a la baja. El municipio decide cuántos socorristas debe haber en una playa, de modo que en Andalucía, la comunidad con más kilómetros de costa, no hay normas sobre las condiciones de seguridad y en Canarias se canceló el intento de fijar un mínimo por el coste que supondría para los ayuntamientos, según Manuel Jiménez. “Se destinan menos recursos económicos para el servicio y lo primero que se hace, sin pensar en las consecuencias, es disminuir el número de socorristas. Un grave error”, según José Palacios.
Pese a que es una cuestión de salud pública, sólo una entidad privada como ADEAC fija un mínimo de dos por playa como requisito para conceder sus banderas azules, retiradas frecuentemente por el incumplimiento de esa condición. “Los ayuntamientos dicen que el socorrismo que les exigimos les resulta muy caro”, comenta José Ramón Sánchez Moro, presidente de ADAEC. La entidad, constituida como asociación sin ánimo de lucro, también imparte sus propios cursos de formación.
Algunos ayuntamientos optan por encargar el servicio a Protección Civil, algunos abonando como dietas lo que era un salario encubierto. El pasado mes de mayo un juzgado declaró que esta práctica, que había adoptado el Ayuntamiento de Torremolinos durante 20 años, era un fraude a la Seguridad Social. Pese a que se dictó una sentencia similar para Benalmádena hace dos años, Torremolinos siguió haciéndolo hasta el pasado mes de junio.
Una imagen deteriorada
La precarización y las malas prácticas han acabado trascendiendo a la imagen del socorrista, a quien no se percibe como autoridad. Son frecuentes las intervenciones y los ahogamientos en situaciones de bandera roja, pero las sanciones que fijan los municipios rara vez se aplican. El 7 de agosto falleció un bañista cuando en Torremolinos ondeaba la bandera roja, antes de que el socorrista empezara su jornada; otro fue rescatado gracias a una cadena humana de 30 personas.
“Hay bandera roja, pero entran. Pitas y les explicas el peligro y que no deben, pero te dicen 'yo he venido hasta aquí a bañarme'. Y no puedes hacer nada”, relata un socorrista a pie de playa en Málaga, harto de que, según él, se les imputen responsabilidades que no les corresponden. “No estoy obligado a entrar cuando hay bandera roja y no lo voy a hacer. Que me demanden. Mejor uno que dos muertos”, se queja.
414 personas fallecieron ahogadas en espacios acuáticos en 2015, según los datos recopilados por la Federación Española. El 58,2% en playas, el 29% en ríos y el 12,8% en piscinas. Las estadísticas de lo que va de 2016 son peores: 264 personas han fallecido ahogadas hasta el 31 de julio, el 20% más que en el mismo periodo de 2015.
“Se ve como algo pasajero, poco serio. Pero es serio cuando hay un problema”, opina Ricardo. “Cuando citan a un chaval por homicidio se le caen los palos del sombrajo al chaval y a los padres… por 700 euros al mes”, comenta Alfonso Pastor, que ha sido perito en varios juicios.
Desde la asociación, Marcos Pérez intenta trasladar a la opinión pública, las administraciones y las empresas que el socorrismo debe profesionalizarse y “romper el paradigma del socorrista vago, que se hace el guaperas y está ligando”. En Argentina, de donde viene, los cursos son de un año y de notable exigencia física. Hay una “cultura” que incide en cómo se percibe al socorrista y su función.
“Aquí pasa de todo y con mucha suerte no tenemos el doble de ahogamientos. No vamos a tener cero muertes, pero si el socorrista está bien capacitado se pueden evitar muchas. Hemos llegado a un punto en que esto no puede seguir así”, concluye.