TRIBUNALES
Hace poco más o menos una década, José Manuel Ramírez y Pilar Otero entrevieron la posibilidad de ganar mucho dinero. Desde una casa de Rincón de la Victoria (Málaga), la pareja perfeccionó un sistema que, a través de la venta de “packs”, captaba socios a los que se les prometían pingües beneficios a cambio de “simple publicidad” y una inversión inicial: miles de personas cayeron en la tentación de hacerse ricos sin apenas mover un dedo. En realidad, la única forma de recuperar la inversión era captando nuevas víctimas e invirtiendo en una moneda virtual. Hasta que todo saltó, y todos lo perdieron todo.
En el sistema participaron hasta 21 personas con diferentes funciones, de informáticos a captadores, que involucraron a 50.000 inversores por todo el mundo. Unos 50 millones de dólares americanos se esfumaron de sus manos para acabar en cuentas bancarias de paraísos fiscales.
Esta es, a grandes rasgos, la descripción de los hechos que realizó la Fiscalía hace ahora cinco años, en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en el que solicitaba la apertura de juicio oral contra 21 acusados por presuntos delitos de estafa, organización criminal y blanqueo. Un lustro después, el caso Unetenet apura sus opciones de evitar el juicio, mientras los afectados ven cómo se ha evaporado parte del dinero con el que podrían recuperar una parte de lo invertido.
Los abogados de los dos principales acusados aseguran que están dispuestos a resarcir a los perjudicados y rebajan sustancialmente la cantidad a devolver. “Hay voluntad total de pago. José Manuel y Pilar tienen unas cantidades bloqueadas en otros países que suponen unas cincuenta veces más de lo que se debe a los perjudicados que admitimos que existen”, resume Silvia Hevia, abogada de Vox Legis, y que junto con Francisco Miranda asumió la defensa de la pareja que urdió la presunta trama.
El pasado 4 de julio, la Audiencia Nacional dio a la Fiscalía, las víctimas y los acusados un nuevo plazo para alcanzar un acuerdo. La clave pasa por recuperar lo máximo posible de una cuenta bancaria en un banco letón, y garantizar que llega a los perjudicados. Cuando saltó el escándalo, allí había 22 millones de euros, pero el dinero se ha ido esfumando en comisiones. “Una parte se transfirió a otra cuenta. Luego se envió una orden internacional para bloquearla, pero se están comiendo un 1% mensual. Ahora deben quedar unos nueve millones”, estima Damián Vázquez, un abogado malagueño que ejerce la acusación particular en representación de 301 perjudicados.
En las tres reuniones de julio, la Fiscalía se abrió a un acuerdo, siempre que los principales acusados aporten un aval que garantice que los perjudicados personados cobran lo debido. Pero los presuntos cabecillas se niegan porque creen que hay suficiente en sus cuentas bloqueadas para cobrar de ahí. “Todo se reduce a una cuestión operativa: estamos de acuerdo que aquí ha habido un perjuicio, y en pagar a los perjudicados íntegramente. Hay millones de euros bloqueados a su nombre. Y vamos a admitir que fue por estafa, aunque no estemos de acuerdo, porque fue un problema técnico”.
Sin embargo, en el aire está también la cuestión de a cuántas personas están dispuestos a resarcir. La defensa dice que quienes han acreditado la condición de perjudicados son “menos de cien”. Aunque el escrito de acusación recoge las estimaciones policiales, que hablaban de 50.000 y 50 millones de dólares, en el listado que lo acompañaba (en 2018) constan unas 280 víctimas a las que se adeudarían unos 2,3 millones. “Pero muchos ahí no han aportado nada de documentación. Queremos ser flexibles, pero mucha gente se ha prevalido de la falta de límites”, dice la abogada.
Sin aval y sin acuerdo respecto al verdadero montante del daño, se acerca la posibilidad del juicio, que se celebraría a partir de 2024 y se prevé complejo.
