Sumar solicita al Congreso desclasificar el archivo del asesinato de García Caparrós que PSOE y PP ya apoyaron en Andalucía

Manuel José García Caparrós, un joven malagueño, sindicalista de CCOO y trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria, murió por el disparo de un policía mientras participaba, junto a otros 200.000 andaluces, en la gran manifestación por la autonomía andaluza, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Coincidiendo con el 47 aniversario de su asesinato, el grupo parlamentario Sumar ha registrado este miércoles un escrito en la Mesa del Congreso de los Diputados solicitando la desclasificación de su expediente, esto es, las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó aquel suceso, que fueron declaradas secretas entonces y algunas de ellas aún hoy lo son.

Sumar reclama que se “permita el acceso a toda la documentación que obre en su poder, y en concreto, aquella que se obtuviera en el desarrollo de la actividad de la Comisión de Encuesta celebrada en 1977, relacionada con el asesinato de García Caparrós, sin anonimizar nombres propios”, reza el escrito.

La solicitud del grupo de Yolanda Díaz para desclasificar los archivos del asesinato de García Caparrós debe dirimirse en el órgano de control del Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol y de mayoría progresista: cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar. La decisión, no obstante, compromete a las dos fuerzas mayoritarias, porque tanto populares como socialistas han rechazado en Madrid lo que antes habían apoyado en Andalucía.

Se trata de un requerimiento que la Mesa del Congreso ya ha recibido (y desestimado) en el pasado al menos dos veces: una a petición expresa del Gobierno andaluz de Susana Díaz (en el último año de mandato socialista tras 37 en el poder), y otra a demanda del Parlamento andaluz hace dos años, ya bajo la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno.

En esta última ocasión, fueron los socialistas andaluces quienes intentaron enmendar el punto de la desclasificación de los archivos del joven malagueño recogido en una proposición no de ley de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez.

El PSOE propuso, como alternativa, una fórmula más laxa: “instar al Gobierno de España a adoptar las medidas previstas en la Ley de Memoria para que los familiares de Manuel José García Caparrós tengan acceso a la verificación de los hechos y circunstancias en que se produjo su asesinato el 4 de diciembre”.

Sin embargo, el PP de Moreno negoció y pactó con Teresa Rodríguez la redacción final de la PNL -los populares añadieron sus propias enmiendas de adición- y avalaron la solicitud de desclasificación de los archivos, forzando al PSOE a apoyar la iniciativa para no quedarse solos con Vox en el voto contrario.

Acceso parcial a las actas

En 2017, la Mesa de la Cámara Baja ya autorizó a la diputada malagueña de Unidas Podemos, Eva García Sempere, a consultar parcialmente el expediente, pero los nombres propios que aparecían en él fueron tachados “para proteger los datos de carácter personal”. Con los años, gran parte del trabajo de la comisión parlamentaria que investigó los hechos ha ido saliendo a la luz, pero quedan tres sesiones cuyas actas han permanecido parcialmente precintadas.

Ahora, Sumar vuelve a remover el polvorín y forzará un posicionamiento de la Mesa del Congreso, comprometiendo a sus socios socialistas, que siempre han sido ambivalentes respecto a la solicitud de desclasificación del asesinato del joven sindicalista malagueño. Hasta hoy, PSOE y Sumar siempre han votado en bloque dentro de la Mesa, anteponiendo la mayoría progresista a los cuatro diputados del PP.

El escrito de Sumar se nutre de toda la experiencia previa para evitar tropezar en las mismas piedras, por ejemplo, que esta vez las actas se hagan públicas “sin anonimizar”. “El criterio de la Mesa para autorizar el acceso a la documentación, sin la previa disociación de los datos de carácter personal, estaría amparado por el principio de autonomía de esta Cámara que, en todo caso, tendría como única limitación respetar el marco constitucional y legal, en particular, los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas de leyes como la de Memoria Democrática”, dice el escrito, que cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, además de la Ley de Memoria y la Ley de Transparencia.

El texto, además, subraya que “la autonomía parlamentaria no puede convertirse en un refugio para evitar el escrutinio público o perpetuar la opacidad” y señala que “la documentación solicitada no afecta a intereses estratégicos, de seguridad nacional o de defensa, sino que se refiere a un hecho histórico y político -”de interés público innegable“- cuya relevancia trasciende al propio Congreso de los Diputados”.

Querella criminal contra el Ministerio de Interior

La historia de García Caparrós es una historia sin epílogo, porque su familia -sus hermanas- lleva años peleando para lograr fundamentalmente dos objetivos: uno es la desclasificación del expediente de su asesinato, y el otro es el reconocimiento como víctima de la violencia política al mismo nival que las víctimas del terrorismo. Esto último es importante porque añadiría a la reparación moral, una reparación económica.

