MEDIO AMBIENTE

La nueva ley para indultar regadíos regresa al Parlamento andaluz con Bruselas revisando el plan para proteger Doñana

El segundo intento de PP y Vox de legalizar regadíos en el entorno de Doñana, unas fincas que ahora captan agua del acuífero sin permiso, no puede llegar en peor momento. La polémica, que en todo lo que concierne al parque nacional adquiere escala internacional, se produce cuando la Comisión Europea está estudiando si España está cumpliendo las medidas que asumió para proteger el acuífero, entre las que se incluyen la garantía de que no habrá nuevos regadíos y el desarrollo del conocido como Plan de la Fresa. Justo en este momento, el mensaje que le llega a Bruselas es que se ha vuelto a presentar la ley que desmonta estos dos compromisos.

Fuentes de la Comisión Europea han señalado a este periódico que “está evaluando actualmente” las observaciones presentadas por el Estado español “para decidir si procede un segundo recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, en el que se solicitaría la imposición de sanciones económicas a España”. La Justicia europea condenó en junio de 2021 a España por no proteger a Doñana del expolio de agua, y un año después le exigió que cumpliera esta sentencia, al considerar que no estaba haciendo todo lo que estaba en su mano. Meses después, los gobiernos central y autonómico llegaron a un inhabitual consenso para detallar las medidas que se están tomando para proteger este enclave natural, una respuesta que es lo que ahora está analizando Bruselas.

La Comisión todavía no se da por enterada de la presentación por segunda vez de la ley para amnistiar regadíos en Doñana, una iniciativa que choca frontalmente con algunas de las medidas que el Gobierno central asegura estar aplicando para garantizar que está haciendo los deberes. La sentencia de 2021, recuerda ahora Bruselas, determinó que España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitats, “al no haber evitado el deterioro de hábitats estrictamente protegidos en varios espacios Natura 2000 de Doñana y su comarca”.

Una actividad económica “compatible”

Las mismas fuentes recuerdan a este periódico que “la legislación ambiental de la Unión Europea exige un uso sostenible de los recursos naturales, en particular del agua”. En este sentido, inciden en que “las actividades económicas deben ser compatibles con la conservación de los espacios Natura 2000”, lo que colisiona con que en la actualidad (y sin tener en cuenta la proposición de ley impulsada por PP y Vox) “los conocimientos científicos y técnicos disponibles aportan pruebas sólidas de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas sobre los ecosistemas de Doñana y sobre el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea”. Por ello, y al margen de subrayar que es “esencial” la ejecución “oportuna y correcta” de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, se subraya que “Doñana es uno de los humedales más destacados de Europa y se ha ganado el reconocimiento a escala mundial”.

De este modo, se da la contradicción de que se presenta una ley para legalizar regadíos que piratean agua justo en el momento en que la Comisión Europea está analizando si se está haciendo lo suficiente para proteger los recursos hídricos de Doñana. Por ello, mantiene la espada de Damocles de presentar un segundo recurso –que conllevaría sanciones económicas–, un contexto que no es precisamente el mejor para que a Bruselas llegue de nuevo el ruido de una ley que no camina precisamente en la senda que le gusta a las autoridades europeas.

Buena muestra de ello es que, menos de un mes después de presentarse por primera vez en el Parlamento andaluz esta proposición de ley, la Comisión Europea envió una dura carta al embajador español en la que mostraba su “honda preocupación” y “desconcierto” con esta iniciativa. La misiva la remitió la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que temía las “posibles repercusiones” de una medida que, como ahora, persigue modificar la Ley Forestal y sobre todo el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta y más conocido como Plan de la Fresa.

También contra el plan estatal

En la comunicación oficial se alertaba del “riesgo de que una nueva regularización de áreas de regadío tenga un efecto llamada que genere mayores impactos adversos sobre el estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas” de este entorno, declarado sobreexplotado y en mal estado. Es decir, que la ley que entonces impulsaron PP, Ciudadanos y Vox “podría aumentar los actuales niveles de extracción de agua subterránea para irrigación”.

Muchas de las medidas con las que respondieron los gobiernos central y autonómico al nuevo requerimiento de Bruselas se incluyen en el Marco de Actuación de Doñana, el plan de choque estatal para este entorno que, dotado con 356 millones de euros, se presentó hace tres meses y que reitera que “se excluye cualquier incremento en la superficie con concesión para riego o susceptible de conseguirla”. “La política de incremento cero del regadío es piedra angular de la planificación hidrológica en Doñana”, insiste, y es que se tiene claro que el deterioro del espacio natural “se debe a la intensificación de la acción humana en su entorno”. De hecho, este plan reserva 100 millones de euros para la compra de fincas a agricultores de la comarca para retirarlas del cultivo y reducir así la presión al acuífero.

Al margen de las reacciones en contra de los partidos políticos de izquierda y de las organizaciones ecologistas (WWF ya ha pedido la relación de las 650 fincas que se beneficiarán de esta legalización), el propio presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ya ha expresado su “decepción” con la nueva iniciativa legislativa de PP y Vox. Asimismo, ha anunciado que, para estudiar las consecuencias de esta ley, convocará una reunión extraordinaria de un organismo en el que se sientan administraciones –Junta de Andalucía y ayuntamientos de la comarca–, organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que es la encargada de dar los derechos de agua), sindicatos, entidades ecologistas y la Estación Biológica de Doñana.