La falta de rastro documental puede acabar lastrando las opciones de muchos perjudicados de recuperar su dinero. “Yo hice una transferencia a un número de cuenta, pero había mucha gente que no hacía ninguna transacción: lo pagaban sin mayor registro, de persona a persona”, recuerda hoy un afectado, bajo condición de anonimato. Sobre esa cantidad se abonaban unas recompensas, a cambio de colocar anuncios en Internet. “Se trataba de promocionar Unetenet en la web. La cuenta iba aumentando si hacías esos anuncios como ellos te indicaban. 15 minutos al día: lo hacías y te ingresaban X en Unetes. E ibas acumulando”.
Lo normal, dice esta fuente, era revender ese supuesto capital y recuperar la inversión en moneda corriente. Pero él no llegó a hacerlo. “Empecé a sospechar cuando vi que dejó de funcionar. Reclamé y nadie daba solución. La persona con la que entré, que me daba confianza, me comentaba que habían desaparecido. Que todo era un engaño”.
La presunta estafa no se limitó a España. La red extendió sus tentáculos por Europa, de modo que en Italia se localiza una parte sustancial del fraude, unos 22 millones de dólares, que llega hasta América. De los 50.000 supuestos afectados, unos 6.000 son españoles. En nuestro país, muchos se localizan en Sevilla, donde Unetenet desplegó un amplio entramado de captación.
Los presuntos estafadores captaban a las víctimas a través de charlas, publicidad o el boca a boca, ofreciéndoles cuatro tipos de packs (a 60, 120, 247 o 697 dólares). Todo, acompañado de una parafernalia a la altura, con responsables de “ética”, camisetas promocionales, apelaciones al “emprendimiento”, grandes cheques entregados en directo y multitudinarios eventos difundidos en Youtube, donde queda el rastro de vídeos que anticipan “beneficios de más de 24.450 dólares mensuales”.
No se vendía ningún producto o servicio, no había nada tangible. Tan solo la promesa de ingresos futuros. Llegaron a prometer rentabilidades del 275%. La “base para conseguir los ingresos prometidos era la captación de nuevos socios”, según el fiscal, “ya que el dinero para pagar los beneficios se obtenía de las cuotas aportadas por los nuevos socios/víctimas”. Una estafa piramidal de manual.
El sistema comenzó a torcerse cuando un banco letón bloqueó una cuenta, al sospechar que servía para blanquear cantidades millonarias. Los jefes dieron entonces un golpe de timón: en abril de 2014 los beneficios pasaron a abonarse en una moneda virtual inventada por José Manuel Ramírez y Pilar Otero, la unete, que las víctimas debían vender al precio que estimaran conveniente para recuperar su inversión inicial.
Entre tanto, el dinero contante y sonante había volado a decenas de cuentas extranjeras: 32 millones en una, 14,1 millones en otra… El fiscal describe una vastísima estructura de cuentas, tarjetas, fideicomisos y pasarelas de pago que hacía desaparecer el dinero en paraísos fiscales, donde presuntamente se blanqueaba. Hay rastro del entramado de Belice a Panamá, pasando por Seychelles, San Vicente y Granadinas, Liechtenstein, Chipre o Emiratos Árabes Unidos. Los destinatarios finales eran Ramírez y Otero.
La presunta estafa fue desvelada por El País en junio de 2015: “El timo del ‘unete’, el ‘bitcoin’ de José Manuel, atrapa a 22.000 inversores”. En ese reportaje, un antiguo colaborador de Ramírez aseguraba que la trama llegó a ingresar 1,5 millones de euros al día. La Policía detuvo a una veintena de colaboradores en julio, y Otero y Ramírez se entregaron en octubre.
Tras pasar varios meses en prisión preventiva, salieron en libertad provisional tras abonar una fianza de 150.000 euros. “Pero han sufrido una pena de banquillo todos estos años”, dice su abogada, que cree que las demoras han causado “perjuicio a las dos partes”. Asegura que sus clientes, que afrontan penas de siete años y medio y de 11 años y medio de prisión (en el caso de Ramírez) están “deseando solucionar el problema y reparar el daño”. Antes hay que llegar a un acuerdo sobre qué daño causaron, cómo y cuándo repararlo.
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