“Se trata de una apuesta clara por la privatización y, como vemos, haciendo un uso espurio de la ley si es preciso”. Así consideran desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía la información exclusiva de elDiario.es Andalucía de que en 2021 el Gobierno de Juan Manuel Moreno formalizó con el sector privado contratos a dedo y sin publicidad por valor de 300 millones de euros “sin justificación alguna”. A juicio de UGT Andaucía, “es una muestra más de lo condescendiente que es este Gobierno con la sanidad privada mientras tiene absolutamente abandonado al sistema sanitario público”.
CCOO denuncia en ese sentido “la gravedad de que un organismo de fiscalización propio de la Junta de Andalucía haya alertado de un uso ilegítimo por parte de la Consejería de Salud de una normativa que tuvo su utilidad por la situación excepcional de la pandemia”. Según fuentes de la federación, “se han traspasado fondos públicos a la sanidad privada sin haber hecho uso de los mecanismos de control que tendrían que haberse utilizado y se han restado recursos a la sanidad pública, además, sin ningún efecto, pues las listas de espera crecieron de manera desorbitada en ese período”.
“Como venimos diciendo desde CCOO desde hace años, este gobierno tiene en su hoja de ruta la paulatina depauperización de la sanidad pública. De hecho, ya lo ha avisado el presidente de la Junta de Andalucía cuando dijo hace unos días que no había más dinero para los servicios públicos”, aseguran desde el sindicato.
Por su parte, el responsable del sector sanitario de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías, lamenta a este periódico “la facilidad con la que se externalizan servicios mientras se despiden eventuales, se abandona la bolsa de contratación y se fomenta el enchufismo, se dejan engordar las listas de espera, no se desarrolla el pacto de atención primaria y carrera profesional o simplemente se abandona el dialogo social”.
En su opinión, “llevamos más de un mes desde que tomo posesión la nueva consejera y la nueva Dirección General de Personal y estamos igual o peor que antes. Como muestra, a finales de septiembre finalizan contratos miles de eventuales y todavía no sabemos qué va a pasar con ellos. Todo esto mientras vemos barbaridades como estas en las que no hay problemas para liberar dinero hacia el sector privado”.
Como ha informado este medio, la Intervención Central del SAS, en un informe definitivo “desfavorable” sobre el control de los contratos de emergencia de 2021, censura a la Junta por abusar de las adjudicaciones a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva para obras, servicios y compra de suministros a empresas ligadas al sector sanitario: 3.669 expedientes que movilizaron aquel año 296,3 millones de euros. La muestra que analizan los auditores es sobre 126 expedientes, con un presupuesto de 56,6 millones, el 19% del total.
El órgano fiscalizador reprocha a la Junta el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.
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