El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este jueves a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente, los autos de fecha de 18 de diciembre de 2013 por los que la juez de instrucción de Sevilla Mercedes Ayala “preimputa” a 'los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como al exconsejero y diputado nacional José Antonio Viera en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta.
El trámite, utilizando el conducto previsto legalmente para este tipo de comunicaciones a las Cortes, se ha realizado después de que la juez de Sevilla dictara un auto en el que pedía tanto al Supremo como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la “auxilien” para notificar el citado auto a Chaves, Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, después de que las Mesas del Congreso y del Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos expedidos a tal efecto y presentados por la Guardia Civil.
La juez explicaba en la resolución llegada al alto tribunal, con fecha de 8 de abril, que ambos oficios iban dirigidos a sus respectivos presidentes --Jesús Posada, del Congreso, y Pío García Escudero, del Senado-- “con el ruego de que hicieran llegar el contenido del mencionado auto --el cual iba en sobre cerrado-- a los diputados y senador referidos en el mismo, al ser estas Cámaras domicilios laborales de estas personas”.
Las Mesas del Congreso y del Senado acordaron el pasado martes devolver a la juez Mercedes Alaya la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al senador socialista José Antonio Griñán y advirtieron a la magistrada que no había optado por el “camino correcto” para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.
Chaves ya tiene el auto
El expresidente andaluz Manuel Chaves ha recibido este jueves el escrito de preimputación, según ha reconocido el propio diputado socialista en los pasillos del Congreso, que ha subrayado que esta vez la notificación se ha enviado “por el cauce legal correcto”. Eso sí, si tiene que declarar ante la Justicia, ya avisa de que lo hará en el Supremo.
Chaves ha declinado comentar si la juez ha podido o no incurrir en prevaricación o si debe ser sancionada, pero sí ha dicho que esta notificación ha llegado ahora por el cauce legal mientras que antes “estaba cometiendo una ilegalidad”.
El expresidente andaluz ha reiterado que este episodio ha sido “muy burdo y muy confuso” porque era la segunda vez que la juez fue advertida por dirigirse directamente al Congreso y, sobre la posibilidad de que haya una queja formal del parlamento ante el Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que es algo que tendrá que decidir la Mesa del Congreso.
Además, Chaves ha dicho que le “sorprende” la supuesta dificultad de Alaya para localizarle en su domicilio ya que es “el mismo” desde hace 20 años. “La gente sabe dónde vivo yo y he tenido servicio de escolta domiciliario, por lo que decir que no se ha localizado mi domicilio suena a excusa”, ha dicho el diputado, a quien también le ha “extrañado” que la Guardia Civil, “que es institución muy eficiente”, no haya podido localizar su vivienda.
Mientras, sobre los razonamientos de la juez, ha mantenido que ésta “debería saber que el Congreso no es un centro de trabajo o una empresa sino donde se deposita la soberanía nacional”.
Así, tras indicar que la notificación le llega “cuatro o cinco meses” después de que hubiera trascendido públicamente su contenido, ha indicado que declarará “cuando tenga que hacerlo”, “en el caso de que tenga que declarar”, y que lo hará “donde corresponde” que, según ha subrayado, es ante el Tribunal Supremo.