Precisamente las hermanas de García Caparrós -Loli, Puri y Paqui- anunciaron hace dos días que ultiman la presentación de una querella criminal contra el Ministerio de Interior, porque consideran que “se ocultó el crimen de nuestro hermano”, y señalan al Gobierno de España como “cómplice de aquel asesinato”.

La iniciativa de Sumar en el Congreso viene precedida de otras propuestas que recorrieron el mismo camino sin mucho éxito. En noviembre de 2022, el Parlamento andaluz pidió por primera vez la desclasificación del expediente de García Caparrós, a partir de una proposición no de ley de Adelante Andalucía, que obtuvo el respaldo de PP, PSOE y Por Andalucía. Sólo Vox votó en contra.

La Cámara autonómica hizo suya aquella reivindicación y remitió la decisión al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, pero no pasó de ahí. Un año después, el 4 de diciembre de 2023, Sumar registró otra proposición no de ley en el Congreso solicitando exactamente lo mismo: el reconocimiento de García Caparrós como víctima del terrorismo e instar al Gobierno a desclasificar los archivos de su asesinato.

La Mesa admitió el primer punto, pero no calificó el segundo, argumentando que el citado expediente sobre la muerte del joven malagueño pertenecía a una Comisión parlamentaria y, por tanto, el Gobierno de España no tenía competenias para decidir sobre los archivos. En un escrito de respuesta al que ha tenido acceso este periódico, el Congreso ofrece una “propuesta” al grupo parlamentario Sumar para salvar su iniciativa con una “reformulación” de este punto.

“Teniendo en cuenta que no cabe instar al Gobierno a la realización de actuaciones que exceden de su competencia”, el órgano de control del Congreso sugiere al grupo de Yolanda Díaz que le envíen a ellos la misma solicitud, dado que sí son competentes para resolver.

Dos iniciativas de Sumar en paralelo

A partir de ahí, la iniciativa de Sumar se bifurca y regresa al Congreso partida en dos iniciativas: por un lado, la proposición no de ley que se registra, se debate y se aprueba hace dos semanas en la Comisión de Interior, con el voto de la mayoría de partidos que sostienen al Gobierno de Sánchez (PSOE, Sumar, Bildu, ERC y PNV), y la abstención del PP.

De ahí sale la obligación del Congreso de “rendir homenaje” a García Caparrós, e instar al Gobierno a considerarle “víctima de la represión por razones políticas en la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 por la consecución de las libertades democráticas y del autogobierno para Andalucía”.

En la negociación previa, Sumar acepta retirar la consideración de “víctima del terrorismo” para así afianzar el apoyo del PSOE y que el PP se abstenga, en vez de votar en contra. Los populares no se plantearon un voto afirmativo, porque el texto definitivo sitúa a García Caparrós como víctima mortal en el año 77, es decir, en el periodo de Transición a la democracia, que entra dentro de la nueva Ley de Memoria Histórica a la que el PP se opuso radicalmente.

Algo similar ocurrió dos años antes con la proposición no de ley que registró el partido de Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz. Para ganarse el respaldo de los populares de Moreno -con mayoría absoluta-, Adelante Andalucía eliminó el término “víctima del terrorismo”, y lo sustituyó por un texto más genérico -menos comprometedor, de hecho, que el que acaba de aprobar el Congreso: “Instar a la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a considerar” a García Caparrós “víctima por su lucha a favor de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”.

La segunda iniciativa que Sumar llevó al Congreso es esta solicitud de desclasificación de los archivos, registrada este miércoles y dirigida directamente a la Mesa, siguiendo la “propuesta” del propio órgano de control de la Cámara, que ahora deberá resolver si hace públicos los archivos o no.

32 agentes disparando al aire

Sobre el asesinato del joven sindicalista malagueño se han escrito varios libros con información sacada de las actas del Congreso. Uno de ellos -Las muertes de García Caparrós, de la secretaria judicial Rosa Burgos- señaló al cabo primero M. P. R., ya fallecido, como el policía que disparó la bala que mató al muchacho mientras se manifestaba en Málaga por una autonomía andaluza.

En 2017, cuando la diputada de Unidas Podemos, Eva García Sempere, tuvo acceso a las actas secretas -casi 700 páginas con los nombres propios tachados- denunció que la investigación en la comisión del Congreso había orillado el informe policial que señalaba el origen de los disparos, incluido el que mató a García Caparrós.

El informe de la Policía Armada recogía tres cargas policiales -32 agentes dispararon al aire- después de que los manifestantes colgaran la bandera andaluza de la fachada de la Diputación de Málaga, una de ellas en el lugar en el que recibió el tiro mortal. Agunos de esos agentes fueron “expedientados y arrestados” por aquel suceso, según el expediente.

Muy próxima a la esquina donde cayó muerto, en una calle de la capital malagueña, hay una placa del Ayuntamiento en su memoria, y cada 4 de diciembre recibe una ofrenda floral de su familia y sus allegados.