El grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía ha pedido al Gobierno autonómico información sobre cuántas solicitudes ha recibido de familias o asociaciones para la identificación y/o exhumaciones de víctimas, en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, y del coste que ha tenido el trabajo que se ha desarrollado en ese sentido. En plena negociación de los presupuestos de 2020, realizan una solicitud con la que parecen recordar al Ejecutivo andaluz el acuerdo suscrito con el PP en el que se comprometieron a sustituir la Ley de Memoria Histórica vigente, y aprobada en el Parlamento sin votos en contra, por otra nueva Ley de la Concordia.
“Se pueden dar cifras, y de hecho se han dado, de manera genérica, sin decir quiénes hacen las solicitudes, sobre todo si son particulares, por supuesto”, responden desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con competencias en materia de memoria histórica. Las fuentes no aclaran por el momento si podrían especificarle a Vox si se trata de familias o entidades las solicitantes.
Según una nota de Vox difundida por Europa Press, el diputado por Jaén Benito Morillo ha registrado una pregunta en el Parlamento en la que demanda al Ejecutivo andaluz información sobre “solicitudes de identificación y/o exhumación de víctimas”, recibidas desde la entrada en vigor de la citada ley, y cuántos procesos de exhumación se han llevado a cabo en Andalucía, así como cuántas de estas solicitudes han sido formuladas por particulares y cuántas por parte de entidades o asociaciones de diferente índole. T
La petición hecha pública por el partido se asemeja en cierto modo a su reclamación de los datos de los trabajadores de la Unidades de Valoración de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia. Primero habían pedido los nombres y apellidos de dichos trabajadores para “depurar casos ideológicos”, reconocieron entonces, cuestionando la labor de asesoramiento de estos profesionales.
Sin condena de la dictadura franquista
Sigue la intención, pues, del partido de extrema derecha, de que el Parlamento y el Gobierno andaluz asuman una narrativa en la que, como dijo este mismo lunes Espinosa de los Montero, no se condena la dictadura franquista por tratarse de “un hecho histórico”. En ese sentido, las fuentes de Cultura indican a este periódico que “no vamos a dar quiénes las piden, sobre todo si son personas o familias, porque estaríamos inclumpliendo la Ley de Protección de Datos”.
Vox denuncia ahora “la insistencia por parte de la izquierda de adoctrinar e imponer su memoria histórica y democrática” y ha considerado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática está destinada a “remover la historia y enfrentar a los españoles”. Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha aprobado ya la “formulación” del Plan Anual de Memoria Democrática para 2019, pero aún queda la literatura: cómo concretará el “marco de referencia” para las políticas públicas.
“Se hace normalmente en los balances”
“Los datos de solicitudes o actuaciones ya hechas se dan habitualmente, no hay problema. Se hace en los balances y demás. Cifras genéricas y por provincias, por ejemplo, no hay problema, porque se hace normalmente en los balances. Pero no quiénes piden actuaciones”, inciden las fuentes de la Junta.
Añade Vox en su comunicación la argumentación negacionista que ya desgranó durante la campaña y en sede parlamentaria en la que califica de “buscahuesos” a las personas que quieren recuperar los restos de sus familiares desaparecidos y depurados durante la dictadura franquista para enterrarlos dignamente. Mantienen que la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática “tiene como único fin condenar parte de la historia, criminalizando falsamente a un bando”.