La proposición de ley que PP, Ciudadanos y Vox impulsan en el Parlamento andaluz supondrá abrir las puertas a “plantear la regularización como suelo agrícola regable de unas 1.460 nuevas hectáreas de cultivos y contra cuya consolidación la administración del agua, en especial la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), viene trabajando muy decididamente desde hace años” en la Corona Norte de Doñana. La advertencia la hace este mismo organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en un informe en el que, por cierto, incide en que en la propia norma “no hay una cifra concreta” sobre la superficie que se beneficiará en los términos municipales de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte.
El documento de la CHG se hizo llegar a la comisión parlamentaria que tramita el texto normativo, por un lado para argumentar la ausencia de su presidente (Joaquín Páez, que fue citado a declarar) y, por otro, para fijar la posición del organismo encargado en última instancia de conceder los derechos de agua. Su conclusión es que la iniciativa supone un triple problema: “Se sitúa al margen de toda la normativa vigente en aguas, por lo que no dará lugar a nuevas concesiones, impide el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y contradice los compromisos contraídos por España con la Unesco”.
La sentencia a la que hace referencia es la impuesta en junio del año pasado a España por no proteger a Doñana del expolio de agua, sentido en el que por cierto Bruselas ha vuelto a amenazar al Gobierno ante sus dudas por esta propuesta legislativa. “La proposición de ley planteada va ”en directa contradicción con las medidas que deben tomarse para darle cumplimiento“, apunta la CHG.
“Una raya en el mapa no es una barrera impermeable”
Esto es así porque los bombeos necesarios para irrigar las nuevas zonas regables o las que no se sustituirían por aguas superficiales “captarían del mismo acuífero” del que dependen los espacios protegidos. En este sentido, ironiza con que “no puede pretenderse que una raya sobre un mapa que marque el límite de un espacio natural constituya una barrera impermeable que aísle el territorio”, para a continuación explicar que, “dada la continuidad hidráulica existente en el acuífero detrítico de Doñana, las presiones sobre una parte afectan ineludiblemente al conjunto”. Es decir, que por mucho que se insista en que los cultivos regularizables están a 30 kilómetros del parque, al final el agua se obtiene del mismo sitio.
La proposición de ley pretende modificar el Plan de la Corona Norte, también conocido como Plan de la Fresa, cuando tanto la Unesco, Ramsar y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incidieron expresamente, en una misión conjunta que realizaron en 2020, en “su mantenimiento como pieza fundamental para la gestión de Doñana”. “El informe recomienda formalmente continuar con su urgente implementación en su forma actual”, apostilla.
“No va a haber concesiones de agua para las nuevas hectáreas”
Por todo ello, y teniendo en cuenta que además el acuífero de Doñana está formalmente declarado como sobreexplotado, la Confederación insiste en que “ni es posible aumentar los bombeos del acuífero ni tampoco asignar nuevos recursos superficiales a nuevas superficies”. Esto último, de hecho, “sería siempre a costa” de los derechos ahora concedidos a los agricultores. Conclusión: “No va a haber concesiones de agua para estas nuevas hectáreas”.
La CHG se detiene en otras dos cuestiones. Por un lado, tilda de “cuanto menos sorprendente” que no se informase de esta proposición de ley al Consejo de Participación de Doñana, que se reunió pocos días antes de que se registrase en el Parlamento; por otro, recuerda que todo esto ocurre en un contexto de sequía que sufre toda la demarcación del Guadalquivir y que, “de manera patente, afecta al espacio natural”. De hecho, el Parque Nacional está inmerso en el periodo de diez años más seco desde 1970.
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