Óscar Ignacio Avilez Bolívar fue cesado por carta dos años y medio después de que concluyera la comisión de servicios por la que fue trasladado de la diócesis colombiana de Girardot a la de Zaragoza. Para entonces ocupaba los cargos de promotor de Justicia del Tribunal de Primera Instancia y de capellán del hospital Provincial. Las funciones del primero son un híbrido de las del fiscal y el abogado del Estado en la justicia civil, cuya misión es defender los intereses públicos en los procesos canónicos.
Avilez había sido en los últimos años uno de los curas de la máxima confianza de Manuel Ureña, que ocupó el puesto de arzobispo desde mediados de 2005 hasta su cese fulminante a mediados de diciembre, tras el pago de una escandalosa indemnización al diácono de Épila (60.000 euros libres de impuestos tras decidir no ordenarlo sacerdote) y después de que la comisión de investigación de las Cortes de Aragón concluyera que la gestión de la CAI, tutelada por la archidiócesis tras haber sido fundada por Acción Social Católica, no había sido del todo ortodoxa. De hecho, el informe de los parlamentarios alude a la existencia de una “pauta de silencio corporativo: cualquier iniciativa de denuncia se pierde por la burocracia y por el alto nivel de jerarquía existente en los procesos”.
Retirada de la licencia pastoral
El cese, ordenado el 20 de febrero por el sucesor de Ureña, Vicente Jiménez, señala que, a partir del 6 de abril, Avilez, cuya comisión de servicios había vencido el 8 de junio de 2012, “no tiene licencias para ejercer el ministerio presbiterial”. Desde esa fecha “quedan anulados sus nombramientos” como promotor de Justicia del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia y como capellán del hospital Provincial. Accedió al primer cargo en 2011 y al segundo en 2012.
Según informa la web del arzobispado, la plaza de promotor de Justicia del Tribunal de Primera Instancia la ocupa ahora Fernando José Arregui Moreno, que era hasta hace unos meses vicario judicial (juez) adjunto.
Durante sus años en Zaragoza, Óscar Ignacio Avilez Bolívar no ha limitado sus actividades al pastoreo de almas. Se anuncia en Internet como empresario ligado a Amway, empresa de matriz estadounidense que años atrás operaba con un sistema de venta piramidal y que en Aragón saltó a la fama al patrocinar al equipo de baloncesto local en su decadente etapa de mediados de los años 90, que terminó con su desaparición.
La referencia cibercomercial del sacerdote vende productos de belleza (contorno de ojos y desmaquillante de ojos y labios), nutrición (hasta cinco complejos vitamínicos) y hogar (limpiador multiusos) y ofrece como teléfono y como email de contacto los mismos que aparecen junto a su nombre en la Guía Diocesana.
El grupo colombiano
Este cura, licenciado en Ciencias de la Educación y que ahora estudia Psicología en la UNED, fue uno de los de máxima confianza de Ureña, como prueba su designación como promotor de Justicia cuando su comisión de servicios estaba próxima a su vencimiento. Es, también, uno de los miembros destacados del colectivo de origen colombiano que se asentó en la diócesis zaragozana bajo el mandato de Ureña. Según la Guía Diocesana de 2014, tenían esa nacionalidad 29 de los 99 “sacerdotes extradiocesanos” habilitados.
Círculos eclesiásticos críticos consideran a este colectivo como un “lobby”. Destacan, entre otras circunstancias, que algunos de ellos dirigen varias de las principales parroquias de la diócesis.
Según explicaron fuentes diocesanas, Avilez regresó en algunas ocasiones a su país para seleccionar sacerdotes y futuros religiosos que ejercieran en Zaragoza. Varios obispados españoles han recurrido a la selección de futuros curas en el extranjero ante el desplome de las vocaciones locales.
Traslado de antiguos colaboradores
Ureña optó por una vía mixta, ya que combinó esa línea con el traslado de curas que conocía de anteriores destinos. Uno de ellos es Alejandro Reina, ordenado por él mismo en El Pilar tras haberlo reclamado de la parroquia murciana de Alcantarilla, a su cargo cuando fue obispo de Cartagena. Se hizo cargo de Cuarte de Huerva, además de trabajar en su secretaría personal. Otro fue Miguel Ángel Barco, que había sido su secretario en la diócesis de Alcalá de Henares y que dejó la parroquia de Épila y el arciprestazgo de La Almunia tras el escándalo desatado por la indemnización al diácono.
Ureña sigue viviendo en Zaragoza, la única diócesis en la que Roma no lo mantuvo como administrador apostólico entre la designación y la toma de posesión del nuevo titular. Él anunció que el final de sus días como arzobispo de la provincia eclesiástica aragonesa se debía a motivos de salud. Sin embargo, la celeridad con la que el Vaticano lo destituyó y sustituyó, además de otros datos conocidos más tarde cuestionan esa versión.
Con 70 años, y siendo de 75 la edad de jubilación eclesiástica, lleva medio año en espera de destino mientras Jiménez se ha hecho cargo de una diócesis en la que, desde hace años, dos facciones libran un soterrado enfrentamiento: los “progresistas” que se agrupan en torno al arzobispo emérito Elías Yanes (el mismo que inmatriculó la catedral de La Seo mientras Aragón invertía millones en ella, lo que provocó críticas de entidades como Mhuel) y a congregaciones como los Jesuítas o cristianos de base, por un lado, y, por otro, los “conservadores” que aglutinaba Ureña, entre los que se incluyen incluso curas partidarios del rito trentino.
Jiménez confirma a los vicarios
Jiménez, de edad próxima a la jubilación, no parece haber llegado a Zaragoza con aires innovadores: una de sus primeras decisiones fue confirmar en sus cargos a los vicarios episcopales.
El colectivo de curas colombianos incluye, entre otros, a Wilson Hernán Salazar Hernández, designado como capellán del hospital Miguel Servet en 2011 y que narra en Internet sus experiencias como sacerdote y como exorcista, además de criticar la falta de fe del clero.