El acuífero de Doñana agrava su estado en medio de su peor sequía y con la sombra de la amnistía del PP a los regadíos ilegales
El espacio natural de Doñana vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. No sólo está inmerso en la década más seca desde 1970, sino que además el acuífero que da vida a todo el entorno (personas, animales y cultivos) está condiciones cada vez peores precisamente por esta falta de lluvias y por la sobreexplotación que sufre para extraer agua para regar. Y con todos estos elementos, que tiene su reflejo en una reducción drástica de las especies que habitan en el parque, arranca en breve un nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía que debe decidir qué hacer con el indulto a los regadíos ilegales en la zona, un compromiso que el PP (que ahora gobernará en solitario) mantuvo durante la pasada campaña e incluyó en su programa electoral.
El problema de partida es que la situación va a peor. Así lo constata un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal encargado de la gestión del agua en la zona, que analiza la situación de los acuíferos del entorno de Doñana para concluir que se observa una “evolución desfavorable”, algo especialmente preocupante si se tiene en cuenta que ya hace dos años se declararon “en mal estado” y sobreexplotadas tres de las cinco masas (Almonte, Marismas y La Rocina) en las que se dividen estas aguas subterráneas. Esto obedece al uso abusivo que se está haciendo (de hecho, hace ahora un año la Justicia europea condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua), a lo que se une esta década con pocas lluvias, la más seca desde la creación del parque nacional.
Por ello, y para no agravar todavía más la situación, el documento plantea ante todo el “incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión” de aguas, lo que choca frontalmente con lo que pretendía la proposición de ley que en enero presentaron conjuntamente PP, Ciudadanos y Vox y que decayó con el adelanto electoral. Y no sólo eso, sino que el informe reclama también la aplicación “rigurosa” de la legalidad, el cierre de captaciones ilegales y la eliminación de regadíos no legalizables. Para hacer posible esta “reversión de la tendencia descendente” del acuífero y conseguir que en 2027 la situación del acuífero sea como la que tenía en 2000, los técnicos de la CHG señalan que hará falta “como mínimo la implementación completa” del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado en 2018, competencia del Gobierno central y que tanto agricultores como la Junta de Andalucía llevan años reclamando.
Distribución de regadíos ilegales en la cabecera de Doñana
Demarcación Hidrográfica
Tinto-Odiel
Piedras
Demarcación Hidrográfica
Guadalquivir
N
Sevilla
Bonares
Huelva
Cádiz
Almonte
El Rocío
Mazagón
Se estima que 1.400 hectáreas utilizan de manera ilegal agua de Doñana para sus cultivos, principalmente frutos rojos.
Caño
Madre de las Marismas
Parque Nacional de Doñana
Matalascañas
SUELOS AGRÍCOLAS REGABLES
LÍMITE DEL PARQUE
NACIONAL DOÑANA
corona forestal de Doñana
La Algaida
Bonanza
GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: wwf.es
Distribución de regadíos ilegales en
la cabecera de Doñana
N
Sevilla
Huelva
Cádiz
Demarcación Hidrográfica
Tinto-Odiel
Piedras
Demarcación Hidrográfica
Guadalquivir
Almonte
Caño
Madre de las Marismas
El Rocío
Mazagón
Parque Nacional de Doñana
Matalascañas
Se estima que 1.400 hectáreas utilizan de manera ilegal agua de Doñana para sus cultivos, principalmente frutos rojos.
Bonanza
SUELOS AGRÍCOLAS REGABLES
LÍMITE DEL PARQUE
NACIONAL DOÑANA
corona forestal de Doñana
GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: wwf.es
Una ley de amnistía de regadíos
El documento de la Confederación del Guadalquivir también llama la atención sobre otro hecho preocupante: hay zonas que acumulan incluso menos agua de lo que cabría esperarse por las lluvias caídas, lo que se traduce en que el “descenso estadísticamente significativo” de los recursos hídricos lo sufren 12 de los 16 sectores en los que se divide el acuífero, cuando en el año 2012/13 eran siete. Esta circunstancia, sobre el papel, estaría directamente vinculada con las extracciones ilegales de agua para cultivos. El foco se pone especialmente en el empeoramiento del sector de las lagunas, “un hecho preocupante ya que se trata de una zona de alto valor ecológico y emblemática de Doñana”.
En este contexto, el PP estrenará la semana que viene nueva legislatura con una holgada mayoría absoluta. Está por ver si, como dice el programa electoral, tramitará “de manera inmediata las iniciativas legislativas que quedaron pendientes tras la disolución del Parlamento”, incluida la proposición de ley para indultar unas 1.400 hectáreas de regadíos en la corona norte de Doñana, o si con la mayoría absoluta se decidirá a presentar un proyecto de ley impulsado por el propio Gobierno andaluz y no el partido. Este cambio le obligaría a pedir informes preceptivos que se esquivaron con la fórmula anterior, además de que esto dejaría a la Junta sin el que ha sido su principal argumento ante los reparos puestos por la Unión Europea, que no era otro que la iniciativa no partía del Ejecutivo sino de la Cámara andaluza. De hecho, la proposición de ley también permitió al Gobierno andaluz no emitir un informe sobre la iniciativa legislativa, en una decisión sorprendente por inusual.
Ante esta situación, el documento de la CHG advierte de que, si se mantiene “el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos” en zonas del acuífero, “comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes”. “Esto obliga a la administración hidráulica a tomar una serie de medidas para asegurar el no deterioro”, y en esta línea se apuesta por el refuerzo de la guardería fluvial y el seguimiento mediante telecontrol y teledetección, además de desarrollar un plan de actuación y control de las prácticas agrícolas.
Una guerra política garantizada
La propuesta para la legalización de regadíos, fruto de la alianza entre PP, Ciudadanos y Vox, encendió las alarmas y posicionó en contra a la Unión Europea, al Gobierno central y a la Unesco, así como a otros organismos internacionales, la comunidad científica española, colectivos ecologistas e incluso los principales supermercados europeos. El director de la propia Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, insistía hace unos días en que “no tiene sentido la regularización de regadíos” con la actual situación de sequía, y uno de sus predecesores en el cargo y en la actualidad director del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, se erigió en sede parlamentaria en una de las voces más contundentes en contra de la iniciativa.
Incluso el PSOE, que inicialmente se abstuvo, ha anunciado ahora que se opondrá a esta regularización si se mantiene en los mismos términos y se tramita como proposición de ley. El secretario general socialista, Juan Espadas, ha instado al presidente electo, Juan Manuel Moreno, a consensuar la iniciativa en el propio Consejo de Participación de Doñana (en el que se sientan todas las administraciones y entidades sociales y ecologistas) y a desarrollarla como proyecto de ley de su Gobierno.
La Junta insistió antes de las elecciones y ante el Parlamento Europeo que con la propuesta no se empeoraría la situación del acuífero porque los agricultores “nunca podrían beneficiarse del derecho de aguas subterráneas”, pero sí “de aguas superficiales”, pero para ello son necesarias varios proyectos hidráulicos al margen del trasvase desde el Tinto, Odiel, Piedras... que también tiene que impulsar el Ejecutivo central. Esto da carta blanca al choque entre dos administraciones de diferente signo político y, en definitiva, amenaza con convertir a Doñana en uno de los principales escenarios de la batalla política andaluza en esta legislatura a punto de arrancar.
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