El Gobierno central mantiene con fuerza su pulso contra la proposición de ley con la que se quieren indultar cultivos ilegales en Doñana, y así lo ha vuelto a evidenciar enviando a Andalucía a otro secretario general –en este caso el de la Agenda 2030, Enrique Santiago– para insistir en su radical oposición a una propuesta “claramente contraria a la ley”. De paso, Santiago ha dejado un par de advertencias: la iniciativa (presentada por PP, Cs y Vox y que ha contado en el Parlamento andaluz con la abstención del PSOE) pone en riesgo la llegada de fondos europeos a España y abre la puerta a sanciones económicas por parte de Europa, unas multas que si llegan tendría que asumir Andalucía.
Al amplio coro de voces contra la proposición de ley se unía este viernes Enrique Santiago, que insistía en Sevilla en que la medida, además de ser “contraria a normativas europeas, es inviable” porque sencillamente no hay agua “y no se puede inventar”. “Si no hay es que no hay”, apostillaba, además de subrayar que “por supuesto que está en riesgo la declaración como Patrimonio de la Humanidad” que concede la Unesco y que las consecuencias pueden ser catastróficas, “hay riesgo de que la tragedia del Mar Menor se repita en Doñana”.
La Comisión Europea ya ha advertido por carta de que la cuestión puede acabar con una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo, que ya en 2021 sancionó a España por no proteger los recursos hídricos de Doñana. Una segunda sentencia en contra sería “muy preocupante porque España se arriesga a no recibir fondos europeos”, algo de lo que ya advertía esta misma semana en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Pero además de no llegar dinero de Europa, España afrontaría multas que el Gobierno central derivaría a Andalucía como “causante del hecho sancionable”. Es decir, que la sanción económica “la van a tener que pagar los ciudadanos”, algo que a su juicio “francamente no compensa”.
Enrique Santiago entiende que hay que buscar otras vías para “dar alternativas a la provincia de Huelva”, y aquí ponía sobre la mesa el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) agroindustrial que ya ha anunciado el Ejecutivo central. Ahí, asegura, se recogen medidas para impulsar “un correcto desarrollo económico y social sostenible y respetuoso con los recursos, que desgraciadamente son finitos”.
Tras reunirse con la plataforma Salvemos Doñana, el secretario de Estado se trasladó al Parlamento andaluz, donde se reunió con una delegación de Unidas Podemos (que resaltó las posibilidades que aporta el Perte) y otra del PP, el principal partido promotor de la iniciativa legislativa. Tras el encuentro, los populares lamentaron la “desinformación del Gobierno de España” y las percepciones que tiene con este proyecto, “muy alejadas de la realidad que vive la provincia de Huelva”. En paralelo, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se veía en Madrid con representantes de la Unesco y reclamaba al Gobierno central que avance en su plan de recurrir ante el Tribunal Constitucional para así presionar a la Junta.
La proposición de ley regularizará unas 1.400 hectáreas de regadíos que ahora roban el agua del acuífero de Doñana, una cifra que se toma como referencia pese a que en el texto se mencionan 1.600, los propios promotores aseguran que en realidad son unas 800 y WWF eleva el dato hastas las 1.900 hectáreas. Al margen de colectivos ambientales, sociales y partidos políticos, ante esta iniciativa han expresado sus recelos la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Unesco, el Convenio de Ramsar y el Gobierno central, que ya envió al secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, para avisar de que no habrá más aguas para el regadío en Doñana. Después de la contundente carta de la Comisión Europea, la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE) remitía a su vez una misiva al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), en la que le advertía de las graves consecuencias que puede acarrear este proyecto legislativo.
Pese a todo, continúa con su tramitación parlamentaria ante el asombro creciente de la prensa europea, que se está haciendo eco de una situación que puede alertar a los consumidores europeos de las berries que se cultivan en esta zona. Sin ir más lejos, en RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) titulaban el miércoles de una manera muy significativa: “Un parque nacional español lucha contra la escasez de agua por culpa del cultivo de fresas para los supermercados alemanes”.
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