Las hectáreas de regadío ilegal en el entorno de Doñana que podrían beneficiarse de la ley que PP y Vox impulsan en el Parlamento andaluz son muchas más de las que se barajan, y no sólo eso, sino que la mayoría de ellas no se han regado nunca de manera legal. Estas son las principales conclusiones de la actualización del último “estudio técnico” con imágenes de satélite que la organización ecologista WWF ha presentado este miércoles en Huelva, con el que vuelve a insistir en que se indultarán hasta 1.900 hectáreas, más del doble de las que se barajan (hasta 750) de manera oficiosa, ya que la proposición de ley no incluye ni una sola cifra. Eso no quita para que hasta el Gobierno andaluz dé por buena esta horquilla, cuando en teoría no se ha realizado todavía ningún trabajo técnico.
La ausencia de una cifra oficial de hectáreas ilegales está generando un auténtico maremágnum, ya que si la Junta de Andalucía habla de unas 750 y WWF las eleva hasta 1.900, el Gobierno central apuntaba este martes que en 2022 se habían localizado por teledetección 646 hectáreas bajo plástico fuera de la superficie agrícola regable y, por tanto, ilegales. Este número tampoco coincide con el que se le envió como respuesta formal a la Comisión Europea tras el pasado verano, ya que entonces se concretó en 1.013 hectáreas.
En la corona norte de Doñana, que abarca los municipios de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana, hay 9.418 hectáreas de regadíos autorizados, según datos al cierre de 2021. El satélite ha permitido detectar hasta 1.903,7 hectáreas que ahora mismo riegan de manera ilegal y que, sobre el papel, podrían acogerse a la normativa en tramitación, lo que supondría un incremento del 20% del suelo agrícola en esta comarca del Condado. Asimismo, supone más del doble de las 750 hectáreas que en teoría esgrime el Gobierno andaluz, una cifra de la que se habla “sin ningún trabajo técnico y sin explicar cómo se ha llegado a ella”.
La afirmación la ha hecho Juan José Carmona, coordinador de WWF para Doñana, que junto a su compañero Felipe Fuentelsaz ha desgranado que la mayoría de estas tierras que hoy se riegan de manera ilegal (en concreto, 1.432 hectáreas) sí son suelos agrícolas, pero de secano. Es más, han profundizado en que el 70% de estos terrenos “no se habían regado jamás antes de 2004”, por lo que sus propietarios empezaron a hacerlo “a sabiendas” de que no podían, por mucho que ahora esgriman unos “derechos históricos” que la legislación no reconoce.
Para entender la importancia de la fecha de 2004 hay que tener en cuenta que fue entonces cuando se aprobó el Plan de Ordenación de Doñana (Potad), una norma andaluza de rango superior a los planes urbanísticos de los municipios. El famoso Plan de la Fresa (el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana), que se aprobó en 2014 y es el que quiere cambiar la ley de PP y Vox, emanó del Potad y por eso tiene ese carácter retroactivo de diez años: el trabajo de regularización que se acometió entonces fue con la base que imponía esta normativa madre, que es la que determinaba qué zonas eran de secano, cuáles de regadío y cuáles forestales. Y eso ya lo sabían los agricultores que, entre 2004 y 2014, empezaron a extraer agua de manera ilegal pese a que sus tierras no tenían la consideración de regables.
Junto a estas 1.432 hectáreas de secano que se están regando ilegalmente, WWF ha detectado otras 471 que tienen otra particularidad: son forestales y sus propietarios no sólo las han convertido en agrícolas, sino que encima las han transformado en regables. Hablamos de suelos que antaño sí pudieron ser agrícolas, pero que cuando se aprobó el Potad en 2004 tenían por ejemplo plantados eucaliptos que después (entre 2004 y 2014) sus propietarios arrancaron por su cuenta y riesgo. Por eso, la futura norma también quiere cambiar la Ley Forestal de Andalucía, lo que por cierto ya tendría consecuencias en toda la comunidad autónoma, no sólo en esta comarca.
“Cuando se habla de 750 hectáreas es mentira”, ha incidido Juan José Carmona, que también ha cargado contra esos “derechos históricos” que se esgrimen para justificar esta regularización masiva. “Esto supone incrementar más de un 20% los regadíos, cuando ahora ya no hay agua y no la va a haber en un futuro”, por no hablar del agravio que supone para los agricultores de secano que durante todos estos años han mantenido esta actividad mucho menos productiva y que ahora ven cómo se va a premiar a los que han transformado ilegalmente sus tierras en regables. “Juan Manuel Moreno Bonilla es el máximo responsable de todo esto”, en su triple condición de presidente de la Junta, del PP andaluz y del grupo parlamentario popular, por lo que se le ha vuelto a pedir que “recapacite” y enmiende su propia ley para hacerla viable.
Los responsables de WWF han criticado también el “procedimiento del miedo” elegido, que no es otro que una proposición de ley impulsada por PP y Vox, en vez de presentar un proyecto de ley el propio Gobierno andaluz, con lo que se evitan “la exposición pública a toda la sociedad”. Y otra cuestión a tener en cuenta: los terrenos en situación irregular los cultivan particulares pero la mayoría de ellos son públicos, propiedad de los ayuntamientos, que por cierto pudieron regularizar otros suelos gracias precisamente al Plan de la Fresa, una norma que tiene sus propios mecanismos de mejora como demuestra que en estos años los técnicos de la Junta han legalizado 90 hectáreas que inicialmente quedaron fuera de la consideración de regables. A muchos otros agricultores se les ha denegado esta posibilidad, por lo que han acudido a los tribunales y hasta 500 casos han terminado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no le ha dado la razón a ninguno de ellos.
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