El teléfono de “violencia intrafamiliar” de Vox se suma a tres más que ya atienden 18.800 denuncias al año en Andalucía
PP y Ciudadanos están inmersos de lleno en la negociación con Vox para sacar adelante los Presupuestos Andaluces de 2020, los primeros diseñados íntegramente por el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno. Hay un acuerdo suscrito por las tres fuerzas conservadoras el pasado mes de junio que sirve de hoja de ruta a esa negociación. Seis de las 34 medidas de ese documento han pasado este miércoles por el Consejo de Gobierno, que las ha ratificado, aunque no haya adoptado ninguna medida ejecutiva para ponerlas en marcha. Ni presupuestos ni plazos de implantación, aunque el gesto de la Junta de incluirlas en su agenda para 2020 busca facilitar el diálogo con su socio de extrema derecha y allanar las cuentas del próximo año.
La fórmula elegida es innovadora: el Consejo de Gobierno ha acordado “instarse” a sí mismo -la Consejería de Igualdad- a poner en marcha las medidas que “exige” Vox, entre ellas, un teléfono de atención a las víctimas de violencia “intrafamiliar”, término que el partido de Santiago Abascal utiliza como sustituto de “violencia de género”. Lo primero que ha subrayado el portavoz de la Junta al presentar la iniciativa es que “la nueva línea telefónica no sustituirá a la que ya funciona para víctimas de violencia de género”, sostiene Elías Bendodo.
A partir de aquí hay dos discursos contradictorios en el papel, pero complementarios en la acción política. Vox sí defiende sustituir un lenguaje por otro. De hecho, el portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha felicitado a la Junta por “romper el discurso monolítico de las políticas de género” que difunde “el feminismo supremacista de izquierdas”. PP y Cs hacen oídos sordos. “La violencia de género y la intrafamiliar son dos tipologías diferentes tanto conceptual como jurídicamente en el Código Penal (artículos 153 y 173)”, dicen, para justificar la coexistencia de un teléfono de atención a víctimas de violencia de género y otro para víctimas de violencia intrafamiliar.
Cuatro teléfonos
Al margen del debate ideológico, los grupos de izquierda -PSOE y Adelante Andalucía- han criticado esta fórmula “salomónica” porque supondrá “triplicar recursos de la Administración” y “derrochar dinero público”. En la actualidad, la Consejería de Igualdad del Gobierno andaluz gestiona tres teléfonos de ayuda y asistencia social a colectivos “vulnerables”: uno para mujeres, otro para personas mayores y el tercero para menores. Muchas de las llamadas que recibe la Junta son para pedir información sobre ayudas públicas, asistencia jurídica o psicológica... Pero la gran mayoría son denuncias por maltratos y agresiones.
De las 18.799 denuncias telefónicas por maltrato que recibió la Consejería de Igualdad el año pasado, el 72,78% fueron de mujeres víctimas de violencia de género (13.683 llamadas) a través del 061 (desviado por el Gobierno central) o la línea directa del Instituto Andaluz de la Mujer: 900 200 999, que gestionan 14 profesionales; el 15,2% fueron denuncias de agresiones o abusos a niños (2.859 llamadas) a través del teléfono al Menor; y el 12% son denuncias de personas mayores agredidas por sus hijos u otros familiares (2.257 llamadas), a través del número de Teleasistencia, donde trabajan 667 personas, y dos de ellos se encargan exclusivamente de casos de maltratos. El número total de consultas de mujeres al teléfono del IAM en 2018 ascendió a 20.759 llamadas; el teléfono de mayores recibió 2.257 llamadas y el de menores 5.343 llamadas, según datos del departamento de Rocío Ruiz.
A todos estos recursos de la Administración pública se sumará un cuarto teléfono, el de víctimas de violencia intrafamiliar, para casos que, según el PSOE, ya gestiona el teléfono del Menor y el teléfono del Mayor. Y según Vox, también para casos que gestiona el teléfono de atención a víctimas de violencia de género.
Hijos y tensiones brutales
La iniciativa del teléfono de violencia “intrafamiliar” tiene mucho de cambio de registro, de lenguaje y de marco mental. Lo ha dejado claro el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, que ha recordado sus responsabilidades anteriores como secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio de Interior. Para defender la iniciativa de Vox, Nieto ha expuesto el reciente crimen en el municipio de Puerto de la Torre, en Málaga, donde un hombre mató a su madre hace una semana. “Esta mujer no tenía un teléfono al que llamar, y ahora sí lo tiene”, ha dicho, el que fuera responsable directo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Cuando se le ha preguntado si llamar a la Policía no sería la primera opción, Nieto ha explicado que como secretario de Estado de Seguridad recibió “múltiples informes que nos decían que prestásemos atención específica a este espacio familiar”. “Hay muchos jóvenes que provocan tensiones brutales en la familia, por drogas, por la Playstation... no había un canal específico para abordarlo y Andalucía va a ser pionera”, dice Nieto.
Los sindicatos CCOO y UGT han criticado al Gobierno andaluz por asumir la medida de Vox y “dar pasos atrás” en la lucha contra la violencia machista. La Junta ha esgrimido los datos del Consejo General del Poder Judicial de 2018, cuando “se produjeron 2.962 denuncias en Andalucía en relación con la violencia intrafamiliar”. “Este hecho social debe tener una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos al no estar contempladas acciones de forma específica, un nuevo recurso especializado que atenderá cualquier violencia doméstica que quede incluida dentro del concepto del Código Penal, con independencia de la persona que ejerza o reciba esa violencia, que se base en una razón criminológica y cultural y que no tenga relación con la violencia de género”, subraya el Ejecutivo andaluz.
Además de los teléfonos que gestiona Igualdad, la Junta gestiona el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) desde que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia y actualmente tiene en funcionamiento nueve oficinas, que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras para atender la demanda del Campo de Gibraltar. Además de presencialmente, este recurso también se atiende telefónicamente (un número por provincia). Se trata de un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran. En 2018 atendió a más de 7.000 personas, el 85,6% de las víctimas que han solicitado la atención del SAVA eran mujeres y, en cuanto a la tipología de los delitos sufridos, en su mayoría fueron de lesiones (25,9%), torturas y otros delitos contra la integridad moral (20,4%), contra la libertad (20%) y contra la libertad sexual (6,7%).
PP, Ciudadanos y Vox han estrechado su alianza en el reinicio del curso político y afrontan la negociación de los Presupuestos Autonómicos de 2020 con mucha sintonía. El vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín, ha anunciado esta mañana que el acuerdo suscrito con Vox en junio, hace apenas dos meses, ya tiene un grado de “cumplimiento” del 70%.
