Vox consuma su ruptura con PP y Cs en Andalucía por acoger a menores de Ceuta y deja caer la Ley del Suelo

“Es incompatible la exigencia de unas elecciones anticipadas por parte de nuestro grupo con la tramitación de esta ley. Tras las próximas elecciones podrá haber otra correlación de fuerzas para entendernos mejor”. Esta vez no era un farol. El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha anunciado este miércoles que deja caer la nueva ley del suelo del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla -Ley de Sostenibilidad Urbanística (LISTA)-, una norma que apoyaron en fase de decreto y que hace apenas tres semanas consideraban “uno de los proyectos claves” del mandato. Es el mayor golpe de los socios al Ejecutivo de PP y Ciudadanos en esta legislatura, que desbarata la estabilidad política a la que tantas veces ha aludido Moreno para descartar de plano un adelanto electoral e insistir en su empeño de agotar el mandato, en diciembre de 2022.

El partido de extrema derecha que sustenta al Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha consumado su amenaza de ruptura tras el acogimiento de 13 menores inmigrantes de Ceuta, consecuencia de la crisis humanitaria en la frontera con Marruecos hace unos días. Vox acaba de anunciar su abstención ante la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo Adelante Andalucía (Podemos-IU) para frenar la tramitación de esta norma, que consideran “el regreso al ladrillo y al urbanismo salvaje”.

El portavoz de Vox en este debate, Alejandro Hernández, ha enmarcado la decisión “en la falta de confianza” que se ha instalado entre las tres derechas, después de que el Gobierno andaluz “haya firmado ese documento infamante y antidemocrático” que “silencia” sus ideas, en relación al acuerdo entre la Junta y el Ejecutivo central para acoger a los 13 niños marroquíes. “Después de esto, es difícil culpar a Vox de endurecer el tono”, subraya Hernández.

PSOE, Adelante y los diputados no adscritos vinculados a Anticapitalistas suman 50 votos frente a los 47 de PP y Cs, evidenciando que el Gobierno de Moreno está en minoría y depende en todo momento del respaldo del partido de Santiago Abascal. Hace menos de un mes, el entonces portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, señaló esta ley como una de las claves del mandato, negociada desde el principio entre las tres derechas. “La nueva ley del suelo y la reforma fiscal valen por una legislatura”, avisó Hernández. A los pocos días sería destituido fulminantemente por la dirección nacional, y sustituido por el portavoz actual, Manuel Gavira, con el mandato de endurecer el tono contra la Junta y marcar distancias. Las circunstancias han hecho que hoy sea el propio Hernández quien ha subido a la tribuna para defender, con voz temblorosa y vacilante, justo lo contrario que hace unas semanas defendía. “En circunstancias normales no hay nada en esta ley que no se pudiera corregir vía enmiendas”, admitió Hernández, que ha vinculado la decisión con la crisis migratoria en Ceuta y el deseo de su partido de forzar el adelanto electoral.

En las últimas tres semanas han pasado cosas en España que alteran el mapa político andaluz: la victoria de la derecha en las elecciones madrileñas, que impulsan las expectativas de PP y Vox y el hundimiento de Cs, y la crisis humanitaria vivida entre Ceuta y Marruecos. Son dos asuntos que han empujado a los de Abascal a cambiar drásticamente de estrategia y acelerar el paso hacia las elecciones andaluzas, presionando a Moreno para que adelante los comicios a final de año.

El éxito de la enmienda a la totalidad de un partido de izquierdas contra una ley urbanística del bloque conservador termina con la idea de esa “Andalucía encapsulada”, a la que tanto han aludido PP y Cs para sustraerse de los terremotos políticos que han vivido sus partidos en el resto de España. En los dos años y pico de mandato, los tres socios han negociado, pactado y aprobado sin mayor problema tres Presupuestos andaluces y 27 decretos, y tienen cinco leyes en tramitación, entre ellas, una reforma fiscal que rebaja todos los impuestos autonómicos. Vox ha pinchado “la burbuja”. Los próximos días dirán si ha terminado definitivamente la legislatura de la estabilidad y comienza un segundo tiempo incierto, con un Gobierno sin mayoría incapaz de sacar adelante su agenda legislativa. De ser así, es probable que el mandato termine este año.

“Al que mejor le vendría un adelanto electoral ahora mismo es a Juanma Moreno, sólo de él depende adelantar las andaluzas, y él no quiere, porque está pensando en el interés general”, advirtió por la mañana el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, que por primera vez fue incapaz de garantizar el apoyo de sus socios a la citada ley. No es el único golpe que Vox ha dado hoy al Ejecutivo andaluz en el Parlamento. PP y Cs habían logrado el apoyo del bloque de izquierdas para la reforma exprés -y por lectura única- de la Ley de Salud Pública, con idea de dar garantía jurídica a los cierres perimetrales ordenados por la Junta tras el fin del estado de alarma. Sin el apoyo de Vox no había la unanimidad necesaria para que esta modificación saliera adelante, y ese tropiezo ha sido el primer ensayo del partido de ultraderecha en su desmarque del Gobierno andaluz.

Lo que se frena en el Parlamento es la tramitación de la futura ley de agilización e impulso de proyectos en materia urbanística, que la Junta ha dado en llamar “nueva ley andaluza del suelo”. Es una norma cuyo objetivo es “atraer inversión” y reactivar los planes urbanísticos en cientos de municipios (495) donde llevan años tramitándose -nueve años de media-, frenando el desarrollo de viviendas y otros proyectos de crecimiento. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha precisado que la futura ley derogará tres leyes y tres decretos, pero también elimina parte del articulado de otras 16 órdenes autonómicas. “Hay 235 textos normativos que conforman ese laberinto legislativo que ha complicado el desarrollo de Andalucía”, dice Carazo.

La futura ley andaluza del suelo venía a sumar y simplificar dos grandes normas autonómicas: la de urbanismo (LOUA) y la que regula la ordenación del territorio (LOTA). La primera tiene 18 años de vigencia, ha sido modificada ocho veces, y el PP siempre la ha considerado un escollo para el crecimiento económico de Andalucía. Ahora la Junta propone una norma que reduce a la mitad los plazos para tramitar proyectos, “pero sin menoscabar la participación de los agentes sociales”. También simplifica la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se reduce en un 30% su articulado, y “se incorpora la perspectiva de protección medioambiental y directrices para proteger el litoral”.