Solo cuatro de los 50 imputados en el caso La Muela, una de las mayores tramas de corrupción de Aragón, se exponen a entrar en prisión
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado sentencia en el caso La Muela, una de las mayores tramas de corrupción de Aragón, y condena a siete de las nueve personas que se sentaron en el banquillo en el último juicio. Finalmente, y a expensas de que pueda ser recurrida ante el Tribunal Supremo, solo cuatro del medio centenar de imputados originalmente se exponen a entrar en prisión para cumplir sus condenas.
Son la exalcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), Antonio Fando, Julián de Miguel y Juan Ignacio Unsain, por ser los únicos que han sido condenados a penas superiores a dos años de prisión en alguno de los delitos por los que han sido declarados culpables.
Las mayores penas recaen sobre Pinilla, condenada a más de 16 años de prisión, a multas que suman un total de 8.454.540 euros, a 56 años de años inhabilitación para empleo o cargo público y a la imposibilidad, durante 13 años, de obtener subvenciones o ayudas públicas y al derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El tribunal la absuelve de un delito de tráfico de influencias y le condena por 11 delitos, 10 de ellos como autora: (continuado de cohecho, continuado de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, prevaricación, fraude a la Administración, delito continuado de fraude a la Administración, tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, y continuado de malversación de caudales públicos) y uno, contra la Hacienda Pública, como cooperadora necesaria.
Antonio Fando García, (Representante legal y socio de ENTE GESTOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA S.L. “NTA”) ha sido condenado a 6 años y 7 meses de prisión, como autor de un delito continuado de cohecho, otro de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones.
La pena para Julián de Miguel Ortega, (Administrador único de Aranade y de TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION SL y gestor de la Sociedad Urbanística de La Muela) es de dos años y un día de prisión como autor de un delito continuado de fraude a la administración. La misma pena, y por el mismo delito, es la que tiene Juan Ignacio Unsain Azpiroz, (administrador del grupo Construcciones SAGAIN).
No obstante, la duración definitiva de las penas queda pendiente de los eventuales recursos ante el Tribunal Supremo y de su fijación definitiva en el trámite de ejecución de sentencia.
En el caso de Pinilla, las normas penológicas reducen notablemente su condena nominal: los 16 años que suman las penas de los 11 delitos por los que ha sido condenada, en ningún caso le acarrearían una condena efectiva de más de nueve, en aplicación de la regla del triple de la mayor, que, en este caso, son los tres años que le han sido impuestos por cohecho.
La Operación Molinos fue objeto de un primer juicio en 2016, en el que la mayoría de los acusados cerraron pactos con la Fiscalía, que les acarrearon condenas de menos de dos años de prisión, además de multas e inhabilitaciones, por lo que ninguno de ellos ingresó en prisión para cumplir las responsabilidades penales derivadas de este asunto. El Supremo ordenó repetir el juicio para los nueve acusados que ahora han recibido sentencia.
Los tres que no entrarán en prisión son Julio de Miguel Santander y David de Miguel Santander (hijos de Julián de Miguel Ortega y socios de TUDELA INMOBILIARIA Y GESTION SL), condenados a seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública; y Fernando Barba Marcén (ex concejal de Aguas del Ayuntamiento de la Muela) condenado a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental por imprudencia. Absueltos quedan Francisco Aramburu y Alberto Lozano.
Más de un millón y medio de euros de indemnización al Ayuntamiento de La Muela
Los procesados responden también de las distintas responsabilidades civiles derivadas, por ello, la sentencia establece diferentes indemnizaciones. Pinilla deberá indemnizar al Ayuntamiento de La Muela, por gastos en comidas, por la factura de la óptica Mola y por gastos de teléfono, 2.753,17 euros; por los gastos del viaje a la República Dominicana en 16.431,63 euros, y por los del viaje a Santo Domingo, en 3.939 euros, además de las indemnizaciones que se deriven de las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por la adjudicación de la construcción de la pasarela sobre la autovia A-2.
También deberá hacer frente a una indemnización conjunta y solidaria al Consistorio –junto a Julián de Miguel Ortega e Ignacio Unsain Azpiroz– de 1.300.000 euros por la venta de dos parcelas en La Muela, y de 398.880,096 euros, (conjunta y solidariamente con Antonio Fando García y Juan Carlos Rodrigo Vela), cantidad correspondiente a la entregada por la corporacion municipal de La Muela al Instituto Aragonés del Agua en devolución de la subvención indebidamente percibida en 2008.
Por lo que a las indemnizaciones al Instituto Aragonés del Agua se refiere, María Victoria Pinilla, Antonio Fando García y Juan Carlos Rodrigo Vela, deberán indemnizar conjunta y solidariamente por los intereses devengados de los 398.880,096 euros (que les fueron concedidos de subvención).
Para la Hacienda Pública se establece en la sentencia una indemnización (solidaria junto a otros condenados) cuya suma total asciende a 498.073 euros. Estos 498.073 euros corresponden a dos conceptos: 176.219,96 euros a indemnizar, solidariamente junto a Laureano Pablo Gimeno, Antonio Gimeno Melús y Juan Antonio Embarba Laborda (condenados en la primera sentencia del caso dictada por la Audiencia Provincial el pasado 13 de septiembre de 2016), por lo defraudado en 2008 en el impuesto de sociedades de Inmuebles el Raso SL., cantidad de la que responde subsidiariamente “Inmuebles El Raso”, también condenada.
Por el segundo concepto, el delito fiscal en el IRPF cometido en 2005, debe indemnizar 321.853,14 euros, (solidariamente con Julián de Miguel Ortega también condenado). De esta segunda cantidad responden subsidiariamente las mercantiles condenadas: Tudela Inmobiliaria y Gestión, S.L. y Aragón Navarra de Gestión, S.L. (y las sucesoras de esta última por escisión de aquélla “Aragón Navarra de Gestión SLU” y “Aranade Proyectos e Inversiones S.L.U”) (ARANADE S.L.).
Por otra parte, David de Miguel Santander deberá indemnizar a la Agencia Tributaria con 349.412,50 euros y Julio de Miguel Santander con 349.888,68 euros por las cantidades que ambos defraudaron en el IRPF de 2006.
