La sombra de la privatización sobrevuela la rentable empresa pública de ITV en Andalucía

La sombra de la privatización sobrevuela la empresa pública más rentable de la comunidad autónoma, Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), que en 2020 cumplirá 30 años de historia con una media de más de 15 millones de euros de beneficios el último lustro y hasta 20 en varios ejercicios, y una facturación de más de 100. Independientemente de que desde el Gobierno de Andalucía se haya negado con más o menos rotundidad esta intención, la plantilla ve una señal que suscita sus sospechas: cada vez hay menos trabajadores, con el consiguiente deterioro del servicio.

Si hace un par de meses, la media de espera para la ITV era de una semana, en estos momentos ronda las cinco, como apuntan desde CCOO y UGT. “Nos tememos que sea una estrategia para tener una excusa con la que privatizar un servicio que funciona bien y es ejemplo en todo el país y en la UE”, asevera Rafael Dorante, vicesecretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Andalucía.

Explica que en estos momentos, en una plantilla de unos 1.400 trabajadores, la mitad son eventuales. Se remite a “un informe de la propia dirección de la empresa que reconoce que faltan unos 200”, pero no se contratan, y “con esta plantilla no se puede atender en tiempo y forma las 70 estaciones de ITV fijas”, que hay en Andalucía, junto a 16 unidades móviles. “La situación puede ser todavía peor para los profesionales del transporte, que no pueden acceder a las áreas logísticas sin la correspondiente inspección”, remarca Rafael Dorante.

Paros desde la próxima semana

Lograron desbloquear la situación de las contrataciones a finales de año, pero ha empezado el año con el mismo problema por lo que UGT ha convocado paros de dos horas en el turno de mañana y otras tantas en el de tarde desde el próximo 29 de enero. También anuncian que irán a la huelga, si no hay un pronunciamiento claro contra la privatización del servicio.

 De hecho, con el inicio del año, el Consejo de Gobierno ha aprobado la incorporación a la Administración de Veiasa de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía la totalidad de las acciones de Veiasa, de las que era titular la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), lo que sindicatos y oposición interpretan como un paso previo a la privatización y que desde el ejecutivo defienden “en coherencia con la línea emprendida para la racionalización del sector público instrumental”.

En España conviven varios modelos

Porque en estos momentos, la ITV de Andalucía puede ser la más codiciada para las manos privadas porque es la que más estaciones gestiona de toda España, donde conviven dos modelos: el público, en una minoría de los casos ya que sólo hay otro ejemplo de total gestión directa en el Principado de Asturias, con Itvasa, y el privado, por concesiones administrativas o autorizaciones. Estas conviven con una testimonial gestión directa por personal de la administración en una decena de estaciones de Extremadura, otra en Murcia, Cantabria (solo dos líneas) y Baleares (en Ibiza y Formentera), según datos facilitados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-ITV), con 84 asociados incluidas las dos públicas: Veaisa e Itvasa.

El portavoz del Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado que no hay intención de “vender” Veiasa, pero sí ha advertido de su situación de “monopolio” que está “prohibida por la UE”, afirmación en la que lo secundó el vicepresidente, Juan Marín. Pero este argumento no se sostiene. Desde AECA-ITV han aclarado que la Directiva 2006/123/CE por la que se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y su libre circulación no incluye la ITV. 

“En sus considerandos 17 y 21 deja claro que los servicios de transporte, en el que están incluidos los de la ITV, están fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Es más, la directiva 2014/45/UE relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, en su considerando 31, deja claro que no es de aplicación la citada anteriormente para la autorización de estaciones ITV”, especifican fuentes de AECA-ITV.

Así, PP y Ciudadanos niegan la privatización pero hace dos meses rechazaron en el Parlamento de Andalucía una propuesta del PSOE para garantizar la gestión pública de este servicio.

