La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está desarrollando una investigación sobre un presunto fraude en relación con cursos de formación para desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación y como ya adelantó VozPopuli.
Estas pesquisas por el momento están centradas en la provincia de Málaga y en ellas, de las que se ha dado ya cuenta a la Fiscalía, participa también la Seguridad Social. La investigación se encuentra en una fase muy incipiente y aún no ha llegado a ningún juzgado.
Desde la Consejería de Educación, responsable de los cursos de formación para desempleados de la Junta de Andalucía desde el pasado 31 de diciembre de 2013, confirman que se está llevando a cabo la revisión de varios expedientes relacionados con cursos de formación. De hecho, la Junta de Andalucía confirma que “en base a diligencias de investigación de la Seguridad Social y la Fiscalía de Málaga” se ha solicitado a la Delegación de Educación malagueña información sobre 17 expedientes de formación bajo sospecha correspondientes a 2010. “Se trata de un procedimiento administrativo abierto, que aún está en fase de verificación. A las empresas relacionadas se les había pedido ya documentación adicional”, aseguran fuentes del Gobierno andaluz.
De momento, y mientras la investigación se circunscriba a Málaga, la partida total para formación en la provincia de Málaga en 2010, según fuentes oficiales, fue de 5,9 millones de euros, de los que 1,5 millones de euros estarían bajo sospecha y corresponderían a los 17 expedientes investigados. Aseguran que, de momento, nadie ha solicitado información ni expedientes de otros años que no sea 2010 ni de otras provincias. Aunque fuentes policiales aseguran que se están investigando los cursos impartidos desde 2007 a 2013, cuando se habría invertido en ellos un presupuesto de unos 2000 millones de euros. Fuentes de los principales sindicatos en Andalucía aseguran que, en su caso, tampoco han recibido notificación alguna de la policía acerca de esta investigación.
En el periodo investigado, las competencias de este asunto habrían estado en manos de la Consejería de Empleo con Antonio Fernández primero (imputado por los ERE fraudulentos) y Manolo Recio después hasta 2013, en que pasaron a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo cuya cabeza entonces era José Antonio Ávila y que pasó a manos de Sánchez Maldonado con el relevo entre Griñán y Susana Díaz. A partir de este año, la responsabilidad de los cursos de formación para personas en paro es de la Consejería de Educación con Luciano Alonso.
De momento, los agentes ya han interrogado a más de 200 alumnos de cursos supuestamente fraudulentos, “pudiendo demostrar que la gran mayoría de ellos nunca participó en las formaciones o no reunía las condiciones para que los centros de formación lograran ayudas públicas”. Pero la Policía tiene previsto extender la investigación a otras provincias andaluzas en los próximos meses.
Alerta de la Cámara de Cuentas
La alerta sobre posibles irregularidades en los cursos de Formación saltó cuando la Cámara de Cuentas publicó un informe en enero de este año en el que aseguraba haber detectado “irregularidades” en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010. En su dictamen, apuntaba que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010 de las que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”. La Consejería de Economía recuerda que este informe de la Cámara de Cuentas procede de un acuerdo de Consejo de Gobierno del 2 de noviembre de 2010 por el que se solicita a este organismo la fiscalización de todas las subvenciones entre los ejercicios 2005-2010. Por ello, aclara que el dictamen “es a resultas de requerimiento” del propio Gobierno de Andalucía.