El Gobierno de Aragón tendrá que devolver al Gobierno central 20,6 millones que recibió en el periodo de 2013 a 2015 para invertir en Teruel y que no fueron ejecutados. Una situación nueva hasta ahora porque, en los 25 años de historia del Fondo de Inversiones de Teruel, el Ejecutivo autonómico “reprogramaba” las partidas o dejaba el dinero en las arcas autonómicas gracias a que era una gestión plurianual, algo que cambió en 2012. La cifra supone en la práctica que no se ejecutaron algo más de 41 millones de euros, ya que el Ejecutivo autonómico aporta la mitad del fondo. Pero la situación, sobre todo, pone sobre la mesa algo que hasta ahora había pasado más desapercibido: que la gestión política de estas partidas hace que pierda eficacia un fondo excepcional en España, pensado para impulsar grandes iniciativas de creación de empleo, y que además muchas veces acaba siendo un parche para financiar proyectos que deberían salir de presupuestos ordinarios, según denuncian partidos en la oposición.
La pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acudía a Teruel para firmar con el presidente de Aragón, Javier Lambán, la anualidad de 2017 de este Fondo. Era un gesto, firmarlo en la capital, que otros años se ha reclamado desde la provincia. Y los dirigentes políticos resaltaban que la firma del convenio, y del protocolo de los siguientes años, aseguraba “futuro” para el plan durante los próximos cuatro años, según destacaba Sáenz. También Lambán recalcaba la “lealtad” de ambas administraciones, a pesar del distinto color político, porque a pesar de los tiras y aflojas, por fin se producía la firma. Pero a preguntas de los periodistas, ambos solo acertaron a decir que estaban trabajando en la solución sobre cómo devolver esos 20,6 millones: “Las conversaciones están bien enfocadas” dijo Lambán y aseguró que “ese problema se resolverá de manera satisfactoria”.
Una manera que para el presidente de Aragón pasaría por un pago fraccionado, porque el Ejecutivo autonómico no tiene asignada esa partida en el presupuesto y abonarlo supondría un “quebranto”, dijo, para las arcas autonómicas.
Lo que sí destacaron ambos es que el convenio de este año se ha firmado con unas condiciones distintas para evitar que en el futuro se agoten los plazos de ejecución, alargando ese tiempo hasta los dos años y con “una gestión de los fondos más sencilla” según Lambán.
El Fondo de Inversiones de Teruel nació hace 25 años como una partida específica para compensar a la provincia por quedar excluida de los Fondos de Compensación Territorial, al superar la renta per cápita que se utiliza como criterio. Conscientes de que la situación de la provincia, con apenas 130.000 habitantes, requería inversiones especiales, ambas administraciones invierten cada año, teóricamente, 60 millones de euros aportados a partes iguales.
El cambio de estos fondos es que, hasta 2012, la Administración central transfería su parte al Gobierno de Aragón que lo gestionaba de forma plurianual sin fijar plazos de ejecución. Pero el sistema cambió con el Fondo de 2013 cuando pasó a convertirse en un programa anual y desde entonces el plazo para ejecutar terminaba el mes de diciembre del año siguiente al Fondo vigente. Teniendo en cuenta que el Fondo se acaba firmando a finales de año, y después aún tenían que decidirse los proyectos, en algunos casos ni siquiera quedaba un año para poder ejecutarlos.
Así lo destaca la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), que reconoce que, aunque teóricamente haya 24 meses para ejecutar la realidad es que, entre la aprobación cada año de los presupuestos, la firma del convenio y la decisión sobre el reparto “quedan 12 meses y eso es muy poco tiempo”. Resalta no obstante que la historia del Fondo es “una historia de éxito” y por eso quiere evitar polémicas sobre el Fondo.
“Inventar la rueda” para ejecutar los proyectos
En todo caso, los partidos piden que “se estandarice y homologue el procedimiento de ejecución” explica Héctor Vicente, diputado de Podemos por Teruel, que lamenta que haya que “inventar la rueda cada vez que se ponen a ejecutar”.
El diputado de la formación morada entiende que la Administración reclame el dinero que no se haya ejecutado pero “no se puede meter sin previo aviso” en el presupuesto autonómico, porque eso obligaría a “recortes adicionales o a incumplir el déficit” por lo que considera “comprensible” que se pidan facilidades de pago. Así mismo, considera que esos 20 millones “se han gastado en lo que tocaba pero no se ha justificado bien, porque las obras se han dilatado en el tiempo y se han salido de los plazos”, y no que se hayan dedicado a otros proyectos.
En opinión de Vicente, es un problema de “coordinación” entre las instituciones y por eso cree necesario que el proceso sea “claro desde el principio” y que los plazos de ejecución “no se supediten al momento de la firma, porque si no, siempre vamos tarde”.
Como lo han hecho otros grupos en el pasado, como Izquierda Unida o Chunta Aragonesista, Podemos pide que se revisen los criterios de reparto del Fondo de Inversiones de Teruel, poco transparentes y que se utiliza en ocasiones “fraccionado para muchas cosas muy pequeñas” en lugar de en grandes proyectos, como se ha hecho en el pasado con iniciativas como Dinópolis, de tal modo que acaba sustituyendo las inversiones ordinarias.
Otros partidos como Compromiso con Aragón han llegado a llevar a los tribunales el reparto de Fondo de Inversiones de Teruel, y con motivo de la visita de la vicepresidenta, el alcalde de Utrillas (Teruel) y miembro de la formación, Joaquín Moreno, reclamaba en una carta a Soraya Sáenz de Santamaría que exista una convocatoria pública de las subvenciones, se hagan públicos los criterios empleados para la selección de los proyectos y que mejore el control de la ejecución.