El Gobierno andaluz echa balones fuera ante Europa con respecto a la propuesta para legalizar más de 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana que, a día de hoy, utilizan el agua de manera ilegal. La primera respuesta oficial que da la Junta sobre la cuestión se incluye en un informe elaborado como respuesta a la dura carta que remitió la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, incide en que “no es una iniciativa del Gobierno andaluz sino del propio Parlamento”, en lo que a su juicio supone un “reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático”.
Desde que trascendió a principios de enero la proposición de ley que ultimaban PP, Cs y Vox, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) ha mantenido una postura ambigua: por un lado ha respaldado sin medias tintas la medida, pero por otro ha preferido que su Gobierno no sea el que la desarrolle y lo ha dejado en manos de los partidos. De hecho, desde la Junta se habla de la iniciativa como algo ajeno, como si la coalición que gobierna no estuviese formada por PP y Cs, con sus máximos responsables regionales al frente.
Esa línea es la que mantiene el informe firmado por el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sergio Arjona, y que se ha remitido al embajador permanente de España ante la Unión Europea, para que así replique a la directora general de Medio Ambiente de la Comisión. Un texto que, con la apariencia de un descargo de responsabilidades por parte de la Junta, se centra en analizar el impacto de la proposición de ley en el cumplimiento de la sentencia con la que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua.
Y su conclusión es que no hay que decir, porque el inicio de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley “no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia”. De hecho, incide en que a día de hoy “se desconoce si dicho texto será aprobado” y, en caso de hacerlo, “en qué términos se haría”.
El informe, por cierto, pone por primera vez negro sobre blanco en un documento de la Junta cuántas hectáreas de la Corona Norte de Doñana (en los términos de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana) podrán acogerse a esta amnistía: 748,62 hectáreas, aunque la propia proposición de ley apunte a 1.600 y WWF calcula que pueden ser hasta 1.900 hectáreas. Con esta cifra “precisa” la afirmación de la Comisión de que se beneficiarán 1.460 hectáreas y la plasma en un documento oficial, aunque la consejería no asume como propio el dato y asegura que es así “según nos trasladan los proponentes”. Eso sí, señala que los posibles beneficiarios ya tenían el reconocimiento como suelo agrícola regable “antes” de que en 2014 entrara en vigor el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, también conocido como Plan de la Fresa.
Aunque no asume como suya la proposición de ley, la Consejería de Agricultura defiende en su informe en varias ocasiones una iniciativa para “dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva desde la aprobación” del Plan de la Corona. Su modificación (como persiguen PP, Cs y Vox con la abstención del PSOE) “no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona”.
“Por lo tanto”, concluye, “la proposición de ley no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos” en Doñana, “puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos” y de hecho recuerda que esta cuestión es competencia estatal. Eso sí, se abre una puerta de futuro al apuntar que estos terrenos “no podrán regar hasta tanto no llegue a sus fincas el agua que lo permita, que tendrá que ser en superficie”.
En este contexto, el informe incide en que la situación en Doñana sería mejor si el Gobierno central cumpliese la ley que prevé transferir 19,99 hectómetros cúbicos de agua desde el Tinto, Odiel y Piedras a esta zona para sustituir aguas subterráneas por superficiales. Las medidas adicionales previstas en este trasvase “podrían ayudar al cumplimiento de la sentencia de una manera más ambiciosa”.
La Junta entiende que, para cumplir la sentencia europea en Doñana, “se debe ahondar en una nueva estrategia”, un “nuevo plan de acción” en el que los gobiernos central y autonómico aporten medidas concretas con su dotación presupuestaria y su calendario. Una propuesta, en definitiva, que “permita garantizar a los evaluadores de la Comisión que se va a alcanzar el cumplimiento de la sentencia”.
El informe concluye reiterando que, “en cualquier caso”, la tramitación de la proposición de ley “es competencia exclusiva del Parlamento de Andalucía” y que, “en caso de su aprobación”, será entonces cuando el Ejecutivo andaluz “tendrá la responsabilidad de su aplicación”. Algo que, apostilla, se hará “salvaguardando en todo momento la protección del espacio natural de Doñana, como no puede ser de otra manera”.
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