En el resto de la UE hay ejemplos de todo tipo

En realidad, que se abra a manos privadas este mercado tampoco garantiza libre competencia porque hay varias de las comunidades autónomas donde la tarta la tiene en estos momentos un único operador, de forma que se dan tantos escenarios como en el resto de la UE. “Cada país ha establecido su propio sistema de gestión, encontrándonos las mismas situaciones que en España, es decir, donde el servicio lo presta una única empresa pública en exclusiva (caso de Irlanda del Norte), una privada en exclusiva (casos de Irlanda, Luxemburgo y Turquía), concesiones exclusivas por áreas (casos de Alemania, Bélgica y Suecia) y autorizaciones, siempre bajo una estricta supervisión de las autoridades”, resumen desde AECA-ITV.

De forma que, de los cuatro modelos posibles (gestión directa por las administraciones, concesiones administrativas, autorizaciones y empresas mixtas, con participación de capital privado y público), en España el único que no se ha ensayado todavía es este último. 

Con este panorama, y con la negociación del cuarto convenio colectivo de Veiasa bloqueado, los sindicatos UGT y CCOO han comenzado a movilizarse también por este motivo, si bien los paros del pasado mes de noviembre se desconvocaron tras la reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla). 

El secretario general de la sección sindical de CCOO en Veiasa, Fernando Fuentes, detalla que hasta el momento se hacían contrataciones de seis meses por sustitución de vacaciones y de otros tantos por puntas de carga de trabajo, “pero la Junta de Andalucía rechaza dar más autorizaciones para realizar contratos, lo que supone que la plantilla se verá reducida a la mitad”.

Más preocupación todavía entre las organizaciones agrarias, como COAG, a la que ha llegado la inquietud de los agricultores por los problemas a la hora de pasar la ITV tanto de los tractores como del resto de vehículos. Un ejemplo: el 8 de noviembre las citas estaban disponibles en Andújar (Jaén) a partir del 12 o el 13 de diciembre, y en esa misma sede hay agricultores que se van a las cinco de la mañana esperando tener un hueco para pasar la inspección sin cita previa.

Según el secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, este hecho puede paralizar el inicio de la cosecha de aceituna en algunos lugares, al no tener los vehículos agrícolas la ITV al día. “La ITV es lo suficientemente cara como para poner el personal necesario para realizar las inspecciones con tanta demora”, critica.

El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre Veiasa reconoce la situación: “De un lado, un incremento de la actividad productiva que requería un incremento de la plantilla, y de otro, unas limitaciones presupuestarias a la contratación”, lo que ha derivado en que la mitad del personal sea eventual.

Otras empresas públicas rentables en el punto de mira

Pero hay más: Veiasa está en el punto de mira igual que otras pocas empresas públicas rentables de Andalucía, aunque bastante menos, como son Cetursa y Hospital Costa del Sol, de lo que advertía ya hace unos meses la diputada del PSOE Beatriz Rubiño, quien recuerda también cómo el modelo de privatizaciones “se abrió en otras comunidades autónomas donde gobernaba el PP”.

Tampoco desde el punto de vista de los consumidores es bien acogida la posibilidad de privatización. Desde Facua señalan que “no hay ningún motivo de peso para desprenderse ni de la titularidad ni de la gestión de este servicio”. Recuerdan que el modelo vigente garantiza al consumidor la estabilidad de los precios. De hecho, el último estudio de Facua apunta que las comunidades autónomas que registran las tarifas más económicas para las inspecciones de turismos de gasolina son Andalucía, Murcia (en la única estación explotada directamente por la administración) y Extremadura (también en las de gestión directa).

Incluso hay otro detalle que conviene tener en cuenta y sobre el que ha llamado la atención la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en su estudio sobre el mercado del servicio de la ITV: Asturias, Andalucía y Galicia son las comunidades con tasas de rechazo más elevadas, es decir, donde más vehículos no superan la prueba. Eso sí, la CNMC reconoce que pese a que se “ha podido fomentar en algunos casos una cierta competencia a través de inspecciones menos severas que en monopolio, esto no hace desmerecer los beneficios de la liberalización”, pero indica que “podría ser exigible reforzar el control”.