“Vox escenifica la oposición radical a la memoria y muestra su control al Gobierno de PP y Cs”

“Las leyes están para cumplirlas”. Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, participaba este sábado en la manifestación en Sevilla por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017. A su juicio, “ocurre como en otros ámbitos del Estado, que el Partido Popular, y en este caso también Ciudadanos, olvidan que las leyes están para cumplirlas”. “Más allá de la ideología de cada uno y en cada momento, la ley debe cumplirse. Si no lo hacen, están incurriendo en responsabilidades desde luego políticas y ciudadanas. Por tanto, son ellos los que tendrían que explicar por qué no cumplen la ley”.

Garzón considera que el apoyo de Vox a los partidos que conforman el gobierno de coalición en Andalucía tiene mucho que ver con ese “incumplimiento” en materia de memoria histórica. “Sin lugar a dudas”, comenta a elDiario.es Andalucía durante la movilización, porque “Vox escenifica la oposición radical a la memoria y muestra con esto su fuerza al controlar el gobierno de Ciudadanos y Partido Popular en Andalucía”. “Lo hemos visto no solo en este caso, que es evidente, sino en otros muchos. De forma pasiva, y a veces también muy activa, como en esta materia, y considero que eso es sumamente grave, no solo por lo que significa el incumplimiento de la ley sino por la falta de respeto a las víctimas”, explica.

No cree Baltasar Garzón, encargado de leer el manifiesto que puso el punto y final a la movilización que reunió a unas 5.000 personas, que la Junta vaya a cambiar su actuación en esta materia en los meses que restan de legislatura en Andalucía para desarrollar la ley, a sabiendas que, entre otras cuestiones, lleva 16 meses sin abordar el estudio de símbolos contrarios a la memoria histórica. “Me temo que no, pero deberían de hacerlo porque de esa forma demostrarían el talante democrático que predican, pero que luego en la práctica no se consolida y no se demuestra. En todo caso, para eso estamos aquí la sociedad civil, las asociaciones memorialistas, los ciudadanos y ciudadanas, para exigir ese cumplimiento”, comenta durante la marcha.

“Es un honor para mí que hayan pensado en que pueda acompañarles para la lectura del manifiesto. Y lo estoy por convencimiento, por convicción y porque creo que es necesario hacerlo, de modo que todo lo que signifique apoyar y ayudar siempre contarán conmigo”, apuntaba Garzón, cuya presencia en la manifestación no era casualidad. Mucho antes, en octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica de España, impulsada por el Ejecutivo socialista de José Luís Rodríguez Zapatero y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, el entonces juez de la Audiencia Nacional se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Inhabilitado en “un proceso arbitrario”

Garzón admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas. El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y la Sala de lo Penal, presidida por el conservador Javier Gómez Bermúdez, le dio la razón y una mayoría de magistrados estimaron que Garzón no era competente. Después vino la querella de Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acusó a Garzón de “ignorar u orillar” la Ley de Amnistía y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación con esa norma. Garzón resultó absuelto al entender una mayoría de magistrados que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó. La sentencia se conoció a finales de febrero de 2012, una semana después de su expulsión definitiva de la carrera. A finales del pasado agosto, el comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y pedía a España “una reparación efectiva”.

Este sábado, Garzón recibía el cariño de los manifestantes, apenas a unos cientos de metros de donde reposa la tumba del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, en la basílica de la Macarena, que podría ser retirada con la nueva ley que pretende aprobar el Gobierno de España. Las últimas declaraciones de la consejera de Cultura, Patricia Pozo, en quien recaen las competencias de memoria histórica en Andalucía, levantaron ampollas en el movimiento memorialista. Preguntada por los restos de Queipo dijo que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”. El exjuez considera que la presencia del militar en ese lugar “es un insulto a la memoria de las víctimas, porque alguien que tiene sobre sus espaldas los hechos tan graves de violación de los derechos humanos, como esta persona, no puede estar en un lugar sagrado para la Iglesia Católica”.

En el manifiesto se ha denunciado “cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica”. Entre las cuestiones concretas que demandan está que la Junta “no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años y medio de legislatura y tres presupuestos” en materia de exhumaciones, que en julio pasado se anunció “por enésima vez” la constitución del comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria o que no se ha dado “ninguna aprobación ni inscripción” de 36 'lugares de memoria' pendientes.